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26 de abril de 2007 | #989

Crisis política norteamericana

Crece el movimiento por el juicio político a Bush

La Legislatura de Vermont (un estado norteamericano en la frontera con Canadá) votó una resolución reclamando el juicio político a Bush y Cheney. Además del fracaso de la guerra de Irak, los acusan de suprimir las libertades internas y de espiar ilegalmente a millones de norteamericanos.

Aunque la resolución no es vinculante, significa un fuerte pronunciamiento político: se trata de la resolución institucional de más alto grado, hasta el momento, que exige que Bush sea sometido a juicio.

El movimiento por el juicio a Bush viene creciendo. Antes de la resolución de la Legislatura, cuarenta municipios de Vermont habían votado resoluciones similares. En las legislaturas de California, Ilinois, Minnesota, Nuevo México y Washington están en discusión resoluciones semejantes. La organización “Impeach Bush” (Enjuicien a Bush) ya cuenta con 850.000 adherentes y un amplio respaldo popular: el 51% de los norteamericanos apoya el juicio político. Dentro del propio “establishment” político, el reclamo del juicio político es apoyado por personalidades como John Dean (consejero legal de Nixon), o Ramsey Clark (procurador general en la época de Johnnson). El 28 y 29, habrá una marcha al Congreso para reclamar que los demócratas enjuicien a Bush y Cheney.

Al mismo tiempo, la mayoría demócrata del Congreso reclama la renuncia de varios funcionarios del corazón de la camarilla: el ministro de Justicia Alberto Gonzales, el ex segundo del Pentágono y ahora presidente del Banco Mundial Paul Volfowitz, el asesor presidencial Karl Rove. Si Bush los deja caer, será un rehén del Congreso hasta el fin de su mandato; al contrario, si defiende a estos funcionarios, probadamente corruptos y mentirosos, las posibilidades electorales de los republicanos se derrumban.

Los demócratas coquetean con el repudio popular a la guerra (que ellos mismos impulsaron). Después de declarar que “la guerra está perdida”, votaron una ley que ata el financiamiento de las tropas con una fecha cierta para su retiro de Irak. Bush está obligado a vetarla.

Los choques entre Bush y el Congreso reproducen los enfrentamientos entre el ejecutivo y el generalato y una parte de los servicios de inteligencia (que responsabilizan a Bush por mandarlos a una guerra “que no se puede ganar”) y del “establishment” diplomático de ambos partidos (que reclaman negociar con Irán y Siria un “marco internacional” que permita el retiro de las tropas de Irak). La crisis política alcanza a todas las instituciones del Estado.

Hay también, en ciernes, una crisis política a la izquierda de los demócratas. Su ala izquierda y el movimiento contra la guerra (que orbita alrededor del partido demócrata) critican a la dirección del partido por no impulsar el juicio político a Bush en el Congreso (lo que califican como una conciliación con la camarilla).

Las noticias que llegan de Irak agravan, cada día, la crisis política.

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