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19 de diciembre de 2007 | #1022

Ecuador: Correa, represor

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, amenaza con presentar su renuncia si la Asamblea Constituyente dicta una amnistía en favor de trabajadores detenidos el 30 de noviembre por el Ejército en la localidad petrolera de Dayuma, provincia de Orellana, donde la población había protestado por la paralización de obras públicas.

Aunque las movilizaciones sólo se produjeron en Dayuma, Correa extendió el estado de excepción a toda la provincia, sometida ahora a una dictadura militar formal. El 29 de noviembre, por orden presidencial, la IV División del Ejército emitió un bando para informar que las fuerzas militares asumían “plenos poderes” en toda la región y que quedaba impuesto el toque de queda. El mismo bando prohibió cualquier manifestación, “aun con fines pacíficos” (Boletín Inredh, 7/12).

En la madrugada del 30, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 10, los soldados irrumpieron con violencia en el domicilio de varios trabajadores del lugar, los agredieron física y verbalmente y detuvieron a 25, tres de ellos menores de edad. Las personas capturadas fueron instaladas en un predio de la petrolera estatal Petroecuador, transformada así en campo de concentración.

En ese lugar, los presos fueron interrogados en ausencia de sus abogados, amenazados con violaciones y torturados. Uno de ellos, Arturo Moya Holguín, de 41 años, está internado con pronóstico reservado por las torturas recibidas. Al día de hoy, 22 detenidos siguen en manos de los militares y diversos organismos de derechos humanos manifestaron preocupación por su seguridad. Entre los detenidos está la alcaldesa de Dayuma, hasta ese momento oficialista.

En defensa de las petroleras

Dayuma es una parroquia rural del cantón y la provincia de Orellana, en la Amazonia ecuatoriana. Allí, además de Petroecuador, operan grandes pulpos petroleros como la china Andes Petroleum. Entre el medio millón de barriles producidos diariamente, viven 2.800 personas en situación de pobreza extrema. En ese lugar se registra “falta de agua para consumo, tanto humano como animal, suelos infértiles por la contaminación, enfermedades cada vez más frecuentes y graves, aire contaminado, pérdidas económicas por muerte de animales y daños a cultivos” (ídem).

Desde hace años las movilizaciones abundan. También los choques con los militares. Básicamente, los pobladores exigen al gobierno que se obligue a las grandes petroleras a financiar obras de infraestructura para mejorar las condiciones de vida y, de paso, crear fuentes de trabajo.

En 2005, después de varias movilizaciones y varias represiones, el gobierno se comprometió a ejecutar obras para proveer agua potable, electricidad y carreteras. Los trabajos nunca comenzaron y, el último 26 de noviembre, un piquete de pobladores cortó la Vía Auca, que conduce al pozo petrolero del mismo nombre, explotado por Petroecuador. Ese corte llegó a paralizar la extracción por falta de diesel, pero en ningún momento se dinamitó cosa alguna ni se atentó contra las instalaciones, como falsamente informó el Ejército y repite Correa.

Frente al piquete, Correa respondió con el estado de emergencia y el envío del Ejército. Una dictadura militar se ha instalado en Orellana por orden del gobierno “nacional y popular”.

Crisis política

La represión en Dayuma, el estado de los presos, las condiciones de vida de la población y la instauración de una dictadura militar en toda una provincia, ha generado un estado de movilización y deliberación en todo el país. Esa convulsión ha impactado de lleno en la Asamblea Constituyente, dominada por el oficialismo, donde el bloque afín al presidente de la República está a punto de romperse.

La bancada oficialista tiene 80 constituyentes sobre un total de 130, pero Correa se ha visto obligado a echar mano a un recurso extremo: amenaza renunciar si la Asamblea ordena una amnistía en favor de los presos de Dayuma, a quienes, en su programa radial de los sábados, calificó de “sediciosos”.

“Si declaran la amnistía muy bien, me voy a mi casa y que nombren a otro presidente”, dijo Correa (EFE, 9/12).

He ahí los límites insalvables e insuperables del nacionalismo burgués: sumisión ante las petroleras y palo, toque de queda y tortura para los luchadores en cuanto la movilización popular afecta los intereses de los pulpos.

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