Después de quince días de huelga general de la oposición derechista contra el gobierno de Chávez, la situación venezolana aparece empantanada.

La Casa Blanca salió a respaldar públicamente a la oposición derechista al reclamar, como ella, el adelantamiento de las elecciones, lo que no sería otra cosa que la cobertura “electoral” de un golpe de Estado. Varias cancillerías latinoamericanas respaldan el planteo de los norteamericanos y la oposición derechista, en cuya promoción jugó un papel descollante el brasileño Lula (ver aparte). Para forzar a Chávez, Estados Unidos envió a Caracas a Thomas Shannon, un funcionario de alto cargo del Departamento de Estado.

La huelga en la petrolera estatal Pdvsa continúa paralizando el abastecimiento interno de combustible y las exportaciones petroleras y hasta obligó al gobierno a importar combustible. La huelga está motorizada por la alta gerencia de la empresa, cuyo objetivo estratégico, según el historiador Samuel Moncada, es “abrir la compañía al capital extranjero (…) por medio de una privatización parcial, para lo cual Venezuela debería salir de la Opep (…) Esa estrategia es considerada muy buena para la empresa pero no para Venezuela” (O Estado de Sao Paulo, 15/12).

Las manifestaciones de la oposición van en aumento; la “toma de Caracas”, realizada el sábado 14, que reunió a 400.000 personas, no ha sido superada por las manifestaciones chavistas.

Pero ni la presión norteamericana, ni el desabastecimiento petrolero, ni las marchas opositoras lograron hacer recular a Chávez porque cuenta, hasta ahora, con el respaldo del alto mando militar. En las últimas horas, el general García Montoya, comandante del Ejército, “condenó la huelga petrolera como ‘un sabotaje contra la principal fuente de riqueza de Venezuela (…) un ataque contra la sobrevivencia del Estado que va más allá de los límites del juego democrático…” (Financial Times, 17/12). Hasta ahora disciplinadamente, las Fuerzas Armadas han cumplido las órdenes de Chávez de ocupar militarmente pozos, refinerías y barcos petroleros.

Si el apoyo del alto mando a Chávez se mantiene, el golpismo opositor se verá obligado a retroceder. Estados Unidos teme que una división de las Fuerzas Armadas lleve a una guerra civil; la posición del Ejército explicaría, según el corresponsal de Financial Times (17/12) en Caracas, el “retroceso” de la diplomacia norteamericana, que después de reclamar elecciones anticipadas, el lunes 16 “clarificó su posición” señalando que apoya “la realización de un referéndum”. Un editorialista de The New York Times (13/12) argumenta, contra el planteo de elecciones anticipadas, que “el riesgo de violencia es tan grande que Washington debería involucrarse (…) pero en vez de cargarle sólo la mano a Chávez, debemos insistir para que los oficiales se queden en sus cuarteles, la oposición respete las formas constitucionales, y para que una solución no cree un precedente desestabilizador (…) Así que, ¿por qué no esperar y removerlo (en agosto del 2003) cuando todos estén de acuerdo en que es constitucional hacerlo?”.

 

Empantanamiento

La oposición no puede derrocar a Chávez sin el concurso del Ejército, pero la militarización de la petrolera Pdvsa no le alcanza a Chávez para volver a ponerla en funcionamiento. El establecimiento del control obrero de la empresa, para que sean los propios obreros de Pdvsa los que derroten a los gerentes privatistas, escapa por completo al horizonte político de Chávez.

Tampoco las elecciones anticipadas resuelven la crisis, porque para la oposición seguiría planteado el problema de sacar efectivamente a Chávez del poder. Incluso si las elecciones se anticipan, en un país altamente polarizado y cuando Chávez cuenta con un elevado respaldo electoral entre las capas más pobres de la población, el control del proceso electoral puede definir los resultados.

La oposición reclama el adelantamiento de las elecciones, pero es precisamente allí donde radica su debilidad. La movilización de la prensa, la jerarquía eclesiástica y los gerentes de Pdvsa pueden alcanzar para derrocar a Chávez pero no para ganar una elección, y menos todavía para gobernar. La oposición derechista no ha podido reconstruir los partidos políticos tradicionales, que se hundieron con el ascenso de Chávez. Este “vacío” (Financial Times, 16/12) en el campo opositor es uno de los activos de Chávez, que puede presentarse ante el imperialismo, según definió un analista norteamericano, como “un socio muy incómodo pero estable” (El Observador, 14/12).

La polarización y el empantanamiento de la situación amenazan de manera casi inevitable con que la crisis sea resuelta en las calles, algo que temen tanto las Fuerzas Armadas como el imperialismo. El propio Chávez no ha movilizado a sus partidarios para aplastar a la oposición y ha puesto su continuidad en manos del arbitraje del alto mando de las Fuerzas Armadas y el imperialismo (y de las concesiones y acuerdos que pueda establecer con unos y otros).

Es un retrato del fracaso de cuatro años de “revolución bolivariana”.