A menos de un mes de su llegada al gobierno, el Frente Amplio comenzó las “negociaciones formales” con el Fondo Monetario. Su primera medida de gobierno fue decretar el congelamiento del gasto público corriente (en los niveles del presupuesto del último gobierno de Batlle) y reducir la inversión pública en un 10% respecto de la ejecución efectiva del último año (muy inferior a la presupuestada). Con esto pretende dar a los acreedores un “mensaje claro y fuerte”(1) de su “compromiso en la implementación de una conducta fiscal rigurosa”, que es la garantía del pago puntual de la deuda externa.

 

Como consecuencia, incluso la inversión pública será virtualmente nula; lo mismo sucederá con los aumentos de salarios y jubilaciones, esto cuando el consumo personal de carne, el principal alimento de los uruguayos, ha caído de 62 a 28 kilos anuales por persona.

 

Para cerrar el círculo, el gobierno aplicó un tarifazo del orden del 10% en la energía eléctrica y el combustible.

 

Anoop Singh

 

El centroizquierdismo oriental debutó en el gobierno bajo la batuta política del indio Anoop Singh, funcionario de alto rango del FMI, el hombre que “monitoreó” a la Argentina en los críticos días de 2002. En un seminario del que participaron funcionarios del Fondo y los futuros ministros frenteamplistas para debatir “las lecciones de la experiencia brasileña”, el indio dijo que “la estabilidad y el clima ‘de mercado’ favorable alcanzado por el gobierno de Lula se debió al nombramiento de un equipo económico ‘creíble’, al compromiso del gabinete con la política de rigor fiscal y a la generación de un ‘shock’ de confianza que, en el caso brasileño, consistió en el anuncio de un proyecto de independencia del Banco Central”.

 

Estas “lecciones”, dice Brecha, “parecen haber sido plenamente asumidas” por el gabinete frenteamplista.

 

El “equipo económico creíble” está encabezado por Danilo Astori, un hombre de antigua relación con el sector financiero. Para “reforzar” su “credibilidad”, al “equipo económico” fueron incorporados numerosos “funcionarios provenientes del Banco Central”, es decir, burócratas ligados a la banca que hicieron carrera bajo los blancos y colorados. Todo esto, dice Brecha, “subraya el componente de Finanzas de la cartera”, es decir, de simple ‘caja recaudadora’ para los acreedores internacionales.

 

El “compromiso con el rigor fiscal” está a la vista. En cuanto a la “independencia del BCU”, el FA-EP-NM anunció que asumirá el compromiso de enviar una ley antes de fin de año.

 

Brasil, un poroto

 

Como en Brasil y en Argentina, también en Uruguay el FMI exige el “desendeudamiento”.

 

Pero la deuda externa uruguaya no es cualquier deuda. “Las obligaciones con el FMI se vieron incrementadas sustancialmente por la ‘desproporcionada’ (en términos internacionales y en relación con el PBI) asistencia provista al país durante la crisis bancaria y de la deuda de 2002.” El FA-EP-NM se hace cargo de este muerto.

 

Con esta deuda “desproporcionada”, el “desendeudamiento” exigido al Uruguay será una sangría sin precedentes. La “austeridad” brasileña de Lula es un poroto.

 

El superávit fiscal del 3,8% del PBI que reclama el FMI es sólo para empezar, porque, dice Brecha, será necesario “el compromiso de un esfuerzo sostenido y mayor a partir de 2006 (cuando los vencimientos previstos con los organismos son aún mayores)”.

 

“Política”

 

Astori, dice Brecha, “reconoce que las posibilidades de imponerle al ‘resto del gobierno’ un ¿excesivo? superávit fiscal tienen sus límites”. No se trata, claro, de los ministros, sino de reclamos que ejerzan los trabajadores, e incluso la propia burguesía. ¿Cómo hacerlo? “Una parte importante de la solución -responde Brecha-, provendría del campo de la ‘política’. En efecto, ésta pasaría por la gestación de un ‘acuerdo social’ que permitiría procesar una recuperación salarial real del orden del 5% en 2005 y contendría cláusulas que ligarían futuros incrementos a los aumentos de productividad, la recaudación y/o al crecimiento de la economía.”

 

Pero un 5% por única vez no recupera, ni de lejos, la pérdida del poder adquisitivo sólo del último año. ¿Es posible una mayor estafa?

 

Entonces, contra lo que dice Anoop Singh, todo el secreto del “éxito” del centroizquierda en el gobierno no radica ni en un “equipo económico creíble”, ni en el “rigor fiscal” ni, menos, en la “independencia del BCU”. Radica en el trabajo sucio de la burocracia sindical frenteamplista y en su capacidad, o no, de aplastar los reclamos y reivindicaciones de la clase obrera uruguaya.

 

“Reformas”

 

El acuerdo con el FMI incluirá, además, “compromisos de orden ‘cualitativo’ —las consabidas ‘reformas’-”, sobre las que el gobierno del FA no ha dado mayor información. Pero en la comparencia de Astori y todo su equipo en el Parlamento, el pasado 17 de marzo, Astori comenzó señalando que “las grandes orientaciones económicas están contenidas en el acuerdo con los partidos Colorado y Nacional (Blanco) de febrero último”.

 

Privatizaciones. “Estamos convencidos de la necesidad de preparar a las empresas públicas para la competencia (…) y hemos anunciado nuestra convicción de seguir trabajando en la búsqueda de oportunidades de asociación de nuestras empresas públicas con capitales públicos o privados.”

 

El FA no tiene empacho en violar el mandato popular, pues desconoce el resultado del referéndum sobre el agua, en el cual el 66% de los uruguayos votó por la reestatización inmediata de la empresa.

 

Viva el Ciadi. “Anunciamos nuestra voluntad de ratificar el tratado de inversiones con Estados Unidos.” Este tratado protege las inversiones norteamericanas en Uruguay (principalmente bancarias) y también las uruguayas en los Estados Unidos (es decir, la fuga de capitales). El tratado reconoce al Ciadi, el “tribunal internacional” del Banco Mundial, como árbitro para la solución de los diferendos. Como sabemos los argentinos, Kirchner mismo ha denunciado que los “jueces” del Ciadi no son otros que los propios abogados de las empresas querellantes.

 

Viva la jubilación privada. “No proyectamos modificar el sistema de seguridad social, pero estamos abiertos a toda posibilidad de mejorarlo.” En otras palabras: el FA va a mantener el régimen de las Afap (jubilación privada) y a incorporarle las “mejoras” que reclaman las propias Afap y el FMI/Banco Mundial.

 

Nuevo Banco Comercial. Para evitar su quiebra, durante la crisis bancaria de 2002 el gobierno de Batlle lo estatizó y se hizo cargo de las deudas incobrables. Ahora, dice Astori, “va a volver al sector privado, tal como hemos anunciado (…) No es que vayamos a trabajar para venderlo sino que ya lo estamos haciendo”. El banco pasará “limpio” a sus nuevos dueños.

 

Política social. “En materia de política social, vamos a analizar este tema midiendo siempre sus repercusiones fiscales”, dijo Astori, “subrayando la gravedad de la situación fiscal”. Esta “gravedad” es, simplemente, un verso: en el último año, Uruguay creció un 12% y, por lo tanto, crecieron también sus ingresos fiscales. Lo que “desequilibra” la situación fiscal es el pago de los intereses de la deuda externa. La palabra oficial del FA, en consecuencia, es que la “política social” estará subordinada al pago de la deuda externa.

 

Un gobierno del FMI

 

Todo lo dicho hasta aquí tipifica al gobierno del Frente Amplio como un agente del FMI. La única “ventaja” con que cuenta el gobierno de Tabaré, respecto de los anteriores, es una autoridad política sobre el movimiento popular para intentar imponerles a los trabajadores lo que los otros no pudieron. Este es el papel que el gran capital reserva a los gobiernos de centroizquierda.

 

Hay que explicar a los obreros uruguayos que éste no es su gobierno, sino el del FMI.