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Las crisis económicas y políticas, y las convulsiones sociales que atraviesan el escenario mundial son manifestaciones inequívocas de una bancarrota del sistema social capitalista. Pasadas dos décadas de la caída de la Unión Soviética, de la restauración capitalista y de la integración masiva de China al mercado mundial, la amenaza de disolución de la Unión Europea y la crisis norteamericana han dejado planteado el destino del régimen capitalista a escala mundial incluido, especialmente, el de Estados restauracionistas. Todas las clases sociales enfrentan una crisis de poder; han caído 26 gobiernos en los últimos dos años y medio -incluyendo el derrumbe de regímenes políticos enteros- y se dieron revoluciones, en particular en el norte de Africa y en Medio Oriente (Túnez y Egipto). El giro político en Grecia ha hecho caer tres gobiernos y ha planteado la posibilidad de un gobierno de frente único de la izquierda.

Las masas trabajadoras han comenzado a irrumpir en este escenario político mundial, de un modo definitivo. El período de euforia capitalista -por demás breve- que siguió a la disolución de los ex Estados obreros está concluido desde hace tiempo. El desarrollo de la crisis en numerosos países, las luchas y rebeliones populares han puesto fin a la especulación de que la crisis mundial en curso se limitaría a un episodio económico sin alcances históricos. Las crisis de régimen político y los virajes en la situación política de conjunto dominan el escenario mundial. Se manifiesta en la amenaza de disolución de la Unión Europea, el desarrollo de la revolución árabe y la amenaza de mayores guerras en toda esa región; y en el derrumbe de los partidos patronales y en el ascenso de la izquierda en varios países de Europa. La política revolucionaria consiste en orientar este viraje hacia la lucha por el poder de la clase obrera.

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La crisis de la Unión Europea refuta la utopía reaccionaria acerca de la posibilidad de una unificación pacífica del capital financiero; en este caso, en el marco de Europa. Ni ultra-imperialismo ni Estados Unidos de Europa. El cataclismo europeo ha planteado un principio de disolución de los regímenes políticos que emergieron de la Segunda Guerra Mundial, como se manifiesta en la aparición de “gobiernos técnicos” -impuestos por la Comisión Europea y por el FMI- y en la tendencia a la disolución de regímenes estatales, como es el caso de las autonomías del Estado español. Asistimos, además, a virajes en la disposición política de las masas, con rápidos desplazamientos hacia la izquierda, como ha ocurrido en Grecia y como se desarrolla en España. El carácter sistémico de la crisis del capitalismo se manifiesta sobre todo en el ingreso de China al circuito de la bancarrota mundial. Estados Unidos -el corazón del capitalismo mundial-, sofocado por el peso de una deuda pública de 140% del PIB, por una deuda externa inconmensurable y por el derrumbe financiero de los estados de la federación, se enfrenta a un retroceso social histórico.

En oposición a la utopía reaccionaria de los Estados Unidos de Europa -consigna que hoy esgrime una parte del capital para convertir en protectorados a las naciones menos desarrolladas del viejo continente-, planteamos el rechazo a los planes de ajuste de la Comisión Europea-FMI, la ruptura con la Unión Europea y la unidad política del proletariado de Europa bajo la consigna de los Estados Socialistas de Europa, incluida Rusia.

El derrumbe de regímenes políticos ha agudizado las históricas contradicciones de Medio Oriente y ha inaugurado un período de revoluciones y de guerras civiles, que modifica en forma definitiva la cuestión palestina y el destino de la entidad sionista israelí. Africa, por otra parte, registra nuevos picos de barbarie, espoleada por la disputa de sus recursos naturales. La contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción capitalistas alcanza ahora una amplitud inédita en la historia.

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La conciencia política de la clase obrera es afectada por el desarrollo de la crisis mundial. A la izquierda revolucionaria y a las masas se les plantea la tarea de preparar el gobierno de los trabajadores, para reemplazar el poder político en desintegración de la burguesía.

América Latina no ha quedado al margen de la crisis mundial, como se puso de manifiesto en las recesiones de 2008/9; fue rescatada por créditos de emergencia de la Reserva Federal, en particular en los casos de México y de Brasil. La crisis la ha expuesto a una especulación financiera internacional sin precedentes, que los apologistas del capital han confundido con un “crecimiento” que resultaría de sus peculiaridades nacionales. Ha impuesto una mayor monoproducción y un retroceso de la seudo-industrialización. Ha producido una “apertura” unilateral mayor al mercado mundial -minerales y cereales- y un retroceso relativo, por lo tanto, del mercado interior. Las burguesías nacionales han despilfarrado las posibilidades que ofrece la crisis mundial para desenvolver las fuerzas productivas internas; al extremo que el Mercosur ha retrocedido en forma sistemática, en lugar de convertirse en un escudo protector frente a la crisis capitalista. Lejos de eso, se ha acentuado la dependencia de América Latina respecto de los Estados imperialistas, que han descargado la crisis sobre ella por medio de la devaluación monetaria -dólar- y de la emisión masiva de dólares, mediante “rescates” y tasas de interés artificiales. La saturación del mercado chino ya está provocando una caída de los precios internacionales de los minerales; la cotización del petróleo, en el marco de una recesión mundial, ha quedado condicionado a la amenaza de una guerra imperialista contra Irán; el alza persistente de las materias primas agrícolas amenaza con provocar una gigantesca crisis alimentaria mundial, con escasas ventajas para los países exportadores, que se ven afectados por un incremento de la carestía interna y una mayor desprotección de la industria. Los altos precios de las commodities han sido usados para encapsular la miseria social, con planes de asistencia, y para una acumulación parasitaria de reservas internacionales, funcionales a la especulación internacional. La asistencia social es presentada como un método de redistribución de ingresos, cuando, en realidad, consolida un ejército de desocupados crónico, sin perspectivas, que presiona, simultáneamente, a una baja de los salarios reales y provoca, por otro lado, una mayor diferenciación social en el seno de las masas populares. Los gobiernos nacionalistas se han valido de estos planes asistenciales para oponer las masas sin trabajo y regular a la clase obrera, que es presentada como “una aristocracia”, para justificar su oposición al progreso de los salarios e, incluso, para financiar esos planes sociales con impuestos a los consumos -como lo ha recomendado, hasta la náusea, el Banco Mundial. Han dejado al descubierto la faceta reaccionaria de los gobiernos “progresistas”. Estos gobiernos han evitado como la peste el camino que habría podido impulsar la industrialización de las naciones del continente: la nacionalización del comercio exterior y de la banca.

En lugar de una acumulación de recursos productivos, las naciones latinoamericanas han experimentado la mayor salida de capitales de la historia. En el caso de Venezuela -cuya actividad productiva fundamental, el petróleo, se encuentra formalmente nacionalizada-, registra una crisis de costos y de endeudamiento sin antecedentes de PDVSA, que depende cada vez más de los acuerdos de participación con los monopolios internacionales en la Cuenca del Orinoco.

Los gobiernos bolivarianos -Alba- se jactan de haber procedido a una integración sin antecentedes en la historia regional. Confunden apariencias con realidades; y el palabrerío, con la sustancia. Nada lo muestra mejor, en primer lugar, que el retroceso persistente del Mercosur, empantanado en una ¡disputa comercial!, en plena crisis mundial. El propósito principal de esta asociación -negociar, como bloque, una mayor integración al mercado mundial- ha concluido en un fracaso (apenas ha firmado un acuerdo de libre comercio ¡con Israel!). Brasil y la Argentina han incorporado a Venezuela a la asociación, pero se trata de un acuerdo vacío de contenido. La mentada integración energética que postula este acuerdo está refutada por el fracaso escandaloso del acuerdo Brasil-Venezuela para construir una refinería binacional en Pernambuco. Eso sí, Hugo Chávez deberá abrir la economía venezolana al régimen sionista. Los dos principales proyectos de integración -el gasoducto continental y el Banco del Sur- han sido archivados; ni siquiera tomó vuelo la sustitución del dólar por las monedas locales en los intercambios transfronterizos. El “socialismo del siglo XXI” se condiciona a sí mismo al unirse a una integración capitalista que no apunta a la independencia de América Latina, sino a una negociación con la Unión Europea -en pleno derrumbe- y con otros bloques. Roussef y Kirchner han sido incapaces de impedir el golpe contra Lugo, como antes había ocurrido con la Unasur con relación al derrocamiento del hondureño Zelaya. ¡Brasil y la Argentina someten a Paraguay a una explotación semicolonial!, en primer lugar por el saqueo energético al que someten a la nación guaraní y también por el monopolio comercial que ejercen sobre la exportación de soja paraguaya, en beneficio de monopolios cerealeros internacionales y nacionales con sede en San Pablo y en Rosario. Roussef y Kirchner no pueden hacer más de lo que hicieron contra el golpe a Lugo, porque protegen en sus países los mismos intereses del capital latifundiario sojero.

La manifestación más grosera del latinoamericanismo del nacionalismo pequeño burgués criollo lo constituyen la ocupación militar de Haití, por un lado, y el desconocimiento de Puerto Rico como colonia norteamericana de una nación caribeña.

Paraguay es un país oprimido por Brasil y por la Argentina, que obtienen la energía producida por Itaipú y por Yaciretá a un valor muy por debajo del precio internacional. En ese marco, la instalación en el país de la minera canadiense Río Tinto dislocaría toda la ecuación energética del Mercosur. Los intereses de la oligarquía paraguaya, por otra parte -que incluye a los hacendados “brasiguayos”-, están profundamente entrelazados con los negocios montados en el país por el agronegocio brasileño y por los grandes pulpos agrícolas imperialistas. La integración latinoamericana que propicia particularmente Brasil refracta los intereses de las grandes constructoras de obras de infraestructura, ligadas a las inversiones de capitales mineros internacionales, y en estrecha relación con el capital de maquinaria pesada de Estados Unidos (Caterpillar). La propuesta de incorporar a Ecuador -cuya moneda “bolivariana” sigue siendo el dólar de Estados Unidos- y a Bolivia al Mercosur puede resultar en tensiones aún más profundas, como lo muestran los antecedentes de la expulsión de estas empresas contratistas y el repudio popular al expansionismo brasileño en esos dos países en un pasado reciente.

La desestabilización política y la tendencia a giros bruscos en los escenarios nacionales han llevado a un reforzamiento de la presencia militar norteamericana en la región. El imperialismo negocia para implantar nuevas bases militares en el Chaco argentino y paraguayo. A esto se suma la presencia cada vez más fuerte del imperialismo yanqui en Colombia y la manutención de sus otras bases en el continente (con excepción de Manta, en Ecuador). Rechazamos el golpe de Estado y defendemos la autonomía en Paraguay frente a Brasil, a la Argentina y al imperialismo. Llamamos a una movilización independiente de las masas, especialmente del campesinado, en Paraguay y en toda América Latina, para derrotar a la oligarquía “colorada” y a sus aliados.

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En medio de esa trama de intereses, los gobiernos nacionalistas pequeñoburgueses -civiles o militares- pretenden arrogarse la representatividad de los intereses populares en oposición a los embates de la “vieja derecha” (una expresión apropiada para destacar la “nueva derecha” que se aloja en los gobiernos chavistas y lulistas). Las facciones centroizquierdistas en los países del Mercosur procuran explotar demagógicamente la “unidad bolivariana” con el fin de encubrir su propia debacle política y desviar al movimiento de masas de su tendencia a la acción independiente.

La Argentina -afectada por una seria crisis fiscal, que afecta la capacidad de arbitraje del kirchnerismo- asiste a un principio de ruptura de la clase obrera con el gobierno, en el marco de un principio de ascenso de la izquierda. Las medidas intervencionistas parciales han conducido a un dislocamiento económico, que agravó la fuga de capitales y provocó una recesión que afecta a sectores fundamentales de la clase obrera. La declinación política del kirchnerismo deberá conducir a una polarización política. La burocracia sindical enfrenta esta crisis, desacreditada y cuestionada por un nuevo activismo sindical que busca recuperar los sindicatos para una política independiente.

En la región, el gobierno de Brasil se ha puesto a la avanzada de la tentativa de descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Al anunciado nuevo ciclo de privatizaciones de puertos, de rutas y de aeropuertos -con generosos subsidios al gran capital- se agrega un completo programa antiobrero que apunta a la destrucción de la legislación laboral. La estrategia es proceder a una gigantesca confiscación de recursos para subsidiar a las empresas privadas y para mitigar la caída incontenible de la tasa de ganancia. El gobierno de Dilma-Lula y del PT -otrora abanderados de un alardeado nuevo “socialismo”, que superaría la experiencia histórica de la izquierda revolucionaria- se disponen a ser los ejecutores de una embestida contra los trabajadores brasileños. La reacción de las masas se ha convertido en el pico más alto de la movilización popular en una década de régimen petista y ha transformado el escenario político del país. Ante las huelgas nacionales de al menos 35 categorías de empleados públicos -que contaron con la participación masiva de la juventud, por fuera de las estructuras regimentadas por el gobierno-, Dilma Rousseff apeló a todos los recursos legales e ilegales para enfrentar a los huelguistas. Criminalización de las luchas, no pago de los días parados, aumento de la violencia contra los pobres, decretos inconstitucionales contra el derecho de huelga, han revelado a los ojos de las masas el carácter profundamente antiobrero y antipopular del gobierno brasileño.

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La izquierda revolucionaria y el socialismo nos encontramos, en América Latina, frente a un desafío histórico, luego de un período de retroceso dominado por el faccionalismo. La bancarrota capitalista y el agotamiento de las nuevas experiencias nacionalistas constituyen el terreno histórico potencial para una recuperación de fuerzas del movimiento revolucionario. Nuestra tarea pasa, en primer lugar, por discutir la caracterización del momento histórico presente y por desarrollar, al mismo tiempo, un frente único continental de la izquierda revolucionaria. No debemos olvidar, ni por un momento, que las masas siguen -o se encuentran- atrapadas por las experiencias o movimientos nacionalistas, que solamente podrán superar por medio de su propia experiencia; esto, siempre que la izquierda revolucionaria intervenga en esa experiencia. Esto pone de manifiesto el carácter liquidacionista de la auto-proclamación y del propagandismo testimonial. La disputa por las masas se presenta como más aguda en Venezuela, lo que cuestiona la tendencia a poner un signo igual entre el chavismo y la oposición escuálida, cuando se atribuye a ésta objetivos democráticos. Estas experiencias nacionalistas se desarrollan en condiciones infinitamente más explosivas que en el pasado. Los nacionalistas son muy conscientes del impacto demoledor de la crisis mundial en sus bases políticas. Por eso se presentan frente a ella, como antiajustistas y hasta anticapitalistas, mientras “ajustan” y pactan con el gran capital; en especial, con el minero o con las grandes contratistas. Recurren, frente a la crisis, a expropiaciones aisladas y a un intervencionismo “sui géneris”, que la burguesía tolera como medidas episódicas. Se valen de estas acciones para encubrir, desde el punto de vista ideológico, una implacable regimentación del movimiento obrero y de las organizaciones sociales, que deberían apoyar -dicen- el “proyecto nacional”. No se trata de oponer al “discurso” nacionalista el “discurso” socialista, sino de denunciar las limitaciones de la política nacionalista y la hipocresía de su “discurso”, para organizar a los sectores obreros más avanzados y, finalmente, a las masas, para disputar al nacionalismo el poder político. En este cuadro, el desarrollo de las reivindicaciones obreras y populares, atizado por la crisis mundial y por el naufragio del intervencionismo económico nacionalista, constituye una herramienta decisiva para movilizar y para organizar a las masas influenciadas por la experiencia nacionalista.

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El golpe contra el presidente Lugo deja enseñanzas crueles, porque fue derrocado por sus propios aliados políticos. La izquierda paraguaya siguió, en este aspecto, la experiencia brasileña aunque en forma muchísimo más degradada: donde el PT se coaligó con la derecha y con el PMDB; y sólo evitó el destino de Lugo a fuerza de corromper aliados en el llamado “mensalão”. Bajo las figuras populares de Lula y de Lugo se procesaron alianzas con los grandes capitales locales y con la vieja política. También recoge la experiencia chilena de la Coalición Democrática entre el PS y la Democracia Cristiana. Se trata de variantes de derecha del frente popular impulsado históricamente por el stalinismo. Lo mismo ocurre, hasta cierto punto, en el Frente Amplio de Uruguay, como lo revela el trabajo de zapa que realiza la fracción de Danilo Astori, ligada al capital financiero. El Frente Amplio de Uruguay, la forma más clásica de frente popular, ha desarrollado una experiencia contrarrevoluconaria: de un lado, una alianza con la gran burguesía nativa y con el capital financiero; del otro, mediante la militarización de las huelgas obreras, como el caso, entre otros, de los municipales de Montevideo. En plena crisis, en el caso de Chile, debido a la movilización de los estudiantes, se desarrolla una nueva tentativa frentepopulista encabezada por Bachelet; en Paraguay, el impasse del movimiento obrero y campesino se manifiesta en la atadura política a Fernando Lugo, que viene de protagonizar un fracaso político colosal y una incapacidad fabulosa para enfrentar el golpe derechista.

No se puede pasar por alto el papel reaccionario de estos frentes populares en el plano internacional. El PT fue artífice para convertir la candidatura del peruano Humala en un agente de los capitales mineros y de las constructoras brasileñas e, incluso, en Venezuela ha puesto los huevos en dos canastas, porque también asesora la candidatura de Capriles, mientras proclama el apoyo oficial a Chávez.

La perspectiva de un ascenso revolucionario en América Latina plantea en forma aguda la lucha por la expulsión de la burocracia de los sindicatos y por la independencia del movimiento obrero. La estrategia revolucionaria consiste en lo esencial en la unión de la izquierda revolucionaria con el movimiento obrero. Esto exige un trabajo incansable en los sindicatos existentes; incluso allí donde la izquierda revolucionaria ha conquistado posiciones sindicales e, incluso, ha agrupado diversos sindicatos, la consigna de frente único, dirigida a los sindicatos tradicionales, es absolutamente fundamental; por un lado, para asegurar una lucha de masas contra los gobiernos capitalistas; y por el otro, para desarrollar una experiencia común con los trabajadores organizados en esos sindicatos.

En medio de los horrores de las guerras imperialistas contra los pueblos dependientes, que tienen ya un carácter serial, el propio imperialismo impulsa procesos democrático-electorales e, incluso, justifica las guerras por esos objetivos. No se puede, sin embargo, asimilar los procesos electorales a un mismo rasero, porque en muchos países, en especial en América Latina, emergen, en parte significativa, como consecuencia de luchas de masas contra las dictaduras impuestas por el imperialismo. Los procesos electorales han sido un verdadero rompecabezas para la izquierda revolucionaria, como lo demuestra, por un lado, sus resultados insignificantes y, por el otro, las combinaciones oportunistas que se han producido para no quedar marginados en el plano electoral. Este impasse ha puesto de manifiesto el carácter estrechamente sindicalista de la izquierda revolucionaria, que concibe su construcción mediante una acumulación progresiva de fuerzas en el campo sindical. Se trata de un economismo a la latinoamericana. El trabajo socialista revolucionario, como método, debe consistir en la propaganda y en la agitación socialistas, en oposición al Estado capitalista y a sus partidos. La participación electoral no debe ser una interrupción del trabajo en los sindicatos, sino la continuación de la labor estratégica de propaganda y de agitación, y la formación de tribunos obreros y revolucionarios capaces de desarrollar el programa revolucionario, en forma pedagógica, ante los trabajadores y ante los explotados. La seudo-democracia burguesa debe ser superada, incluso en su propio terreno.

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Rechazamos la instalación de nuevas bases norteamericanas en el Chaco argentino y paraguayo, y llamamos a la ruptura de todos los acuerdos militares existentes con el imperialismo.

Frente a la crisis proponemos: ningún despido ni suspensión, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; indexación salarial y de las jubilaciones de acuerdo con la inflación.

Frente a la tentativa de regimentación de los sindicatos, por parte de los gobiernos nacionalistas, reivindicamos la libertad de negociación colectiva y la independencia de los sindicatos. Denunciamos el papel de la burocracia integrada al Estado y defendemos la lucha por la plena democracia sindical por una alternativa clasista.

Impulsamos la lucha por los derechos democráticos; en especial, en defensa del irrestricto derecho de huelga, y del derecho a la organización y expresión política independiente para los trabajadores y para la juventud.

Cese del pago de la deuda externa y de la deuda pública usuraria, con protección del derecho de los pequeños ahorristas.

Nacionalización integral de la banca, del comercio exterior y de las empresas privatizadas, sin compensación, bajo el control de los trabajadores.

Nacionalización de todas las empresas subsidiadas, apertura de los libros, reorganización financiera e industrial bajo la gestión de los trabajadores.

Reforma agraria con expropiación sin pago de los grandes terratenientes y del gran capital del agronegocio. Nacionalización de los hidrocarburos y de los yacimientos minerales, de todos los recursos naturales de América Latina, sin pago a los pulpos capitalistas. Expulsión de las camarillas capitalistas de la dirección de las empresas total o parcialmente estatales, para ponerlas bajo control y gestión obreros.

Que la crisis la paguen los capitalistas. Por la unidad socialista de América Latina y del Caribe, incluido Puerto Rico.