El lunes 7, el gobierno de Bush puso en marcha los mecanismos para la aplicación de la ley Taft-Hartley al conflicto de los portuarios. Establece una mediación federal obligatoria y fuerza a los portuarios a volver al trabajo, sin contrato, por un período de 80 días. Vencido el plazo, si no hay acuerdo sobre el nuevo contrato, el mediador federal resolverá y su fallo será inapelable. Esta ley antisindical no era aplicada desde 1978 (Jimmy Carter contra los mineros del carbón).

En realidad, el lock-out lanzado por la patronal portuaria perseguía la aplicación de esta ley para quebrar, por la vía de la intervención estatal, la resistencia de los trabajadores.

La intervención directa del gobierno de Bush contra los portuarios es un ataque a todo el movimiento sindical.