Con el argumento de la participación de un elevado número de sauditas en el atentado del 11 de septiembre, y sus eventuales conexiones con altos miembros de la familia real, el imperialismo norteamericano está ejerciendo una presión demoledora sobre el régimen de Arabia Saudita. Y esa presión está empezando a dar sus frutos.

Hace pocos días, funcionarios sauditas anunciaron la privatización de la explotación gasífera, mediante “un proceso de licitación que vería a las compañías energéticas internacionales participar en la exploración y producción de las reservas gasíferas del reino (las cuartas mayores del mundo) por primera vez desde que el sector fue nacionalizado, hace 30 años” (Financial Times, 24/7). Para tal fin se destinaron 120.000 kilómetros cuadrados en la provincia oriental; los primeros contratos fueron firmados con la anglo-holandesa Shell y la francesa Total, pero “otros proyectos seguirán” (ídem).

La “apertura” de los vastos recursos energéticos sauditas a la inversión externa era, desde hace rato, uno de los principales reclamos norteamericanos y, al mismo tiempo, uno de los factores de discusión interna