Ascenso huelguístico en los Estados Unidos

La gran huelga de la Caterpillar está en el centro de un movimiento huelguístico más general Estados Unidos.


En abril, una huelga de 75.000 camioneros (Teamters) bloqueó un intento patronal de extender la contratación de trabajadores de tiempo parcial, con salarios y beneficios inferiores. En las plantas de la General Motors en Ohio y en Louisiana, los trabajadores quebraron los intentos patronales de incrementar la producción con menos obreros. Una huelga de los trabajadores de la Navistar, afiliados a la United Auto Workers, impidió que la patronal impusiera una reducción salarial para los nuevos empleados. Los metalúrgicos de la Allegheny Ludlum lograron, después de una huelga de diez semanas, impedir que la patronal impusiera la extensión de la jornada laboral en el nuevo contrato; lo mismo obtuvieron, con apenas dos días de huelga, los ferroviarios de Long Island.


Y junto con la de Caterpillar, hay en estos momentos otras huelgas en desarrollo y en preparación, como la de las trabajadoras textiles de la Leslie Fay, un pulpo de la costura que tiene una decena de plantas en todo el país, contra los despidos, o las de los ferroviarios de la Canadian Pacific, de Minnesota.


Según los propios registros oficiales, el número de huelgas de este año es el más alto en los últimos cinco años; en comparación con 1993, el número de huelguistas se ha triplicado y el de “horas de producción perdidas” por huelgas se ha cuadruplicado. En consonancia con estas cifras, el número de afiliados a los sindicatos ha crecido por primera vez en los últimos catorce años, esto es desde el ascenso de Reagan al gobierno. La ola de huelgas no está restringida a un sindicato o a una región geográfica en particular, sino que tiene un carácter general, nacional, y marca un giro político en la situación de las masas y del país.


(La “onda expansiva” del movimiento huelguístico norteamericano se extiende, incluso, al Canadá, una economía con un elevado grado de integración con la estadounidense: allí se están registrando huelgas y movilizaciones de los trabajadores estatales de las provincias contra los intentos gubernamentales de imponer despidos, reducciones salariales y cortes de los servicios públicos).


La ola de huelgas en Estados Unidos pone en primer plano las abultadas “cuentas pendientes” que el proletariado norteamericano ha acumulado con su burguesía. El alza obrera se produce junto con los primeros síntomas de una mejora cíclica en el nivel de actividad económica, que se manifiesta en el aumento del empleo de los últimos años. Las nuevas contrataciones han impulsado a importantes sectores del proletariado a luchar para recuperar las conquistas que las patronales lograron arrebatarles en los años recientes.


En la mayoría de los casos, las huelgas no tienen reivindicaciones salariales sino que van contra la “flexibilidad laboral” y en defensa de los sindicatos. Es que desde Reagan, la burguesía norteamericana ha llevado adelante una sistemática política de “flexibilización” que ha ido más lejos que cualquiera otra en cuanto a extensión de la jornada laboral, reducción salarial, reemplazo de trabajadores efectivos por contratados y reducción de beneficios sociales y jubilatorios. Concomitantemente, la burguesía ha llevado adelante una política de ataque a los sindicatos, con el despido de afiliados, contrato de no afiliados y campañas (ilegales) contra la afiliación de sus trabajadores a los sindicatos. La actual ola de huelgas cuestiona este cuadro político de relaciones entre las patronales y los obreros al interior de las plantas.


Por eso, la cuestión de las “relaciones laborales” se está convirtiendo en una verdadera “cuestión de Estado”. Hace ya un año, Clinton designó una comisión encargada de estudiar una reforma general de la legislación laboral, que data de 1935. “Los cambios —dice The New York Times (4/6)— se presentan para frenar un clima crecientemente hostil entre las gerencias y el movimiento sindical”. Aunque las grandes empresas han rechazado toda pretensión de modificar la legislación y mantienen una férrea política “anti-sindicatos”, el responsable de esta comisión, John Dunlop, señaló que el objetivo de la nueva legislación laboral sería “lograr una nueva colaboración sindicato-empresa” (Business Week), lo que pone claramente de manifiesto la conciencia de los funcionarios del Estado sobre la necesidad de una acentuada colaboración de la burocracia sindical para enfrentar el ascenso obrero.