22/10/2020

Asesinan a activista ambiental en Honduras

El activista ambiental Joaquín Erazo fue asesinado la noche del pasado 14 de octubre en el departamento de Colón, Honduras. Según los testigos, un grupo de encapuchados ingresó abruptamente a su domicilio y lo baleó sin mediar palabras: el modus operandi que se repite en cada uno de los periodistas independientes o activistas sociales asesinados en el país. Erazo formaba parte del acampe que denunciaba la quita de terrenos y la contaminación ambiental de la empresa minera Los Pinares en el río Guapinol. Desde el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) y diversas organizaciones sociales se denunció el crimen y lo enmarcaron como otra de “las acciones de hostigamiento, persecución, criminalización y a la judicialización de los 12 defensores y líderes de Guapinol, que se encuentran encarcelados desde hace casi un año” (Resumen Latinoamericano, 15/10).

La empresa minera del clan Facussé, gracias a su amistad con el presidente Juan Orlando Hernández, consiguió que el parlamento modifique leyes de regulación ambiental y le permita desarrollarse dentro del Parque Nacional de Botaderos. Desde 2012, unas cuatro mil familias de la zona denuncian que el agua proveniente del río Guapinol está contaminada, provocando daños en su salud, y que además no fueron consultados para iniciar la actividad minera, como lo exigía la ley (Vice World News, 15/10). Ahora, los Facussé avanzarán sobre la construcción de carreteras, lo que equivale a la deforestación masiva del parque. Pero el gobierno hace caso omiso a la pulverización de los recursos naturales y sigue negociando con la empresa: también formarán parte de la construcción y administración del nuevo aeropuerto internacional. Las vastas denuncias por apropiación de tierras, represiones violentas, daño ambiental y vínculos con el narcotráfico perecen bajo un manto de impunidad.

Para peor, y según una columna del periódico The Guardian (6/10), Honduras es, en términos generales, “el país más inseguro para los activistas sociales”. Alrededor de 150 activistas ambientales fueron asesinados en la última década -entre ellos el más célebre caso de Berta Cáceres. Actualmente hay doce detenidos por la defensa del río Guapinol y cuatro líderes de la etnia garífuna desaparecidos.

El gobierno hondureño -continuidad del golpe de Estado de 2009- es un aliado del imperialismo en la región. Suscribió en enero un acuerdo para colaborar en la política anti-migratoria de Trump y acaba de recibir la visita y felicitaciones del jefe del Comando Sur, Craig Faller, por su política antidrogas, pese a que el hermano del mandatario, policías y exmilitares han sido hallados culpables del tráfico de narcóticos, tal como denuncia el abogado Fabricio Herrera (Criterio, 19/10).

Asimismo, Hernández retuvo el poder en 2017 en una elección fraudulenta. La represión contra las movilizaciones de repudio dejaron cerca de 30 muertos. Todo esto ha llevado a que en las movilizaciones contra el gobierno se denuncie la existencia de una “narcodictadura”.

El asesinato y la persecución contra activistas ambientales es una realidad cotidiana en Centroamérica, pero no ha logrado frenar la lucha contra la depredación ambiental de las grandes corporaciones capitalistas.

Justicia para Joaquín Erazo y todos los luchadores asesinados.

En esta nota