Paraguay “respira golpe de Estado en el ambiente”, dice el analista político Osvaldo Zayas (E’a, 27/10). Aunque el relevo de las cúpulas militares por parte de Fernando Lugo pareciera indicar la posibilidad de un manotazo “a la hondureña”, la oposición derechista comienza a unirse por el momento detrás de otra variante: el juicio político al presidente. Ésa es, al menos, la intención manifiesta del ex candidato del Partido Patria Querida (PPQ), Pedro Farul, y del ex golpista Lino Oviedo. Aunque de manera menos explícita, hacia ese objetivo se encamina también el Partido Liberal Radical Auténtico (PRLA), del vicepresidente Federico Franco. Esto es: la alianza que llevó a Lugo al gobierno está definitivamente rota.

Entretanto, en el agro paraguayo, recorrido por levantamientos campesinos en demanda de tierra, empieza a organizarse un comando paramilitar armado por el latifundista sojero Eduardo Avilés, quien ha distribuido correos electrónicos a los miembros de la Asociación Rural del Paraguay (ARP, la Sociedad Rural paraguaya), en los cuales propone, por ejemplo, “matar a todos los comunistas hijos de puta (…) juntar dinero para que tengamos los (fusiles) AR-15, AK-47, etc.”, con el propósito de “perseguir, agarrar y liquidar físicamente a todos los comunistas que atentan contra nuestras vidas y pertenencias” (E’a, ídem). El ex titular de la ARP, Alberto Soljancic, al comentar esos correos de Avilés, declaró: “La violencia no es buena, pero qué otra cosa podemos hacer” (Página/12, 5/11). Detrás de la crisis política paraguaya subyace la tendencia a la guerra civil agraria.

De los “brasiguayos” a todo el agro

El conflicto campesino en el Paraguay empezó a dar un salto cualitativo en diciembre del año pasado, cuando unos 200 indígenas, armados con rifles viejos, tomaron la estancia Santa Elena, en el departamento de Concepción, al norte del país, y presentaron dos demandas centrales: cese de la tala de bosques y reparto de las tierras en manos de grandes productores de soja. Lugo mandó tropas antimotines y francotiradores, que rodearon el lugar. El ministro del Interior, Rafael Filizzola, dijo entonces que se había enviado a los soldados para “defender la propiedad privada” y “proteger la integridad física de las personas”. Los campesinos se aprestaron a resistir la embestida, pero finalmente el choque armado se evitó con una difícil negociación que dio al asunto una solución precaria e inestable, que tampoco se cumplió.

Desde hace mucho, en la zona fronteriza con Brasil, se registran movilizaciones y escaramuzas entre latifundistas y policías por un lado, y campesinos por otro. En esa región proliferan las grandes estancias de sojeros brasileños, los llamados “brasiguayos”. Cuando el movimiento campesino amenazó a esos terratenientes, éstos encontraron un defensor decidido en el gobierno de Lula, quien incluso envió a Asunción varios mensajes inusualmente intimidatorios.

Además, se han producido ocupaciones de tierras en el departamento Caazapá, a 300 kilómetros de Asunción, donde los campesinos tomaron la estancia “Toro Blanco” y, según denunciaron sus propietarios, quemaron maquinarias e incendiaron galpones. Con acciones de ese tipo, el centro del conflicto ha dejado de ser la región limítrofe con Brasil para convertirse en un problema que involucra a casi todos los terratenientes que operan en el Paraguay.

La reforma que no llegó a empezar

Este jueves 13 se cumple un año de la creación por el gobierno de una Coordinadora para el Desarrollo de la Reforma Agraria, pero el organismo no ha llegado siquiera a funcionar con alguna regularidad. El objetivo de lo que el gobierno llama “reforma agraria” no es más que el intento de comprar algunos territorios para distribuirlos entre campesinos sin tierra. Ese objetivo ha fracasado, pero, además, ahora los medios de prensa descubrieron que la administración Lugo estaba por comprar tierras a precios sobrevaluados escandalosamente. Ésa es una de las razones que encuentra la derecha para promover el juicio político al presidente.
“En su año de gobierno (Lugo) no pudo avanzar en ninguna reforma profunda, ni social, ni económica, ni política. Sin embargo, hace tres semanas el enfrentamiento dejó de ser una sensación y se convirtió en guerra abierta. La razón, al menos discursiva, fue el secuestro de un ganadero rico, Fidel Zavala” (Página/12, ídem).

El 17 de octubre, Zavala fue capturado por un comando de un supuesto Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un foco de origen peor que dudoso, de no más de 20 ó 25 miembros.  
Por su parte, el vicepresidente de la ARP, Germán Ruiz Aveiro, exige una reforma agraria pero al revés: las tierras en manos de pequeños campesinos, dice, deben pasar a manos de los grandes productores para aumentar las exportaciones paraguayas.

He ahí los intereses sociales que mueven al golpismo paraguayo.

El asunto, por su propio peso, involucra a toda la región. Un conflicto de gran magnitud en el agro paraguayo podría derivar en una guerra campesina que afectaría a Bolivia, al norte argentino e incluso a Brasil, donde la concentración territorial y los ataques de los “fazendeiros” a los campesinos se vuelven intolerables. Se trata, por tanto, de organizar de inmediato una profunda movilización latinoamericana por la tierra, contra los sojeros que sumen en la miseria a las masas del campo y la ciudad, y saquean y depredan los recursos naturales de la región.