La crisis política y social que vive Bolivia se agudiza cada vez más. Por un lado, se encuentran los legítimos reclamos de las masas populares y, por el otro, el planteo oportunista de las burguesías regionales, fundamentalmente la de Santa Cruz. La zona oriental de Bolivia es una de las más ricas del país, básicamente en producción petrolera, a lo que se suma la producción de soja. La fuerte oposición al incremento del precio de los combustibles, en particular del gas oil (diesel) de la mayoría de la población, encontró también la adhesión de las cámaras patronales del transporte y, precisamente, de las productoras agrícolas. Es allí donde el Comité Pro Santa Cruz y el Comité Cívico de Santa Cruz, dominados por la burguesía, aprovechándose del fuerte reclamo en contra del “dieselazo”, comienzan una campaña por la autonomía de Santa Cruz. A esta iniciativa se suman los comités cívicos del Beni, Pando y Tarija. Sobre la base de prometer una reorganización del sistema político y en contra del centralismo de La Paz emprenden una campaña separatista. Sin embargo, las organizaciones indígenas y campesinas del oriente boliviano, pertenecientes al Bloque Oriente, resolvieron desconocer al gobernador que elijan los impulsores del Cabildo Abierto, organizado por los cívicos de Santa Cruz.

 

Está claro que el propósito de los ‘cívicos’ sólo se entiende en el marco de la disputa de los monopolios petroleros internacionales para que el congreso apruebe una ley de hidrocarburos a su entera satisfacción. Es aquí donde chocan los intereses totalmente contrapuestos de las masas empobrecidas de Bolivia con los de una clase que vino gobernando de la mano del Banco Mundial, el FMI y las transnacionales. Esta iniciativa separatista podría entonces, transformarse en un bumerang.

 

Autonomía Regional no es sinónimo de gobierno de las mayorías. La única salida es el Gobierno obrero y campesino.