CHILE

Mientras Bachelet retrocede ante las objeciones de la derecha, el movimiento docente y estudiantil vuelve a las calles por educación pública, gratuita y de calidad.

El 19 de mayo, Bachelet compareció ante el Congreso y presentó un programa que fue posteriormente desglosado en 165 iniciativas. De las mismas, 82 no tienen un plazo concreto de ejecución, entre ellas la ley de protección de glaciares, en tanto que toda una batería de iniciativas recién tienen plazo de ejecución para marzo de 2018, cuando ya finalizará el mandato de la presidenta. El debate sobre la reforma constitucional fue aplazado para 2015. Frente a las presiones de la Iglesia, el Ejecutivo ha decidido postergar los debates sobre una ley de despenalización del aborto en tres casos (violación, riesgo de vida de la madre e inviabilidad del feto) para el próximo semestre.

Los proyectos que actualmente se encuentran en debate son los de reforma tributaria y reforma educativa. Según los planes del gobierno, el aumento del impuesto a las grandes empresas del 20 al 25% y la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (un sistema que permite a los empresarios pagar impuestos solamente por las utilidades que retiran y no por sus ingresos totales) debe ser la base para financiar la reforma educativa. El proyecto de reforma tributaria despertó la crítica de los empresarios, pero contó con el apoyo de la banca, que lo ve como una manera de achicar el déficit fiscal. “Los bonos de Chile con denominación en dólares han subido 2%, por la suposición de que la eliminación de la exención impositiva (…) hará crecer la recaudación en un país que se ubica cerca del último lugar en ingresos fiscales entre los países de la Ocde”, señala Clarín (11/5).

Respuesta

La reforma educativa anunciada por Bachelet está lejos del reclamo de educación “pública, gratuita y de calidad para todos”. Se limita a relajar las condiciones de selección de alumnos en los colegios, plantear la conversión -en un plazo de tres años- de los colegios subvencionados (que abarcan al 52% de los alumnos chilenos) en entidades sin fines de lucro y un “fin del financiamiento compartido” (copago).

La respuesta a su proyecto fue la ocupación del principal colegio del país (Instituto Nacional) por sus estudiantes, seguido por otras numerosas ocupaciones. La ronda de negociaciones iniciada por el ministro Eyzaguirre culminó con la retirada de algunos grupos estudiantiles. El 10 de junio, los estudiantes -que vienen de protagonizar una marcha de 100.000 personas- se movilizaron otra vez. El Colegio de Profesores, que los acompañaba, ha convocado un paro nacional para el 25 de junio. “Hay que asegurar que no haya triangulación de dineros y que la columna vertebral de este sistema, que es el financiamiento competitivo, (sea) erradicado, porque si no es así, se corre un serio peligro de que la educación pública se debilite aún más” (The Clinic, 8/6), según su presidente Jaime Gajardo. Las demandas por condiciones de trabajo se sumarán a la jornada.

Gustavo Montenegro