Bienvenidos uruguayos: Fuera Batlle

Bajo la amenaza del colapso del Estado, que habría seguido al colapso bancario inminente, el régimen político uruguayo se rindió incondicionalmente al FMI y al Tesoro norteamericano. La “ley bancaria” que acaba de aprobar el Congreso fue dictada punto por punto por el Fondo Monetario, con la zanahoria de una “ayuda”, que por supuesto no es tal, de 1.500 millones de dólares.


La “ley bancaria” reprograma compulsivamente los depósitos a plazo fijo de la banca oficial (bancos República e Hipotecario) y liquida los “bancos gestionados”, es decir los bancos que tomó a su cargo el Estado uruguayo después de que fueran vaciados por sus accionistas controlantes mediante autopréstamos y trapisondas varias.


Los depositantes a plazo de la banca oficial tendrán congelados sus depósitos por tres años; los de los “bancos gestionados” han sido lisa y llanamente confiscados: deberán cobrar sus depósitos por vía judicial, con los activos que se recuperen de la liquidación de estos bancos, una misión imposible porque estos activos han desaparecido. Los mil millones de dólares que puso el Estado uruguayo (en gran parte provenientes del propio Banco República) para “salvar” a estos bancos “gestionados” sólo sirvieron para financiar su vaciamiento.


Con el “congelamiento” de la banca estatal y la liquidación de la “gestionada”, se ha creado un cuadro de deflación monetaria en un marco de depresión económica. Las reservas del Banco Central se encuentran por debajo de los 600 millones de dólares, cuando a comienzos de año superaban los 3.000 millones. Los bancos públicos, que representan el 70% del mercado de crédito, han sido transformados en papel pintado de un plumazo. La devaluación del cincuenta por ciento del peso, ha convertido en incobrable la cartera de créditos. Deflación y depresión tendrán como consecuencia una quiebra de la recaudación fiscal.


Se ha evitado la bancarrota del Estado al precio de la bancarrota del Estado.


Los depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro, que no han entrado en el “corralito”, irán a parar a la banca privada, que ha sido eximida de la “reprogramación”, y que los derivará al exterior, o directamente al dólar.


Contradicciones


La “reestructuración financiera” uruguaya que debuta con una masiva confiscación de los ahorristas (el 70% de los depósitos están en los bancos oficiales y “gestionados”), el despido de miles de trabajadores bancarios (no sólo en la banca “gestionada” sino también en la estatal, cuyas operaciones se reducirán significativamente) y la perspectiva de la liquidación de la banca oficial, plantean un conjunto de contradicciones tan explosivas que pueden llevar, incluso, a la desaparición del sistema bancario uruguayo en su conjunto.


Como más del 70% de los depósitos y los préstamos están en la banca oficial y “gestionada”, la “ley bancaria” reduce drásticamente la cantidad de dinero en circulación y obliga a Uruguay a vivir “al contado”, es decir, sin crédito. Los bancos han quedado limitados a atender las operaciones “corrientes”, pero no pueden otorgar ninguna financiación crediticia porque carecen de los recursos para hacerlo. Más aún, el gobierno está obligado a seguir una política monetaria restrictiva para evitar que el dólar se dispare. Con su circulante reducido al mínimo, sin crédito oficial ni privado, Uruguay deberá entrar en una depresión económica mayúscula, con quiebras en masa y desocupación creciente, que hará parecer a los cuatro últimos años de recesión como un “paraíso”. El FMI impulsa concientemente esta depresión económica, ya que otra de sus condiciones para otorgar el “préstamo salvador” es el cumplimiento a rajatablas del ajustazo fiscal establecido en la “rendición de cuentas”.


Para el Tesoro norteamericano, la reestructuración económica de Uruguay debe tener por base a los mercados de capitales del exterior y a la banca de inversión internacional, para financiar la producción para la exportación. Lamentablemente para este planteo, esos mercados de capitales se encuentran ellos mismos en declive y hasta en bancarrota. El “préstamo salvador” del FMI estará destinado a la “reestructuración financiera”, o sea a la financiación del retiro de capitales.


Pero con depresión, quiebras, desocupación creciente y rebaja salarial, ¿cómo harán los deudores para pagar los créditos bancarios? La depresión agravará la incobrabilidad de estos créditos, el 95% de los cuales fueron otorgados en dólares. Ya han comenzado a surgir agrupamientos de deudores dolarizados que reclaman la refinanciación de sus deudas. La incobrabilidad golpeará esencialmente a la banca estatal (lo que servirá como una excusa adicional para su privatización), pero también a la banca privada. La “ley bancaria”, en consecuencia, aunque parece dilatar en el tiempo la perspectiva de la quiebra del Estado, la hace más explosiva, ya que su deuda externa acaba de aumentar en 1.500 millones de dólares, o sea un 25% en 24 horas. Por una u otra vía, Uruguay va a una explosión de la deuda pública que ni remotamente el Estado, al borde de la cesación de pagos, puede afrontar. Tampoco puede esperar nuevos “salvatajes” del FMI por la sencilla razón de que también el FMI agotó su capacidad prestable.


Crisis política


Los violentísimos choques capitalistas planteados, con el hundimiento de la banca estatal, el desplazamiento y quiebra de grupos capitalistas y la masiva confiscación de la clase media, explican la espectacular crisis política desatada por la “ley bancaria”.


El Frente Amplio, después de haber sostenido durante meses la política oficial de utilizar las reservas y el presupuesto estatal para sostener a los bancos quebrados, rechazó votar la “ley bancaria” (aunque dio el quorum necesario para habilitar su tratamiento parlamentario y se guardó muy bien de llamar al pueblo a movilizarse para impedir su aprobación). El FA-EP apoyó con un “estruendoso silencio” (como lo señaló el Movimiento 26 de Marzo) la negociación con el FMI, aunque luego se dividió “civilizadamente” ante el voto de la ley, cuya aprobación no dependía de ello. Un ala encabezada por el senador Danilo Astori, declaró públicamente su apoyo a la ley del FMI; también Tabaré Vázquez impulsó el apoyo a la “ley bancaria” con la excusa de “mejorarla”.


El Partido Blanco también está dividido. La mayoría de la directiva del sindicato bancario apoya la “reestructuración” oficial, pero ahora propone una acción ultralimitada en defensa de los puestos de trabajo en la banca estatal y en los bancos “gestionados”. Es claro que en Uruguay está faltando un movimiento piquetero.


Pero el inevitable fracaso del “corralito” uruguayo plantea la caída del gobierno Batlle.