Hace más de 30 días el conjunto del sector salud (médicos, técnicos, enfermeros, trabajadores y hasta estudiantes y autoridades de las facultades universitarias de Medicina) mantiene un paro activo, con marchas y concentraciones en todos los hospitales públicos y privados, contra las reformas represivas que el gobierno del MAS introdujo en el código penal. Se trata de una reacción contra las luchas del movimiento obrero, y en particular contra el sector de la salud que, junto al magisterio, protagonizó en 2012 una huelga general por tiempo indefinido por la nivelación salarial y en contra de la ampliación de la jornada laboral. A la lucha iniciada por los trabajadores de la salud contra estas reformas represivas, comienzan sumarse más sectores del movimiento obrero.

Reformas del FMI y la farsa de la “Revolución Democrática Cultural”

Las reformas del gobierno del MAS –aprobadas vía asamblea legislativa, de mayoría oficialista–van en sintonía con las exigencias del FMI en América Latina, vinculado con la crisis capitalista que sacude al continente. Por el decreto 3085, además, el gobierno creó la Autoridad de Fiscalización para aplicarlas.

Evo Morales en menos de lo que canta un gallo aprobó la reforma al código penal centrada en la defensa del Estado Burgués, sus instituciones, su burocracia parasitaria (ministros) y la criminalización de la protesta social. Sienta las bases para una persecución política, con cárcel incluida, a los dirigentes combativos y contestatarios que se opongan al régimen actual. El artículo 293, por ejemplo, estipula que cualquier levantamiento contra un funcionario público (el reclamo de ¡Fuera el ministro…!) o el impedimento en la aplicación de decretos y leyes (contrarios a los intereses de los trabajadores) será sancionado con prisión de 1 a 3 años, incluido trabajos forzados. La protesta es caracterizada de sedición. El artículo también brinda mañosamente la posibilidad de “arrepentimiento” si el acusado “se sometieren al primer requerimiento de la autoridad pública”. En ese caso, “sólo serán sancionados los promotores, a quienes se les aplicará la mitad de la sanción prevista”. Pretende fragmentar la lucha, descabezarla de su dirección. Aquí no hubo ningún artículo “mal redactado” como plantea un sector de la oposición de derecha (que no disimula su origen de clase). Y va no solo sobre el sector salud, sino a la profesión y oficio en general.

El artículo 294 compara un “grupo armado” con un “grupo de personas” sin distinción, extendiendo un artículo diseñado bajo la dictadura de Barrientos; prohíbe que “se atribuyan los derechos del pueblo”, lo cual sería sancionado con prisión de 2 a 4 años. Introduce el elemento de “inhabilitación” contra trabajadores que participen de marchas y bloqueos (docentes, etc.) inhabilitándolos para ejercer su profesión. Despidos, represión y encarcelamiento de personas movilizadas: penalización de la protesta social. Otro artículo establece que la negligencia en salud será sancionada con reparación económica y cárcel. En manos de la patronal, es un mecanismo de despidos.

Se reconfirma: el Estado Plurinacional del MAS no es la representación de los intereses de todas las clases sociales que componen la sociedad sino de una parte minúscula de la clase burguesa dominante. El bonapartismo “indigenista” ha terminado subordinada al capital financiero internacional.

A 12 años de la llamada “Revolución Democrático Cultural”, los trabajadores no tienen derecho: el código penal, solo fue discutido entre masistas y derechistas. Contra la huelga de salud, García Linera declaro: “Las cosas están consumadas, he firmado el nuevo código, se acabó el debate, ya no hay nada que hacer, hay que aplicar el nuevo código penal”. Este es el régimen social que usurpó la insurrección de octubre del 2003.

Ahora que el gobierno entra en una clara crisis fiscal, lanza una batería de reformas prohibiendo el derecho a la protesta social, contra la acción directa de las masas.

Estamos frente a una reforma reaccionaria digna de épocas de gobiernos derechistas.

Reforma previsional reaccionaria

La reforma al código viene acompañada del intento de reforma previsional, también dictada por el FMI. Introduce, por ejemplo, la jubilación forzada para “dar paso a los jóvenes”, despidiendo a trabajadores antiguos que han pasado los 65 años. “Estamos debatiendo… quiero que sepan los jóvenes, una ley de jubilación obligatoria porque he visto algunos hermanos con 70 u 80 años se duermen en la mesa y traen a su ayudante y de su sueldito pagan”, dijo Evo Morales. (Las jubilaciones forzadas ya se aplicaron en Huanuni). El gobierno da un número de más de 150.000 personas para jubilar de manera forzosa; entre ellos, 15.000 pertenecen a educación, salud y administración.

El trabajador no quiere jubilarse porque sabe que la jubilación que recibirá será mucho más baja que el salario actual. Esto es producto del fracaso de la ley 065 de capitalización individual, que el MAS impuso a los trabajadores en acuerdo con la burocracia sindical de la COB en el 2012. También de la incapacidad del gobierno masista para desarrollar empleos y abre paso a la tercerización y precariedad de la juventud.

Como ha exigido históricamente el movimiento obrero boliviano: reclamamos una jubilación igual al 100% del salario en vigencia y un sistema previsional financiado exclusivamente por aportes de las patronales, sin descontar un peso al trabajador.

Este escenario anticipa una reforma laboral y un paquete de ajuste contra el conjunto de los trabajadores, sumándose a las reformas antiobreras de Brasil y Argentina que tienen por objetivo garantizar el pago de la deuda externa y las ganancias de los grupos monopólicos frente a la crisis en curso. La burguesía continental ha decidido desarrollar un ataque en todo el orden contra los trabajadores y jubilados. En Bolivia le cabe ese papel al gobierno “indígena” de Evo Morales. Ni el nacionalismo indígena, ni la derecha reaccionaria que trata de enancarse del creciente malhumor social, están del lado de los intereses de los trabajadores.

Frente al fracaso de 10 años de “proceso de cambio” en la industrialización del país, y un gobierno subordinado a la renta extraída de los hidrocarburos, producto de las imposiciones de las transnacionales imperialistas, sólo el proletariado puede aportar una salida progresiva y revolucionaria. Para ello, necesita estructurarse como alternativa de poder, sólo posible si mantiene una total independencia política de las dos variantes burguesas, lo que plantea la construcción de un partido revolucionario obrero.

Se abre paso una tendencia a la Huelga General

La huelga general de la salud despertó la solidaridad de amplios sectores obreros y populares. En un ampliado de la COB de Cochabamba de hoy se votó ante una gran masa obrera exigir que “la COB se ponga a la cabeza de la lucha de los médicos” considerando que “es una lucha de todos los trabajadores”, reclamando la derogación total del Código Penal massista. Se votó en forma unánime plantear “para el 2 de enero una marcha de la COB en La Paz y los demás departamentos con la perspectiva de una huelga general”.

El aparato de la burocracia sindical mantiene una relación cómplice con el gobierno de Evo Morales: no pasa de un par de declaraciones de “emergencia”. Hay que organizar estas marchas: asambleas en los centros de trabajo, agitar en puerta de fábricas. En este proceso organizar a la vanguardia para poner en pie el partido revolucionario de los trabajadores, pieza fundamental para crear una alternativa obrera y socialista.

¡Fuera la ministra de salud Ariana Campero!

¡Por un sistema de salud universal, gratuito, estatal y bajo control de los trabajadores!

¡Fuera la derecha de las luchas de los trabajadores de salud!