En la noche del martes 16, después de reunirse varias horas con el vicepresidente García Linera, el derechista prefecto de Tarija, Mario Cossío, se retiró sin haber llegado a acuerdo alguno, mientras Rubén Costas, prefecto cruceño, anunciaba que el diálogo quedaba suspendido mientras permaneciera preso su colega de Pando, Leopoldo Fernández, responsable de la masacre de campesinos en ese departamento amazónico.

Sin embargo, a última hora se anunció que las negociaciones proseguían y que habría una nueva reunión el jueves 18, aunque Fernández sigue detenido. Esas idas y venidas indican el aparente laberinto en que se encuentra la situación boliviana.

En principio, hasta la semana anterior la derecha se negaba a cualquier diálogo, aunque Evo Morales manifestaba cada día su predisposición a discutir un acuerdo. Eso cambió abruptamente y hasta Costas, que hablaba de la “tiranía indigenista”, ahora dice “nuestro presidente” cuando se refiere a Morales.

Esto es: el avasallamiento prepotente de la derecha, con sus bandas armadas que tomaban y destruían edificios públicos, y la sedición de los “cívicos” en 5 departamentos, encontró su límite preciso en el levantamiento popular que cercó Santa Cruz con bloqueos de caminos y, en esa misma ciudad, defendió exitosamente -piedras contra balas- la barriada popular Plan 3000 (véase nota en página 15), por citar sólo un par de ejemplos.

Esa resistencia popular acentuó la crisis producida en la derecha por la victoria aplastante de Morales en el referendo revocatorio y la importante votación (40 por ciento) lograda por el presidente en las fortalezas de sus enemigos, incluido su triunfo en Pando, gobernado por la derecha.

La derecha, por lo tanto, va al diálogo en contra de su voluntad y de sus intenciones iniciales, después de haber fracasado en sus intentos de romper militarmente el cerco a Santa Cruz: “El fin de semana se registraron graves enfrentamientos cuando jóvenes autonomistas intentaron romper el cerco a 51 kilómetros de Santa Cruz, levantado por seguidores del MAS, que respondieron con dinamita” (El País, 16/9). El cerco prosigue hasta hoy y esos dinamitazos forzaron a la derecha a sentarse a negociar. La dinamita y la movilización, no las invocaciones de la Unasur reunida en Chile -que sirvieron para presionar a Morales y no a los derechistas, con Lula a la cabeza.

Pero ¿se trataba de negociaciones?

Evo negocia su propia Constitución

Respaldado por la Central Obrera Boliviana (COB), que va así del sectarismo (voto en blanco, abstencionismo) a la claudicación, Morales acordó con Mario Cossío la postergación del referendo que seguramente iba a dar un respaldo contundente al texto constitucional aprobado en Oruro. Si ese acuerdo se impone, durante el próximo mes se discutirán modificaciones a la nueva Constitución, “puntualmente en lo que dice sobre la posesión de tierras, el capítulo más doloroso para agroindustriales y latifundistas de las tierras bajas orientales” (Página/12, 16/9).

Morales declaró que tiene “permiso de los movimientos sociales” para acordar esos cambios con la derecha, aunque no dio el nombre de quienes le extendieron semejante autorización. Trata de encubrir una capitulación invocando a su propia base social.

Lo que resulta claro, sin embargo, es que numerosos ‘movimientos sociales’ manifestaron su oposición al acuerdo con la derecha y a cualquier modificación constitucional. Lo hicieron la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia, cuyo presidente, Pedro Nuny, está clandestino en Santa Cruz; la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Confederación de Colonizadores de Bolivia. Todas esas organizaciones fueron redactoras de la nueva Constitución.

En el mismo sentido se manifestó el Jiliri Apu Malku (jefe o cacique) del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasullo, Elías Quelca Mamani: “No permitiremos que se mueva ni un punto ni una coma de la Constitución aprobada en Oruro. El gobierno y la Media Luna nos están raleando a las organizaciones de sus reuniones, en las que pedimos participar. Les advertimos que si tocan la nueva Constitución, van a tener problemas”.

Como se ve, Evo Morales comete el peor de los crímenes en este momento, un acto suicida: intenta dividir a la masa campesina para llegar a un acuerdo con la derecha que él mismo califica de “fascista, racista y golpista”.

El papel de Lula y la Unasur

“Ceder no es señal de debilidad y los conflictos nada resuelven. Nuestros pueblos no tienen nada que ganar con confrontaciones estériles”, le dijo Lula  a Evo Morales el 18 de julio, cuando se encontraron en Riberalta (Perfil, 14/9). He ahí el papel clave jugado en la crisis boliviana por Lula. Pero como no era Morales quien provocaba la crisis sino la derecha, pedirle que evitara el conflicto sólo significaba exigirle la capitulación ante la derecha. Esto es, no avanzar en modo alguno. Con esa idea fue Lula a la reunión de la Unasur en Santiago de Chile.

A tal punto la política de Lula consistió en presionar a Morales que, en principio, Evo rechazó el viaje a La Paz de una delegación “mediadora” de Brasil, la Argentina y Chile.
“Nunca vi al presidente tan preocupado por un tema como por éste de Bolivia”, dijo el ministro de Medio Ambiente brasileño, Carlos Minc.

Lula, por cierto, tiene motivos para preocuparse por la crisis boliviana. El parque industrial de San Pablo recibe de Bolivia buena parte del gas que consume y, no debe olvidarse, Lula actúa en representación de Petrobras antes que del Estado brasileño. De ahí que lo desvele la estabilidad política boliviana. Además, es una falacia que él pretenda actuar de mediador. Él no va a mediar, va a defender los intereses de su pulpo petrolero.
Entretanto, la movilización popular no cesa a pesar del gobierno. Al atardecer del martes 16, dos mil cooperativistas y otros tantos obreros mineros comenzaban a concentrarse en Cochabamba con el propósito de marchar hacia Santa Cruz, mientras el cerco sobre esa ciudad empieza a producir escasez de alimentos y combustibles. Y cuidado, porque “el ejército ha movilizado tropas y tanques con el fin de despejar piquetes que grupos favorables al gobierno de La Paz han armado en torno a esta ciudad y que la aíslan del país” (Clarín, 13/9). No sea que el ejército intente hacer aquello en lo que fracasaron las bandas fascistas.

La derecha en crisis retrocede; se ha visto obligada a negociar aunque uno de sus principales cabecillas está preso, pero sin abandonar en lo más mínimo la intención de poner bajo su control el régimen de la tierra en sus departamentos. La gran fortaleza potencial de esa derecha está en las vacilaciones del Palacio Quemado. Por ejemplo, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, cuya renuncia pide la COB, comparó a manifestantes pro-gubernamentales en La Paz, que pedían armas para enfrentar a la derecha, con los fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista porque, según él, unos y otros quieren la guerra.

Como quedó dicho, la crisis lleva al primer plano la cuestión de las cuestiones: la dirección política del pueblo explotado.