Con 275 casos (20 muertes) confirmados de coronavirus en el país y en un cuadro de catástrofe sanitaria sin precedentes, el gobierno golpista presidido por Jeanine Añez ha profundizado la militarización en todas las regiones de Bolivia.

El gobierno ha impuesto una cuarentena, pero no garantiza a las masas las condiciones materiales elementales para sobrellevarla (alimentos, alcohol en gel, etc.). Esto ha desatado numerosas protestas, fuertemente reprimidas.

Las autoridades han informado que el despliegue de las Fuerzas Armadas efectuado en el país para garantizar el cumplimiento del aislamiento obligatorio implica la presencia de unos casi 48.000 militares en las calles. El comandante en jefe de las FFAA, Sergio Orellana, confirmó que desde el comienzo de la cuarentena se han detenido a 9.917 personas y retenido miles de vehículos, incluidas embarcaciones (Télam 11/4). 

“Desde este martes toda la ciudad de Santa Cruz estará militarizada”, anunció el ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo (Infobae 10/4). Esta militarización se inscribe en el marco de una profunda miseria social y de una tendencia creciente a protestas y cacerolazos que ya se han desarrollado en distintas barriadas. Santa Cruz, ciudad en la que hubo numerosas acciones de lucha contra el golpismo, ha protagonizado en esta etapa movilizaciones que fueron duramente reprimidas por la Policía Boliviana. Las mismas situaciones se han replicado en ciudades como El Alto, Beni, Riberalta y Cochabamba.

El artículo 7 del decreto firmado por el gobierno golpista a raíz de la propagación del virus determina que “personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujetos de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”. Estos “delitos” pueden devenir en hasta 10 años de prisión (El País 7/4). Bajo estas premisas, se configura una atmósfera represiva que atenta contra la libertad de expresión, y que ya se ha reflejado, por ejemplo, en la encarcelación de 4 personas que protagonizaron movilizaciones contra el hambre en la ciudad de Riberalta. 

Otro episodio de la crisis social y sanitaria se ha dado con los motines carcelarios en repudio de las condiciones de hacinamiento y por mejor atención médica. “Estudios del Defensor del Pueblo indican que las cárceles del país están sobrepobladas en un 290%; es decir que hay casi tres reos en un espacio para uno. En 61 cárceles conviven 18.000 presos, un 83% no tiene sentencia” (Infobae 11/4). El gobierno ha procedido a indultar presos mayores de 58 años para evitar que la situación se desmadre aún más.

Sumado a la mayor presencia militar, en la ciudad de La Paz, el Comité de Emergencia y el ministro de Justicia golpista, Álvaro Coimbra, han aprobado el uso de tobilleras y pulseras eléctricas para tutelar los movimientos de las personas contagiadas y de las posibles infectadas (Infobae 10/4). La intención del gobierno es extender esta medida a nivel nacional.

Desde el gobierno se está barajando la posibilidad de extender la cuarentena total, pero sin garantizar las necesidades sociales de amplias masas trabajadoras. Esta medida sanitaria está tratando de ser instrumentada para reforzar la regimentación popular en un cuadro que es un verdadero caldo de cultivo de estallidos sociales.

Nuevo ministro de salud

La designación de Marcelo Navajas a la cabeza del ministerio de Salud abre un curso privatizador en el sistema de salud boliviano. Por otro lado, como viceministro subiría Luis Larrea, conocido por haberse opuesto a la contratación de personal médico para los hospitales públicos de La Paz. La carta enviada al Poder Ejecutivo por el ex ministro Aníbal Cruz declara que su renuncia al cargo se debe a “motivos personales”, aunque varios portales periodísticos hablan de choques profundos con el gobierno. Navajas es dueño de 3 clínicas privadas de la Ciudad de La Paz, se desempeñó como médico de la embajada norteamericana en la misma región, y su padre fue ministro de salud durante la dictadura de Hugo Banzer. Según la prensa, la persona que recomendó la elección de este elemento al frente del ministerio de salud fue Erick Foronda, secretario privado de Jeanine Añez y ex encargado de prensa de la embajada de Estados Unidos en La Paz, autodenominado “agente de la CIA”. Este nombramiento viene a trazar lazos más fuertes con el imperialismo yanqui, principal promotor de la reacción fascista en Bolivia.

¡Abajo la represión!

La colosal crisis sanitaria ha pavimentado el camino para que el gobierno intensifique su política represiva ante la incapacidad de dar respuestas a las necesidades del conjunto de la población. Con un sistema de salud en ruinas, la única salida de Añez es impedir que surja cualquier tipo de impulso movilizador por parte del movimiento obrero. La Central Obrera Boliviana (COB) está íntegramente adaptada al gobierno y no tiene como horizonte organizar a los explotados en defensa de sus condiciones de vida, se ha limitado hasta el momento a sacar un comunicado.

Evo Morales y la dirección del MAS han acordado la postergación de las elecciones dispuestas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debido a la pandemia, pero sosteniendo un pacto implícito de ‘unidad nacional’ con el gobierno golpista de Añez. Esto plantea un dique a los intentos de coordinar una acción nacional para frenar la ofensiva gubernamental. La tentativa de Evo Morales de entrampar a las masas en la esfera electoral es una idea reaccionaria que pretende socavar todas las reservas de lucha que tienen los trabajadores para derrotar a Añez en el terreno de la lucha de clases.

En oposición a la política conciliadora de la COB, es necesaria la convocatoria a un congreso de bases de los trabajadores que edifique una agenda de lucha para reclamar por las libertades democráticas y la liberación de todos los presos políticos y opositores que se manifestaron en contra de las políticas de austeridad del gobierno. La prohibición de despidos y suspensiones, la restricción de todas las actividades económicas no esenciales y el acceso a un subsidio equivalente a la canasta básica familiar es vital para poder garantizar la cuarentena. Es imprescindible la lucha por la centralización de todo el sistema de salud bajo control de los trabajadores y el aumento del presupuesto correspondiente para hacer frente al virus. El reclamo de Fuera Añez mantiene su vigencia.