El programa nacionalista

 

El decreto de nacionalización declaraba que su objetivo era "recuperar la propiedad, la posesión y el control absoluto de de los hidrocarburos, incluida su industrialización", a través de YPFB. Para que el Estado boliviano lograra la mayoría accionaria en las empresas mixtas, que se establecerían entre YPFB y cada una de las petroleras, el gobierno decretó la transferencia gratuita a YPFB de las acciones de las petroleras (Chaco, Andina y Transredes) en poder de las AFP (fondos de jubilación privada), con lo cual estaba aún lejos de conseguir la mayoría.

 

Soliz Rada, entonces ministro de Hidrocarburos, propuso expropiar las acciones que le permitieran a YPFB "controlar el 50% más uno de los paquetes accionarios de las citadas compañías, así como de las refinerías de Petrobras y de las plantas de almacenaje y ductos del CLHB" (La Prensa, 6/12/06). Para ello preveía un mecanismo de indemnización. El pago se realizaría con los fondos de una cuenta especial, a abrirse en el Banco Central, a la que irían las multas e indemnizaciones por "los delitos de contrabando, evasión impositiva y estafa agravada" que hubieran cometido estas empresas. Por esta vía, dice, "YPFB hubiera tomado el control inmediato de todas ellas sin desembolso alguno" (ídem).

 

El programa nacionalista reivindica la indemnización de los pulpos, pero en su versión más radical los penaliza fuertemente.

 

Pero este planteo fue rechazado por el gobierno; la consecuencia es que hoy YPFB no cuenta con la mayoría de las acciones en las empresas mixtas.

 

Reservas

 

Según el decreto de nacionalización, las reservas hidrocarburíferas (cuyo valor asciende a los 200.000 millones de dólares) pertenecen al Estado boliviano. Los contratos renegociados indican otra cosa.

 

Soliz Rada y el Cedla (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario) coinciden en denunicar que, bajo la rúbrica de “contratos de servicios” (establecidos en el decreto), lo que se ha firmado efectivamente es otro tipo de contratos (de operación, de asociación y de producción compartida), que reconocen a los pulpos los derechos sobre los hidrocarburos que tenían en los contratos firmados bajo Sánchez de Losada.

 

Los contratos renegociados reconocen a los pulpos áreas exclusivas de operación, derechos de exploración y explotación exclusivos (por un plazo de 30 años), y les permite asumir el riesgo geológico y de mercado (y consecuentemente, las rentas provenientes de la explotación petrolera). Estas atribuciones transforman a los nuevos contratos en “contratos de producción compartida”… similares a los vigentes bajo el antiguo régimen. Con ese argumento, Petrobras informó que “continúa con la propiedad de sus actuales activos” e inscribió en sus balances el valor de las reservas que explota. Lo mismo harán las demás.

 

El ex ministro Soliz Rada “exigió al Congreso que prohíba en los nuevos contratos, de forma explícita, que las compañías anoten las reservas en las bolsas de valores” (Econoticias, 27/12/06). El reclamo, sin embargo, fue rechazado por el Congreso dominado por el MAS (lo que convalida la inscripción de las reservas por parte de Petrobras). Con esto, denuncia Soliz Rada, "la nacionalización habrá quedado completamente desvirtuada" (La Prensa, ídem).

 

Inversiones

 

Así, según los contratos renegociados, la exploración ha quedado en manos de los pulpos. YPFB podrá asociarse a la explotación luego de la declaración de que un yacimiento es “comercializable”. “Para asociarse, dice el contrato tipo, YPFB reembolsará al titular un porcentaje de los costos directos de exploración…” (las inversiones realizadas por las petroleras para poner el yacimiento en operaciones). La participación de YPFB está subordinada a la recuperación de esas inversiones por parte de los pulpos: el contrato firmado con la Chaco, por ejemplo, establece que YPFB no recibirá participaciones adicionales en los próximos cuatro años a fin de que la empresa recupere la totalidad de las supuestas inversiones. Esto ya lo habíamos advertido en Prensa Obrera hace tres meses (Prensa Obrera N° 971, 9/11/06).

 

¿Quién determina el monto de las inversiones que supuestamente se han realizado? Los propios pulpos. Soliz Rada denuncia que en la renegociación de los contratos, se utilizaron las cifras de inversiones y amortizaciones proporcionadas por las propias empresas para establecer "las fórmulas de participación de YPFB y las petroleras" (y no las de la auditoria oficial). De este modo, dice, "los pulpos han conseguido que se les reconozcan las delirantes inversiones que dicen haber efectuado y las esmirriadas amortizaciones que dicen haber obtenido en el país" (La Prensa, 6/12/06). La divergencia entre las inversiones declaradas por los pulpos y las efectivamente realizadas es abismal: más de 2.700 millones de dólares. La "nacionalización", por lo tanto, se realizó para la caja de los pulpos.

 

En consecuencia, el precio que deberá pagar YPFB por las acciones que le permitan tener la mayoría estará determinado por esas inversiones infladas. La compra de esas acciones por parte del Estado significará una capitalización para los pulpos y un vaciamiento de las finanzas públicas.

 

Arbitraje

 

Los pulpos han obtenido, además, una garantía adicional: los nuevos contratos establecen que, en caso de litigio, el arbitraje se realizará en La Paz… pero con la legislación de la Cámara de Comercio Internacional (París). Para reforzar la “seguridad jurídica”, el Tribunal Constitucional de Bolivia declaró el pasado 10 de mayo “la constitucionalidad de las leyes ratificatorias de Convenios y Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones que Bolivia firmó con Argentina, Francia, Reino Unido, España y Estados Unidos” (Econoticias, 27/12/06).

 

"Nacionalización a la gallega"

 

En resumen, los nuevos contratos re-establecen, bajo las nuevas condiciones políticas, la posición que las petroleras habían obtenido con Sánchez de Losada. Los pulpos mantienen áreas exclusivas de exploración y operación por un período prolongado; pueden inscribir las reservas en sus balances; obtienen el reconocimiento de las inversiones que dicen haber realizado; YPFB está asociada en forma minoritaria en los yacimientos en explotación. En otras palabras, la propiedad efectiva, la posesión y el control de los hidrocarburos continúan en manos de los pulpos. La única diferencia radica en la mayor carga tributaria que las petroleras han aceptado pagar al Estado boliviano.

 

Todo esto confirma, como caracterizó Prensa Obrera, que "el gobierno del MAS no ha nacionalizado absolutamente nada, sino que ha aceptado un compromiso propuesto por los pulpos petroleros, que hace las veces de una 'nacionalización'. El imperialismo sacó a Evo Morales de la encrucijada mortal de elegir entre la expropiación efectiva de los monopolios, que el MAS de ningún modo quería, y el mantenimiento de la situación prevaleciente, que hubiera llevado, alternativamente, a un estallido popular o a la caída del gobierno" (Prensa Obrera, 21/12/06).

 

Como dijimos antes de su asunción, Morales "no tiene condiciones para imponer su programa a enemigos tan poderosos, cuando su preocupación fundamental es, al mismo tiempo, desmantelar las tendencias revolucionarias de las masas (…) Morales deberá abandonar ese programa —y cualquier intención de 'refundar' Bolivia— ante los ojos de millones de trabajadores, obreros y campesinos que han depositado en él sus aspiraciones y expectativas" (El Obrero Internacional, enero de 2006).