Una asamblea convocada de urgencia por el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni (SMTMH) forzó la renuncia de los tres principales dirigentes -Colque Villarpando, secretario general; Víctor Escobar, secretario de Relaciones, y Edwin Quispe, secretario de Hacienda- y convocó a elecciones anticipadas para cubrir esos cargos para el próximo 11 de octubre. La asamblea fue el corolario de la sistemática ofensiva del gobierno del MAS a partir de la intervención de los mineros en la huelga general por la Ley de Pensiones. Esa ofensiva llegó a dividir a la base obrera. Un mes atrás, otra asamblea había elegido una "Comisión de Bases" desconociendo a los dirigentes del sindicato frente a la presión del gobierno, que planteó la decisión de no reunirse con los dirigentes electos y sí con otra representación.

"Colque lamentó que algunos trabajadores afines al partido gobernante hayan debilitado a la dirigencia sindical de Huanuni, convocó a los trabajadores a rememorizar lo que hizo el gobierno con los indígenas del Tipnis o en el caso Colquiri1, en todos estos casos la política del gobierno fue dividir a los sectores sociales del país y hoy es Huanuni" (www.nacionaldehuanuni.com).

Huanuni fue nacionalizada (2006) a partir de un levantamiento de trabajadores mineros que enfrentó al gobierno y a los cooperativistas asociados a él, derrotando la pretensión de sumarla al mar de cooperativas que son parte de una red de tercerización que culmina en acopiadoras y exportadoras y que dominan abrumadoramente la producción -150.000 cooperativistas contra 5.732 trabajadores de la minería estatal, 4.700 en Huanuni. Desde ese momento, según la denuncia del SMTMH, el gobierno no aportó un centavo ni para inversión ni para el pago de salarios, pretendiendo que la empresa se financie en base a su propia actividad. Es una política de ahogo que apunta a que el conjunto de la minería esté en manos privadas y, de paso, impedir la recomposición del proletariado minero -la sindicalización de los trabajadores de las cooperativas está duramente perseguida.

Luego del levantamiento de la huelga general por la burocracia de la COB, el gobierno hizo desembarcar una auditoría del gobierno para revisar las cuentas de Huanuni, exacerbando el boicot económico, y procesó a 22 dirigentes y activistas mineros acusándolos de la voladura del puente de Caihuasi durante el conflicto. Hizo eje, además, en los "desmesurados" sueldos que ganarían los mineros por referencia al resto de trabajadores del país, siendo que el 69% gana entre 6.000 y 10.000 Bolivianos cuando la canasta familiar está en 8.000.

El gobierno no pretende por ahora dar marcha atrás con la nacionalización de Huanuni -acaba de plantear, a través de Comibol, que no será cooperativizada. En cambio, apunta a imponer una derrota a los trabajadores que fueron protagonistas (junto a los docentes urbanos y rurales) de la gran huelga de este año y quebrar el movimiento de lucha incipiente por la nacionalización de la minería y la organización de sus trabajadores.

La ofensiva se ha dado en paralelo al acuerdo de la dirección de la COB sobre la Ley de Pensiones, una victoria para el gobierno (ver nota).

Defender a Huanuni

Para toda la clase obrera de Bolivia, Huanuni es parte de su "patrimonio histórico" y hoy una ciudadela de su vanguardia, por todo lo cual debe ser defendida sin reparos. Esto plantea movilizarse contra los agentes del MAS, vehículos de las cooperativas, por el fin del procesamiento a los 22 activistas mineros, por un financiamiento en base a lo que dictamine el control obrero de la mina, por la nacionalización integral de la minería y la sindicalización de los asalariados de las cooperativas. En definitiva, abrir el debate y la organización por un plan de lucha para quebrar el brazo del gobierno falsamente indigenista.

 

1. Luego de la rebelión popular (2011) contra la construcción de una carretera en el Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Sécure (Tipnis), el gobierno del MAS logró "consensuar" un proyecto de consulta con las organizaciones indígenas oficialistas. En el caso de la mina Colquiri, estatizada parcialmente, una de sus vetas más ricas fue entregada a la Cooperativa 26 de febrero, máscara de la explotación privada.