Tres dirigentes de la Federación del magisterio de Cochabamba, militantes de la Unión Revolucionaria de Maestros (URMA) y del Partido Obrero Revolucionario, fueron sancionados con la suspensión de sus derechos sindicales durante diez años por el estatal Consejo Departamental de Disciplina, en manos del Partido Comunista.

Los sancionados, Miguel Lora, Norma Barrón y Julián Aranda, denunciaron a su vez que el objetivo del PC “es anular toda acción opositora revolucionaria en el seno del magisterio cochabambino y nacional, en concomitancia con el gobierno” (Bolpress, 13/11).

No es la primera vez que sucede. Tiempo atrás, Lora y Barrón sufrieron una sanción similar, revocada después del rechazo que la medida encontró en el XX Congreso Nacional Ordinario del magisterio boliviano. De inmediato, el stalinista Federico Pinaya promovió un proceso penal contra Lora, Barrón y Aranda porque críticas aparecidas en el periódico de URMA fueron consideradas por él lesivas a su “dignidad personal”. Esa causa deriva ahora en la nueva sanción.

El acusador Pinaya está a su vez acusado de falsedad ideológica y falsificación de documentos públicos, entre otros su título de bachiller, su libreta de servicio militar, la legalización de sus certificados de egreso de la Universidad Católica e incluso los que le permiten ejercer el magisterio.

En cualquier caso, se trata de una nueva manifestación de la veta represiva del gobierno de Morales. Vaya nuestra incondicional solidaridad para con los maestros y luchadores perseguidos.