La derecha boliviana, brazo político de la oligarquía de Santa Cruz, continúa su campaña de agitación contrarrevolucionaria contra las masas indígenas e incluso contra el gobierno de Evo Morales.

Desde hace un mes, sus bandas impiden el funcionamiento de la Asamblea Constituyente en la ciudad de Sucre.

“Plan para tumbar al indio de mierda”, es el título de un manifiesto que circula profusamente en Chuquisaca y Santa Cruz.

A la derecha cruceña se sumó el gobernador de Cochabamba, Manfred Reyes, ex militar y ex candidato presidencial, que reclama la renuncia de Evo Morales.

El “comité cívico” ha realizado una campaña para que la Constituyente declare a esa ciudad como la capital efectiva del país, y que el Ejecutivo y el Parlamento abandonen La Paz. Los “cívicos” lanzaron una serie de desmanes y advirtieron que impedirán que vuelva a sesionar la Constituyente.

La derecha reverdece la memoria de la llamada “guerra federal” de 1898/99, en la que la oligarquía de Chuquisaca fue derrotada por la de La Paz, aliada a un ejército indígena-campesino.

La Corte Superior del Departamento de Chuquisaca dictó un fallo que ordena a los constituyentes a tratar el tema de la capital. Los “comités cívicos” de los seis departamentos gobernados por la derecha respaldan el reclamo de Sucre y organizan huelgas de hambre en su apoyo.

Al mismo tiempo, la mayoría derechista del Senado le dio otro golpe al gobierno al archivar la denuncia de Morales contra cuatro integrantes del Tribunal Constitucional (Corte Suprema). Están acusados de demorar injustificadamente el juicio contra el ex presidente Sánchez de Losada, derrocado por la rebelión popular en 2003. “La batalla perdida es vital para Morales porque el Constitucional decidirá la suerte de importantes iniciativas gubernamentales” (El País, 6/9). El Constitucional tiene su sede en Sucre.

“Mano dura contra la derecha”

Ante la agitación contrarrevolucionaria, diez mil campesinos del Altiplano occidental marcharon a Sucre en defensa de la Constituyente y el gobierno. En una “cumbre de movimientos sociales” realizada en Sucre, “se comprometieron a organizar ‘Comités de Defensa de la Asamblea Constituyente’, a través de confederaciones, federaciones, juntas vecinales, asociaciones, sindicatos, capitanías, tentas, ayllus y todas las organizaciones sociales populares” (Bolpress, 10/9). Entre las organizaciones participantes se encuentran la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), la Federación Nacional de Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa, las seis Federaciones de cocaleros de Cochabamba y la Coordinadora Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CEPES). La Federación de Campesinos de Chuquisaca anunció que sus miembros permanecerán en Sucre.

La Federación de Mineros advirtió que “en el país se ha desatado la lucha de clases entre pobres y ricos (…) Es hora de que los trabajadores y los pobres estemos unidos para (…) no permitir bajo ninguna circunstancia que la ultra derecha y la oligarquía consigan el fracaso de la Asamblea Constituyente” (ídem).

Las Juntas Vecinales de El Alto, por su parte, convocaron a una movilización “multitudinaria” contra la derecha (El País, 7/9).

“En radios como Erbol, vinculada con un sector de la Iglesia, varios oyentes pedían al gobierno ‘mano dura’ contra la derecha y algunos reclamaban ‘la expulsión de los croatas que quieren dividir a Bolivia’…” (Clarín, 8/9), en referencia al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, filonazi y secesionista. Marinkovic, entre otras muchas cosas, está acusado de haberse apropiado ilegalmente de 12 mil hectáreas pertenecientes a indígenas guarayos.

Marcha atrás

Lejos de la “mano dura” que le reclaman las organizaciones que lo defienden, el gobierno titubea y cede. A instancias del MAS, la Constituyente decidió su cierre temporal por un mes. La Nación (7/9) caracteriza que, con el cierre de la Constituyente, “Evo Morales da marcha atrás en un tema clave”. Yendo todavía más lejos, “el senador Guido Guardia, también del partido del presidente Evo Morales, anunció que remitirá otro proyecto similar al Congreso para eliminar la Constituyente y conseguir que vuelva la paz al país” (ídem).

Aplastar a la derecha

Las organizaciones sociales reunidas en Sucre lanzaron una consigna para sacar a la Constituyente del pantano: que se la instale de inmediato en otro departamento, lejos de las presiones de las bandas de la oligarquía. Que la Constituyente reabra sus sesiones en La Paz, bajo la presión de las organizaciones populares. Hay que exigirle al gobierno que rompa inmediatamente todos los pactos con la derecha, como el que otorga a ésta un derecho a veto en la Constituyente, al exigir los dos tercios para sancionar una nueva Constitución. Exijamos la mayoría simple y un referéndum popular. Exigimos la disolución del Tribunal Constitucional, cueva de la contrarrevolución.

Pero esta ruptura del pacto con la derecha debe ser sólo un punto de partida para que la Constituyente establezca la expropiación del latifundio y la entrega de tierras a los campesinos; la nacionalización efectiva y sin indemnización de los hidrocarburos; el control obrero de la industria, la minería y los hidrocarburos; salario mínimo y jubilación de acuerdo a la canasta familiar; seguro de desempleo; juicio y castigo a los verdugos del pueblo. Este no es el programa de Evo Morales y el MAS. Llamamos por eso a reunir asambleas populares en todo el país para aplastar a la derecha y para sancionar una Constitución revolucionaria.