19/07/2012 | 1231

Bolivia: Huelga policial y movilización indígena

El gobierno de Evo Morales negoció de apuro con los representantes sindicales de la tropa policial, para poner fin a la huelga de los agentes de baja graduación que en buena parte del país se movilizaron en demanda de mejores salarios. Lo hizo, precisamente, cuando estaba a punto de llegar a La Paz la novena marcha de indígenas del Beni, que exigen la clausura del proyecto de construcción de una carretera que cruzaría el Territorio Indígena del Parque Isidoro Sécure (Tipnis), exigida por el capital cocalero y por las corporaciones exportadoras brasileñas. Esa obra tendría efectos devastadores para las poblaciones originarias que viven en la región. En otras palabras: el gobierno cedió a buena parte de las demandas policiales cuando necesitó recuperar su fuerza represiva para hacer frente a los campesinos


Hacer frente a los campesinos. Previamente, el presidente de la República había denunciado una extraordinaria conspiración para derrocarlo. Con ese propósito, dijo Morales, se reunieron "el suboficial Atauichi y el sargento Juan Soraide (dirigentes de la huelga policial), la señora Cárdenas (esposa de Víctor Hugo Cárdenas, del MNR), Jaime Solares (secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro) y Wilma Plata (dirigente de los maestros paceños y del Partido Obrero Revolucionario)".


Esa amplísima conspiración dejó de ser tal y se llegó a un acuerdo cuando Morales tuvo encima otra "conspiración": la de los campesinos del Tipnis, que habían marchado a pie, durante dos meses, desde la cabecera de la cuenca del Amazonas. También ellos fueron acusados "de compromisos políticos con la derecha, de delitos económicos y de nexos con el narcotráfico" (El País, 12/7).


Menos zanahoria, más palo


Mientras duró el acampe de los indígenas -otrora partidarios decididos del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS)- "cientos de vecinos se aproximaron cada día con ropa de abrigo, sobre todo para unos 200 niños del Tipnis y para los miembros que quedaron empapados cuando la policía lanzó chorros de agua desde un vehículo Neptuno sobre las precarias tiendas de campaña, en las dos ocasiones en las que grupos de activistas intentaron romper el cerco policial y permitir que la columna de manifestantes accediera a la Plaza de Armas, donde se encuentra la Casa de Gobierno" (ídem).


También la huelga policial, corresponde decir, concitó la solidaridad de los trabajadores y de las organizaciones sindicales de La Paz, que vieron en ese movimiento una confluencia con sus propias demandas.


A todo esto, el que desarrollaba una política golpista respecto del campesinado era el gobierno, no la derecha. Mientras la masa de indígenas del Tipnis se encontraba en La Paz, grupos provocadores del MAS, al mejor estilo de La Cámpora, daban un golpe de mano en el Beni para destituir al presidente de la Confederación Indígena de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, que estaba al frente de la marcha en la sede del gobierno. Por supuesto, lo reemplazaron con un oficialista; y el golpe de mano fue festejado por el ministro del Interior, Carlos Romero, quien dijo que ahora habrá "un gran diálogo y una gran consulta". Es decir, no habrá nada: el oficialismo se propone tener "un gran diálogo y una gran consulta"… consigo mismo. Represión y maniobras "destituyentes" son las herramientas de un gobierno próximo a su agotamiento.


Mientras la marcha indígena aún estaba en La Paz se produjo el conflicto con los trabajadores de la mina Mall Khota, en Potosí, donde la represión dejó un trabajador asesinado, heridos y detenidos. Esa mina estaba en manos de la canadiense South American Silver (SAS), y los mineros exigieron su nacionalización ante el evidente vaciamiento al que la sometía ese pulpo internacional. Y lo hicieron a su modo: ocuparon la mina, tomaron rehenes y se enfrentaron duramente con la represión gubernamental. Cuando la situación quedó fuera de control para el oficialismo, el gobierno decidió la "nacionalización". 


En definitiva, se asiste en Bolivia a un nuevo episodio del cada vez más acelerado proceso de ruptura de las organizaciones obreras y campesinas con un gobierno al que esas mismas organizaciones habían respaldado con el voto y con la movilización, y hasta con las armas cuando de verdad la derecha quiso derrocar a Morales.

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