Los barrios populares de las principales ciudades de Bolivia (La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Tarija, Oruro, Potosí) no tienen agua desde hace, por lo menos, 20 días. Los trabajadores que allí habitan tienen sed. Los campesinos en zonas enteras no tienen agua para el riego y sus cosechas peligran.

 

La primera explicación del gobierno es que se debe a una persistente sequía que tiene sus orígenes en el cambio climático mundial. 

 

Lo elemental de la explicación creó mucha indignación popular, lo que llevó a que se obligara a renunciar a la dirección del ente estatal (EPSAS) encargado del agua. La acusación de Evo Morales y sus ministros es que estos ocultaron al propio poder y a todo el país la situación crítica: que los embalses que proveen de agua a las urbes estaban casi secos y que lagos, lagunas y riachos también. Las dos grandes represas que alimentan de agua a la capital boliviana, La Paz y a la densa población de El Alto, están prácticamente secos. ¡Incachaca tiene solo un 6% de reserva y Hampatruri el 1%!

 

Es evidente, que estas renuncias pretenden colocar en estos directivos, miembros del gobierno masista, toda la responsabilidad, para que actúen como chivos emisarios para disipar la bronca popular.

 

Hace unos días se realizó en La Paz una masiva marcha de pobladores convocada por 120 organizaciones barriales. En Cochabamba, un corte de rutas fue ‘gaseado’ por las fuerzas represivas.

 

Lógicamente, no se trata de acusar al gobierno nacionalista burgués de Evo Morales de la sequía, que es una catástrofe natural (incrementada por la depredación capitalista del medio ambiente), sino de imprevisión o mejor dicho negligencia criminal por jugar con la salud de la población. 

 

La nacionalización de la empresa de Aguas, consecuencia directa de la guerra del agua, que fue una de las causas de la caída del gobierno oligárquico, no introdujo ningún cambio real: las inversiones fueron prácticamente nulas, mientras las obras existentes se iban deteriorando progresivamente.

 

Hace unas semanas, el Parlamento de Bolivia votó el Presupuesto Nacional para el 2017. En el mismo aparecen destinados al ministerio de Recursos Hídricos 165 millones de pesos bolivianos, un ¡0,06%! del total presupuestado. En cambio, el ministerio de Defensa cuenta con una partida de 3000 millones de bolivianos. El pago de la deuda externa -que este año está creciendo un 10%, superando ya los 7000 millones de dólares- en cambio es puntual.

 

El presidente Evo pidió disculpas públicamente por no haber alertado antes a la población, aduciendo falta de información, pero que se iba a avocar con todo a la solución de este drama nacional. Es pura hipocresía: la declaración de “emergencia nacional” no significó ninguna medida de fondo para aliviar la emergencia popular. Se están enviando, en varias ciudades, camiones cisternas a los barrios carentes de líquido, pero es harto insuficiente.

 

Proliferan cisternas privadas que aprovechan la oportunidad  para especular con la sed popular y hacerse sus ganancias. El gobierno ha salido a decir que va a controlar a estas cisternas privadas, pero…. lo que acaba de conocerse es que el propio vicepresidente Alvaro García Linera, contrató un camión cisterna privado para llenar el tanque de agua de su casa, pagando un valor de $ 350 bolivianos (unos $800 argentinos). Lo que él paga, el pueblo trabajador no está en condiciones de hacerlo para llenar su tanque por uno o dos días.

 

El pueblo debe tomar el problema en sus manos. Asambleas Populares en las barriadas para que voten pliegos de reclamos y planes de movilización: marchas, piquetes, cortes, etc.

 

Es necesario que en cada ciudad se formen Comités de Emergencia del Agua y la Salud Pública. Cuando se restablecen parcialmente algunos servicios, el agua viene turbia y barrosa. Están aumentando los casos de gastroenteritis y otras enfermedades similares. Directivos docentes han reclamado la “emergencia educativa” para cerrar las escuelas sin agua (no alcanza con las cisternas que se envían). 

 

Se trata, en primer lugar de montar un plan paliativo: las cisternas deben ir a los barrios no menos de tres veces por semana, para lo cual hay que poner más camiones, más choferes y más trabajadores. Las embotelladoras privadas deben ser intervenidas para que trabajen 24 horas por día y saquen bidones para las barriadas. Las empresas mineras siguen con sus explotaciones a cielo abierto, usando millones de litros de agua (han empezado a surgir denuncias que aguas envenenadas con cianuro y minerales pesados se están volcando a las represas abastecedoras, lo cual aumenta el peligro de graves enfermedades).

 

En segundo lugar, es necesario que un Congreso Nacional  del Agua, compuesto por delegados elegidos de las principales ciudades afectadas que ponga bajo control público el presupuesto nacional y arme concretamente un plan de obras públicas (represas, canales, etc.) para resolver esta grave carencia. Ha habido infinidad de denuncias que los planes anunciados por el gobierno están dibujados, no se llevan adelante.

 

Esta crisis del agua evidencia la impotencia del gobierno nacionalista burgués. Las masas obreras y explotadas de Bolivia deberán hacer oír su voz nuevamente.