Bolivia: levantamiento nacional

La salvaje represión militar ordenada por el gobierno de Banzer contra los campesinos en lucha –que ha dejado un saldo de seis muertos y cientos de heridos– no ha logrado desbloquear las rutas cortadas hace más de una semana por cocaleros, campesinos y maestros en huelga. Al contrario, la represión por parte de un gobierno que no tiene ninguna respuesta a los reclamos populares ha hecho más aguda la lucha. “La estrategia del gobierno fracasa (…) no sólo no hubo retorno a clases sino que los bloqueos aumentaron, los cocaleros decidieron continuar con sus medidas de presión (y hubo) masivas manifestaciones en La Paz y Cochabamba” (La Razón, La Paz, 26/9).


Bolivia es, nuevamente, un volcán en erupción. Los accesos a La Paz, Santa Cruz, Oruro y Cochabamba están completamente bloqueados como resultado de las movilizaciones y bloqueos de ruta de los cocaleros del trópico cochabambino, de los campesinos de Oruro y Cochabamba, de los docentes urbanos y rurales, de los universitarios y de los transportistas. En La Paz, Sucre y Cochabamba se realizan manifestaciones masivas contra el gobierno de Banzer. Hasta las esposas de los suboficiales y la tropa de la policía han entrado en huelga de hambre.


El gobierno de Banzer ha respondido movilizando masivamente a las fuerzas militares, que actúan con una inusitada violencia contra los campesinos. Hay seis campesinos muertos y decenas de heridos de bala. Los dirigentes cocaleros denuncian que “los militares comenzaron a disparar sin provocación alguna de los campesinos que estaban bloqueando pacíficamente. El gobierno está cometiendo genocidio” (La Nación, 26/9). Los soldados –denuncian los campesinos– saquean y queman sus viviendas. Sin embargo, a pesar de la ferocidad represiva, el gobierno ha sido incapaz de despejar las rutas. “Los militares no pueden limpiar las carreteras ni con palas mecánicas” (La Razón, 26/9). Los campesinos y cocaleros vuelven a montar los bloqueos que desmontan los soldados. La salvaje represión gubernamental ha despertado lo que La Razón (ídem) califica como “ira campesina”: ante el asesinato de un campesino por arma de fuego en el camino de Guaqui, los campesinos de Achacachi, una localidad con una muy fuerte e histórica tradición de lucha, advirtieron que “otra muerte los llevaría a tomar por la fuerza el cuartel acantonado en la población de Guaqui”.


Los cocaleros reclaman contra los planes oficiales impuestos por Estados Unidos, de erradicación violenta de la coca, y contra la construcción de tres cuarteles en la zona del Chapare, que serán utilizados por tropas de élite y asesores norteamericanos. Los campesinos de Oruro, Cochabamba y Sucre reclaman que la ‘Ley de Aguas’, que privatiza este recurso, sea eliminada de la agenda parlamentaria. El gobierno ha dado un paso atrás, con enorme perfidia, anunciando que la ley no será tratada este año; los campesinos reclaman que sea archivada definitivamente.


Los docentes urbanos y rurales han cumplido una semana de huelga general en reclamo de un aumento salarial del 50%. Aunque el gobierno ha amenazado con despedir a los huelguistas, detener con la policía a los que integren piquetes, contratar a rompehuelgas y cancelar el ciclo escolar de este año, la huelga continúa.


El movimiento se ha extendido a las ciudades. En La Paz, los trabajadores sindicalizados realizaron una muy masiva manifestación contra el gobierno que el diario La Prensa (26/9) describe como “una enorme masa humana”. En Cochabamba, la Coordinadora del Agua, que dirigió las enormes movilizaciones de marzo/abril pasados contra la privatización de la red urbana, ha salido nuevamente a la calle. En La Paz está convocado un “Paro cívico”.


Por todo el país brotan reclamos y reivindicaciones. Los trabajadores de la salud están en huelga. Los estudiantes y docentes de la Universidad de Siglo XX han salido a la lucha por el presupuesto universitario. Marchistas de las localidades mineras de Llallagua, Siglo XX y Catavi están yendo a La Paz a cumplir allí una huelga de hambre. Los campesinos de Santa Cruz y Santa Rosa bloquearon el oleoducto de Guiabá y tomaron pozos petrolíferos y estaciones de bombeo para reclamar una compensación por el daño ambiental causado por la instalación de ese ducto.


Banzer ha demostrado que no tiene condiciones para levantar por la fuerza los bloqueos ni para resolver ninguna de las reivindicaciones reclamadas. Las centrales empresarias, los partidos del gobierno y la oposición reclaman el ‘diálogo’, pero el gobierno ya ha ofrecido lo que podía dar (“Los cocaleros del Chiapare, los campesinos, aliados de los maestros rurales, y los profesores de las ciudades tienen el objetivo claramente definido de presionar al gobierno para lograr sus principales demandas; no las secundarias, que prácticamente las han logrado” –La Razón, 26/9).


La Iglesia ha salido a salvarle las papas a Banzer, organizando directamente las negociaciones del gobierno con los cocaleros y los campesinos. Pero la mediación no le será fácil a la curia. Felipe Quispe, secretario general de la Confederación de Trabajadores Campesinos, advirtió que “la participación de la Iglesia podría ‘hacernos pisar el palito’ (…) por eso no levantaremos ningún bloqueo mientras dure la negociación” (Los Tiempos, Cochabamba, 24/9).


La explosión de las reivindicaciones y luchas populares y campesinas en toda Bolivia muestran el completo agotamiento del gobierno de Banzer. En todas estas movilizaciones, luchas, huelgas y bloqueos comienza a aparecer un reclamo político común: “¡Fuera Banzer!”