Un día después de que la oligarquía cruceña y los departamentos aliados a ella proclamaran sus “estatutos autonómicos”, Lula y Bachelet llegaron a La Paz para dar un muy fuerte respaldo político a Evo Morales. Una semana antes, los gobiernos del Mercosur también emitieron una declaración común de apoyo a Morales.

Lula, Bachelet y Morales anunciaron la construcción de un corredor que unirá el Atlántico con el Pacífico, desde Santos (Brasil) hasta Arica (Chile), pasando por Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. La noticia fue recibida con alborozo por las cámaras exportadoras de Cochabamba y Santa Cruz. Además, Lula anunció que Petrobras invertirá 750 millones de dólares hasta 2011, para aumentar la producción de gas y examinará asociaciones con la estatal boliviana YPFB para explorar nuevos campos.

Una muestra tan contundente de respaldo a Morales puso paños fríos a los fervores de la oposición oligárquica. Un diario opositor recomendó “ser cautelosos con las acciones cuando existe tamaña red de protección regional” (Clarín, 17/12); y “desde Santa Cruz comenzaron a lamentarse” (ídem).

Por su parte, nada menos que “Estados Unidos consideró la reforma constitucional como un importante paso para la democracia” (Ambito Financiero, 13/12).

“Autonomía” y negociaciones

Aunque la oligarquía de los departamentos de la llamada Media Luna proclamó estatutos autonómicos en los se atribuyen competencias que corresponden al Estado nacional, prevalece la tendencia a un compromiso. Incluso porque las masas agrarias en la Media Luna siguen al gobierno del MAS. Las consultas populares para refrendar las autonomías no tienen fecha y no existe un plan unificado de los departamentos. El comandante en jefe del ejército declaró que “si la policía es superada, los militares la apoyarán para garantizar la seguridad pública” (La Nación, 13/12). Hace un par de meses, Evo Morales destronó a la vieja jefatura militar y puso al frente a oficiales que le son leales.

Morales decía que “llegó la hora del diálogo”; doce instituciones “civiles”, encabezadas por la Iglesia y la COB, reclamaron la apertura de un diálogo entre el gobierno y la oposición, que fue aceptado por los prefectos de la Media Luna. Hasta ahora, los prefectos habían condicionado cualquier diálogo a la suspensión de la Constitución y a la restitución de los fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

La Constitución y la tierra

La nueva Constitución no contiene un solo punto que amenace la dominación social de la oligarquía y de los pulpos internacionales. El artículo que limita el tamaño de los latifundios quedó sujeto a la aprobación de un referendo. Se preguntará: “¿Qué extensión de tierra será considerada latifundio, más de 5.000 hectáreas o más de 10.000?”. La respuesta carece de importancia, porque la Ley de Tierras en vigencia ya consigna un límite a la extensión de la propiedad pero no impide que los oligarcas fraccionen los predios para disimular la tendencia de grandes extensiones y evitar el pago de impuestos; lo mismo ocurre en Argentina. El propio Evo ha dicho que no intervendría los latifundios saneados y productivos, mientras sigue en vigor la ley (de 2003) “que permitió a los latifundistas consolidar grandes propiedades sin necesidad de demostrar sus derechos en pericias de campo”, lo que impidió “identificar tierras ociosas” (Bolpress, 9/12).

Hay que rechazar la Constitución de Evo Morales, en cuya elaboración no participaron las masas, y denunciar el pacto que se está tejiendo bajo un paraguas internacional.

Si la maraña de referendos previstos (para la Constitución y las autonomías) y de revocatorias (del mandato presidencial y de los prefectos) no alcanza para arbitrar una salida a la crisis, Evo Morales podría verse obligado a asumir poderes excepcionales y convocar a un único plebiscito sobre su mandato.