Después de tres meses y medio de conflicto, el gobierno de Dilma Roussef consiguió quebrar la huelga de los empleados públicos federales (más de 1,8 millón de trabajadores) mediante represión, descuentos salariales, amenazas de despidos y división del movimiento sindical. El reajuste concedido (15,8% hasta 2015) -bien abajo del mínimo del 22% reclamado por los sindicatos- fue aun así superior a la propuesta inicial del gobierno, que terminó negociando con los sindicatos en huelga -lo que había jurado no hacer. El gobierno “ahorró” el 1% en salarios -300.000 millones de reales o 150.000 millones de dólares anuales-, que ya destinó al pago de la deuda pública con los grandes bancos.

La “victoria” gubernamental tuvo el duro precio de “quemar” a sectores enteros de la burocracia sindical petista -en el caso de las universidades federales, prácticamente la destruyó-, además de abrir un foco (inédito en diez años) de choques entre esa burocracia y el gobierno. Toda la prensa, incluso la más derechista, apoyó al gobierno durante el conflicto, el cual paralizó al Estado -la Policía Federal llegó a desfilar en las calles con banderas que decían: “El tráfico (de drogas) está liberado”. La huelga de los estatales fue, por eso, apenas el prólogo de un episodio mayor de la lucha de clases.

Con la economía en picada -la caída de la actividad industrial fue de un 5,3% en el último trimestre, la cuarta caída consecutiva-, el gobierno repite la fórmula de concesiones impositivas al gran capital para evitar el colapso económico, con una desgravación prevista para el año de 15,2 mil millones de reales, de los cuales casi la mitad -7,2 mil millones- corresponden a un nuevo 20% de rebaja en las cargas sociales de los salarios. Además de proyectar financiamientos al sector privado -“inversiones público-privadas”- del orden de 190.000 millones de reales para el año 2013. El gobierno proyecta un mazazo violento en el gasto público a ser decretado -“legislado”- antes de fin de año, con ataques violentos a la salud pública, la legislación laboral y, principalmente, la previsión social.

De manera imprevista, las luchas sindicales -así como los conflictos con sectores agrarios y populares, incluso de la juventud de las barriadas pobres- tienen una proyección política directa en las elecciones municipales de octubre. En ocho capitales, los candidatos de la coalición de gobierno (PT/PMDB y un sinfín de siglas de chorros diversos) no llegan ni al segundo turno. La oposición “burguesa”, como el PSDB, no la lleva mejor. En algunos casos -Belém, al norte-, la izquierda capitaliza la descomposición política.

En el caso más importante -San Pablo, bastión del PSDB-, el candidato “tucán”, el eterno presidenciable José Serra, realiza una campaña lamentable que anuncia su inminente jubilación política. El candidato petista, un ignoto académico, no consigue superar el 15% de las intenciones de voto. La descomposición política paulista es aprovechada por un ex animador de programas televisivos pornográficos/mondo cane, candidato (justa y apropiadamente) de una coalición de partiditos de las iglesias evangélicas -la “Universal del Reino de Dios”, en primer lugar. San Pablo es el tercer presupuesto del país. Lo que se insinúa en la “capital de la garúa” es la descomposición de todo el sistema político originado en la “redemocratización” de Brasil.

En ese marco, ha cobrado relevancia una crisis originada en 2005, la cual parecía superada. El caso del mensalão -un sistema de compra de votos parlamentarios durante el gobierno de Lula mediante financiamientos mafiosos offshore, envolviendo, en principio, 350 millones de reales en coimas- está siendo (re) juzgado por un Supremo Tribunal Federal (STF) cuyos jueces fueron, casi en su totalidad, nombrados por Lula, quienes ahora se le están dando vuelta -el barbudo ex metalúrgico está, finalmente, realizando un curso acelerado acerca del Estado capitalista. Entre los reos están once ex diputados: tres del PT -incluyendo al entonces presidente de la Cámara, José Paulo Cunha, ya condenado- y ocho de otros partidos de la “base parlamentaria aliada”. Los votos comprados financiaron, entre otras cosas, la aprobación de las reformas previsional e impositiva antiobreras y antipopulares del gobierno “de los trabajadores”.

La defensa jurídico/político/ideológica de los intermediarios de la corrupción -que engloban a la plana mayor de la dirección del PT hasta aquella fecha, como José Dirceu y José Genoíno, ex “héroes de la izquierda” (inclusive de la “lucha armada”)- está siendo realizada, cada vez con menos convicción, por buena parte de la “izquierda” -¡inclusive, algunas “extremas izquierdas”!- que insiste en que los morlacos “por izquierda” son la consecuencia lamentable, pero inevitable, de un inadecuado sistema de financiamiento público de los partidos políticos, los que deben, por eso, recurrir a servicios mafiosos -incluyendo los asesinatos de “quema de archivo”, como el de un ex tesorero del PT e intendente de Santo André (un argumento que ya no convence ni a los familiares de los imputados). El dinero vehiculizada a paraísos fiscales externos habría sido, según esa tesis, para pagar deudas de campaña electoral de 2002, lo que puede ser -en parte- cierto: en la democracia burguesa/bonapartista no se elige un presidente sin mucho dinero del gran capital. Como argumento principal, sin embargo, provoca espasmos de risa mal contenidos hasta en los periodistas favorables a Lula y al PT. El STF se reserva, hasta el momento, la carta de implicar al propio Lula -obvio e implícito implicado- en el esquema, para actuar como árbitro último del Estado en caso de una crisis política mayor.

En septiembre, sin embargo, las campañas salariales de los trabajadores del sector privado han comenzado con reivindicaciones salariales mayores que las del sector público, con huelgas y paros de bancarios y empleados de correos en la mayoría de los estados, así como también de los metalúrgicos del Gran San Pablo -ABC- y otras regiones. La clase obrera, después de casi paralizar el Estado en los últimos meses, apunta ahora al corazón económico del capital en crisis. La lucha de clases puede transformar la crisis política en una tormenta social fuera de control (capitalista).