01/10/2020

Brasil: amnistía para Volkswagen por su apoyo a la dictadura

El cartel muestra a Lucio Bellentani, trabajador torturado en la empresa.

La empresa alemana Volkswagen reconoció haber colaborado con la dictadura brasileña (1964-1985), en el marco de una causa judicial abierta en 2015 por ex trabajadores de la compañía y familiares. VW acordó un resarcimiento por 6,4 millones de dólares, a cambio de lo cual se cierran las investigaciones en curso y “se vetará cualquier nueva demanda” (El País, 25/9), con lo cual queda en la impunidad.

Volkswagen otorgaba a la policía nombres y detalles sobre la actividad sindical de sus trabajadores. Además, permitía que los interrogatorios, torturas y traslados a la comisaría sin orden judicial tuvieran lugar en la propia fábrica. La colaboración se extendió al menos entre 1969 y 1979. El militante comunista Lucio Bellentani, por ejemplo, fue detenido mientras trabajaba, sin orden judicial alguna, y torturado dentro del departamento de personal por agentes del Departamento de Orden Político y Social, delante del jefe de seguridad y guardias de VW. El objetivo era que aportara información sobre la actividad sindical y política de otros obreros (ídem).

En el marco de esta colaboración represiva, Volkswagen se favorecía con las políticas económicas del gobierno y este le permitía avanzar en el recorte de derechos laborales del personal. Más de 50 empresas multinacionales y nativas contribuyeron a la consumación del golpe militar de 1964, entre ellas Johnson & Johnson, Esso, Pirelli, Texaco, Pfizer y Souza Cruz (ídem).

Los mismos grupos económicos que se favorecieron con la dictadura se beneficiaron con los gobiernos democráticos posteriores. El actual presidente, Jair Bolsonaro, aún reivindica aquella dictadura militar y los militares poseen numerosos ministros en el gabinete.

Bajo el gobierno de Dilma Rousseff, se impulsó una comisión de la verdad que investigó las torturas y asesinatos durante la dictadura y entregó un informe en 2014. Pero para entonces casi todos los denunciados estaban muertos o eran mayores de 80 años. Además, no anuló la ley de autoamnistía de 1979, que garantiza la impunidad para los represores. Y planteó que el informe debía servir al reaccionario objetivo de una “reconciliación”.

La colaboración de los grandes grupos capitalistas y las dictaduras militares fue también la norma en nuestro país, donde la clase obrera fue el sector más golpeado por las desapariciones masivas, y en todo América Latina. Los gobiernos democráticos convalidaron la impunidad. La lucha por memoria, verdad y justicia sigue.