Internacionales
23/10/2017
Brasil: el cuadro social y político de la reforma laboral esclavista
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Tribuna Classista
La reciente disposición del presidente brasileño Michel Temer que, a pedido del gran latifundio y el agronegocio, brinda estímulos y protecciones a las patronales que exploten trabajo esclavo, viene a profundizar una crisis social que cuenta entre sus responsables y cómplices tanto al gobierno golpista como a su antecesor del PT y a la burocracia sindical.
La crisis social
La medida en beneficio de los esclavistas, así como la reforma laboral negrera que comenzará a correr en noviembre y la regresiva reforma previsional en carpeta, apuntan a degradar todavía más la crítica situación de la población trabajadora de Brasil.
En el país se calcula que hay 3,5 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, trabajando mayormente en el sector rural; mientras que 24 millones de personas activamente económicas están desocupadas o sub-empleadas. Una estadística de dos años atrás señalaba que el 25,1% de los trabajadores brasileros tienen empleos precarios, sin protección social ni representación sindical (O Globo, 14/12/15).
Aparte de la aprobación del régimen de tercerización del trabajo y luego de la reaccionaria Reforma Laboral, por pedido de la Fiesp (cámara de los patrones industriales de São Paulo), Temer aflojó las normas de seguridad en el trabajo, en un país que figura como 4° en la lista de naciones con mayor cantidad de accidentes laborales (O Globo, 31/07/16) –solo en São Paulo, estos producen al menos un muerto por día.
A esto se agrega la reducción de los planes asistenciales como parte del plan de ajuste fiscal, y el descalabro de los hospitales y centros de salud públicos, que se desploman ante los recortes presupuestarios, colocando al conjunto de la población trabajadora en una total desprotección sanitaria. Una radiografía de la brutal catástrofe social producida por la bancarrota capitalista del Brasil: al calor de la crisis, los casos de tuberculosis crecieron en forma explosiva en Río de Janeiro, afectando a la población pobre de las más de mil favelas de la ciudad.
El capital agrario
Durante su “mandato”, Temer viene satisfaciendo cada reclamo planteado por los terratenientes y el sector agropecuario.
Aprobó la eximición total de deudas, prohibiendo incluso el cobro retroactivo de la deuda patronal al fondo de asistencia al trabajador Rural (Funrural) –equivalente a una contribución previsional pagada a los trabajadores del campo–, que rondaría los 10 mil millones de reales (3.110 millones de dólares).
Las patronales agrarias piden también la aprobación del programa ‘RenovaBio’, de incentivo a la producción de etanol y de cambios en las licencias ambientales –es decir, aflojar las reglas de protección del medio ambiente y de las reservas forestales para extender la actividad agro-ganadera.
Los partidos patronales
La más entusiasta defensora de esta nueva ‘reforma’ es la senadora Kátia Abreu, presidenta de la Confederación de Agricultura y Ganadería del Brasil (equivalente a la Sociedad Rural Argentina). Abreu fue ministra de Agricultura del gobierno de Dilma Rousseff como dirigente del PMDB (el partido de Temer). En su discurso de asunción en aquella oportunidad, Abreu saludó que la “presidente Dilma fue la primera jefe de gobierno que se dispuso a atender una agenda tan compleja como la del agro negocio”, a lo que Dilma respondió con un “deseo grandes conquistas para el agro negocio”.
La relación de idilio entre los grandes terratenientes y el PT ya había comenzado mucho antes bajo la presidencia de Lula, cuando este manifestó en un acto público en 2007 que los “usineiros” (plantadores de caña) habían pasado de ser los bandidos del agro negocio a ser los “héroes nacionales” con el auge de la exportación del etanol. Para esa época la Universidad Estatal Paulista (Unesp) denunciaba a estos ‘usineiros’ por tener alrededor de 200 mil peones migrantes trabajando en condiciones degradantes y de hacinamiento durante los 8 meses que duraba la cosecha de caña.
El terrateniente agropecuario y dirigente del PMDB, Jorge Picciani, fue reelegido en el 2017 para la presidencia de la legislatura de Río con los votos de los diputados del PT y del PCdoB, incluso luego del golpe institucional y de haber integrado la ‘lista sucia’ de explotadores de trabajo esclavo, por haber sido encontrado en el 2004 en su hacienda con 39 trabajadores en condiciones inhumanas, alimentados con comida en mal estado y sin agua potable, durmiendo en carpas improvisadas con bolsas plásticas.
La JBS de los hermanos Batista (actualmente ambos en prisión por corrupción), la mayor empresa exportadora de proteínas animales del mundo, cuenta con decenas de denuncias por comprar productos y materia prima baratos a empresas que utilizan mano de obra esclava y son responsables de desmatar áreas forestales protegidas. Este año los Batista fueron sancionados por la adulteración de carnes y de sobornar a los agentes del ministerio de Agricultura para evitar las inspecciones en sus frigoríficos. JBS llegó a su posición privilegiada gracias a los abundantes créditos y préstamos del banco estatal BNDES, que los gobiernos de Lula y Dilma concedieron generosamente a cambio de millones de reales que el Holding destinaba a financiar sus campañas electorales.
La reforma agraria exigida por el campesinado no avanzó en absoluto durante los gobiernos del PT, algo que fue denunciado hasta por dirigentes campesinos del Movimiento Sin Tierra, organización vinculada a este partido. Incluso existen testimonios como el del empresario ganadero José Carlos Bumlai, amigo personal de Lula, quien declaró a la justicia haber pagado 12 millones de reales a cambio de “protección” estatal del gobierno petista frente a las invasiones de los campesinos sin tierras a sus propiedades.
Planchazo sindical
Frente a este cuadro de avance del capital sobre el trabajo, las centrales sindicales –por empezar la ‘opositora’ CUT– no dan señales de disposición para enfrentar esta ofensiva. Sólo la tregua de los sindicatos y del MST le permiten al gobierno más anti-popular de la historia reciente del Brasil (cuenta con un 3% de apoyo popular) atreverse a tanto en el avasallamiento de las conquistas laborales y sociales. Frente a cualquier cuestionamiento de sectores de trabajadores ante la ofensiva capitalista, la CUT responde que hay que concentrarse en fortalecer la candidatura de Lula para que vuelva en el 2018.
La voracidad del capital para explotar al extremo al proletariado sólo encontrará un límite con la organización independiente de la burocracia sindical y en la lucha de la clase obrera más importante de América Latina.
Frente a la tregua de las centrales sindicales entreguistas, es necesario poner en pie un congreso de bases de trabajadores de la ciudad y del campo, que discuta un programa y un plan de lucha para retomar y profundizar el método de la huelga general y las movilizaciones de masas hasta derribar la reforma laboral esclavista de Temer.
Abajo la reforma laboral esclavista.
Que la crisis la paguen los capitalistas.
Fuera Temer.
Por un gobierno de los trabajadores.
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