Brasil: entre la devaluación récord y la crisis política

La corrida del dólar ni siquiera fue detenida por la reciente aprobación de la reforma jubilatoria

El real ha llegado a su mayor nivel de depreciación desde que se creó en 1994. Superó la barrera de 4,20. Al explicar las causas, ha quedado desplazada a un segundo plano la cuestión de la deuda brasilera. Sin embargo, la misma tiene un carácter explosivo. La deuda pública asciende a 1,4 billones de dólares y lo más importante es que viene creciendo en forma vertiginosa. 


Brasil ha ido refinanciando esta bola de nieve apelando a renovaciones sucesivas. Pero con la crisis mundial, los vientos están cambiando: las fuentes de financiamiento se están estrechando; los prestamistas son más reticentes a otorgar créditos o ampliarlos, a lo que se une un retiro de capitales de los países periféricos. Brasil se ha visto obligado a emitir en forma creciente, lo que está en la base de esta depreciación del real. 


Como se ve, Argentina no es una excepción. La crisis de deuda atraviesa a toda América Latina. Lo que es más grave es que todo indica que esto es sólo el comienzo. La escapada del dólar podría ser más pronunciada. Una devaluación persistente de la moneda brasileña afectaría seriamente los activos locales del país vecino, empezando por los bonos, que podrían estar sometidos a una sensible desvalorización. Ya hay quienes advierten sobre la amenaza de un cimbronazo en la Bolsa paulista.


Por el peso de Brasil en América Latina, esto tendría un gran impacto en toda la región, arrastrando las cotizaciones de los títulos de los países más débiles y vulnerables, empezando por Argentina.


La corrida del dólar ni siquiera fue detenida por la reciente aprobación de la reforma jubilatoria. El gobierno de Jair Bolsonaro tropieza con los mismos límites y condicionamientos que provocaron el derrumbe del macrisimo. Brasil no ha sido inmune a la guerra comercial y al hecho de que la economía mundial marcha a una recesión. 


La política del ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, apunta a sortear las crecientes trabas comerciales y proteccionismo reinante, acelerando tratados de libre comercio, en especial con Estados Unidos. Una de las primeras consecuencias consistiría en bajar el arancel común hoy vigente en el Mercosur para terceros países, lo que significaría un golpe de gracia al mismo. La apertura, sin embargo, no asegura las inversiones. El gobierno venía celebrando anticipadamente lo que sería la entrega de petróleo “más grande de la historia”. Con ella pretendía recibir 105 millones reales (25.700 millones de dólares), pero tuvo que contentarse con 70 millones. Este balde de agua fría tendría que ver con el boicot que habrían llevado adelante las petroleas norteamericanas y europeas. El motivo sería la resistencia de los pulpos al régimen de “reparto” aún vigente, por el cual el ganador de las licitaciones debe entregar un porcentaje-piso de las ganancias. En medio de estas tensiones quienes terminaron siendo los adjudicatarios fueron Petrobras y, en menor medida, empresas chinas, como CNOOC y CNODC.


La disputa comercial entre Estados Unidos y China se ha traslado de lleno a suelo brasilero. Las licitaciones petroleras son uno de esos eslabones. Bolsonaro se ha visto obligado a arbitrar en medio de esta guerra de buitres. Por más alineamiento con Estados Unidos que tenga, el gobierno no puede sustraerse al hecho de que China es el principal destinatario de las exportaciones brasileras y uno de sus principales inversores. Bolsonaro también ha prometido un acuerdo de libre comercio al gigante asiático en la reciente visita de Xi Jinping a Brasil, aunque el peligro que se abre es que los movimientos para un lado y para el otro terminen anulándose entre sí y no conformando a ninguna de las partes. 


Lo cierto es que la ola aperturista de Brasil ha puesto en alerta a los industriales del país vecino. La federación patronal paulista (FIESP) ha advertido contra una apertura indiscriminada. El temor fundado de la poderosa burguesía industrial brasilera es ser barrida por la competencia. 


Y también, en este marco, los industriales han salido en defensa del Mercosur. “La FIESP siempre apoyó al Mercosur y cree que los problemas de funcionamiento del bloque deben superarse por consenso” (La Nación, 2/11). Esto se da en momentos en que Guedes ha amenazado con abandonar el Mercosur, luego del triunfo peronista en Argentina. 


Alberto Fernández debería poner las barbas en remojo porque, en este contexto, el modelo devaluacionista tiene patas cortas. Esta política está condenada al fracaso cuando se acentúa la guerra monetaria, como prolongación de la guerra comercial y, por lo tanto, una carrera de devaluaciones competitivas entre las diferentes naciones. La devaluación del real, por lo pronto, encarece los productos argentinos y, en esa medida, pone un freno a las exportaciones de nuestro país. Incluso, en caso de persistir una desvalorización del real, podría terminar provocando un vuelco en la balanza comercial, que en este momento es superavitaria para Argentina. 


Un régimen entre las cuerdas


La devaluación de la moneda da cuenta del creciente impasse económico. Brasil apenas va a crecer un 1 ó 2%, mientras se acumulan los desequilibrios explosivos, empezando por la deuda, como ya señalamos. El fracaso de las licitaciones ha potenciado este cuadro, pues el gobierno contaba con esos fondos para hacer frente a la deuda.


El déficit fiscal ya en la actualidad asciende al 7% y no se puede tirar mucho más de la cuerda. Ni siquiera ha logrado aplacar el nerviosismo por la reforma jubilatoria, cuyos efectos, por otra parte, se van a ir viendo más a mediano plazo. Esto es lo que explica el afán del gobierno por acentuar el ajuste en otros planos. El Ejecutivo ha enviado al Congreso un paquete de leyes que apuntan a recortar los salarios y condiciones de trabajo de los empleados públicos y en los servicios. La entrega de fondos a los estados (provincias) estará condicionada a que cumplan con metas de ajuste fiscal. Pero este paquete implica un ataque de grandes proporciones, lo cual plantea una nueva prueba de fuerza con los trabajadores y la juventud de Brasil. Esta nueva pulseada se va a procesar en medio de un escenario de rebeliones populares en América Latina. Entre los motivos de la devaluación de la divisa brasilera, diferentes analistas destacan, precisamente, la “inestabilidad política” de la región. Hay un temor fundado por el efecto “contagio” de conflictos regionales que han detonado frente a planes de austeridad similares a los que pretende llevar el gobierno de Brasilia. Un anticipo es la rebelión educativa que ha tenido lugar meses atrás con motivo de los recortes en educación. Ni qué hablar que una rebelión popular en Brasil terminaría por desestabilizar políticamente al conjunto del continente.


Este empantanamiento y crecientes contradicciones económicas están en la base del deterioro político de Bolsonaro. Los enfrentamientos entre el ex capitán de navío y los grandes medios de comunicación, así como la fractura y divisiones de su partido de origen -el PSL- son un reflejo del rechazo a su gobierno por grandes franjas de la burguesía. La liberación de Lula es otra expresión del debilitamiento creciente del régimen en medio de denuncias que se filtran de que la condena al referente del PT fue un operativo orquestado por el juez Sergio Moro y actual ministro de Justicia con los servicios de inteligencia. Bolsonaro se ha visto salpicado también por las denuncias sobre sus vínculos con uno de los que ejecutaron el asesinato de Marielle Franco, concejal del PSOL. 


Bolsonaro viene erosionando su base apoyo. La aprobación del presidente bajó del 49 al 31% actual. Ni siquiera ha podido remontar la situación con la sanción de la ley jubilatoria. “No fue el gobierno de Bolsonaro sino el Congreso el que redactó la reforma de pensiones recientemente aprobada” (DW, 28/10). “Hoy estamos operando con un semiparlamentarismo”, asegura el sociólogo Demétrio Magnoli (ídem). 


En medio de este cuadro, Lula ha anunciado que empezará a recorrer el país con la mira puesta en las elecciones de 2022. Estamos ante una réplica del "hay 2018", una película que terminó como es sabido, con Lula condenado y encarcelado y el triunfo de Bolsonaro. El hecho de que Lula practique un discurso más “encendido” contra Bolsonaro no puede ni debe encubrir el hecho de que el PT y sus aliados sindicales, empezando por la dirigencia de la CUT, están dejando pasar la ofensiva que viene llevando adelante el gobierno.


La situación reclama una respuesta ccolectiva de la clase obrera. Y esto pone sobre el tapete la necesidad de un Congreso de bases de los sindicatos y centrales obreras, que incorpore a la juventud y los movimiento sociales para impulsar un plan de lucha hasta derrotar la ofensiva de Bolsonaro. Al mismo tiempo, sería la oportunidad para discutir un programa de salida a la crisis. La esperanza de volver a la "bonanza” y el equilibrio logrado en la época lulista son infundadas, no tienen una base "realista" en medio de un escenario dominado por la crisis capitalista internacional. Se trata del retorno a un pasado inviable. El porvenir pasa por una transformación integral de Brasil sobre nuevas bases sociales, tarea que está reservada a los trabajadores que deben catapultarse como alternativa de poder.