Brasil: La huelga de estatales en su fase decisiva

El gobierno Lula sigue “sorprendiendo” hasta a sus más calurosos defensores. El 2 de agosto, en la ocupación del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) por los huelguistas estatales que luchan contra la privatización de la previsión social, la policía usó gas lacrimógeno y armas para desalojar a los ocupantes, entre los que se hallaba la senadora “disidente” del PT, Heloísa Helena, que fue arrastrada por el piso y tuvo que ser hospitalizada. Frente a la radicalización de la lucha, el gobierno adelantó para el 5 de agosto (a la noche) el primer turno de votación de la reforma en la Cámara de Diputados, en Brasilia, frente a lo cual el movimiento sindical estatal adelantó para el 6, por la mañana, su marcha hacia el Congreso, inicialmente prevista para el 19. A pesar de la improvisación, más de 60 mil trabajadores marcharon hacia la Plaza de los Tres Poderes, con gran combatividad. Al pretender ejercer su derecho constitucional de observar in situ los debates y votaciones de la Cámara, fueron contenidos por la policía y la seguridad; varios compañeros fueron detenidos en los enfrentamientos.


Las votaciones, por primera vez desde los tiempos de la dictadura militar, transcurrieron de madrugada, con las galerías del Congreso vacías y vigiladas por la policía. El proyecto “modificado” del gobierno Lula, que no engañó a nadie, mantiene el impuesto de 11% para las jubilaciones y pensiones, la quiebra de la integralidad y la paridad (entre activos y jubilados), el tope jubilatorio de 2.400 reales (poco más de 800 dólares… ahora, quién sabe cuánto mañana), el aumento de la edad jubilatoria (55 años de edad y 30 de contribución – no de servicio- para las mujeres; 60 y 35, respectivamente, para los hombres; además de 20 años en el servicio público y 10 años en el cargo ejercido, para ambos). Las pensiones de menores y viudas sufren enormes reducciones. Además, establece los fondos “complementarios” (privados) para las jubilaciones superiores a esos topes, supuestamente “cerrados” (para ser gerenciados por los ex dirigentes sindicales burocráticos, encabezados por el ex lambertista Gushiken y su acólito Versión – ministro de la Previsión-, pero esto también es materia a ser definida por ley complementaria (que podrá abrir explícitamente los fondos a la voracidad “abierta” del capital financiero nacional e internacional). Es un negocio que supera, con creces, la totalidad de las privatizaciones fraudulentas realizadas por el gobierno “neoliberal” de Fernando Henrique Cardoso.


El impacto fiscal de la reforma será, en lo inmediato (el propio gobierno lo reconoce), negativo, por la caída de captaciones previsionales, y la ganancia fiscal se reducirá a menos del 10% del supuesto pasivo previsional (Jornal do Brasil, 6/8); o sea que las cuentas nacionales continuarán alegremente en el camino de la bancarrota. El “sentido” de la reforma, por lo tanto, no es “fiscalista”, sino de satisfacción de los intereses del gran capital financiero. El gobierno de Lula es el más perfecto agente de los intereses del gran capital en el último medio siglo.


El gobierno precisaba de 308 votos (60% de la Cámara, de 513 diputados), para hacer aprobar su enmienda constitucional. La coalición gubernamental posee 325 diputados (incluidos 92 del PT), de los cuales sólo 261 votaron en favor del proyecto Lula-Berzoini-Gushiken; hubo 42 votos en contra (entre ellos tres del PT), 9 abstenciones y 12 “ausencias” en la bancada gubernamental (incluidos 12 representantes del propio PT). El proyecto fue, sin embargo, aprobado con 358 votos, gracias a los votos favorables de 97 diputados de la “oposición” (?) derechista. Para ello, Lula y su gabinete distribuyeron generosamente nada menos que dos mil millones de reales (casi 700 millones de dól ares) del presupuesto nacional para “proyectos” de la derecha (Gazeta Mercantil, 4/8), un festival de corrupción que debe haber dejado envidiosos a los otrora corruptos ministros de la dictadura militar. El gobierno de Lula, el gobierno del Foro Social Mundial, el gobierno de los “anti-globalizadores anti-neoliberales”, el gobierno de centroizquierda del Frente Popular, es una agencia corrupta del capital financiero internacional.


Ahora, los estados, gobernados en su casi totalidad por la derecha, harán su festival de “ajustes previsionales”, que dejarán chiquito al de Lula, con la luz verde de la ley federal (ya se prevén descuentos a los jubilados muy superiores a los 11% de Lula y Cía.). Por ese y otros motivos (falta la segunda votación en Diputados y la votación del Senado) la huelga de los estatales sigue firme. El gobierno, admitiendo un “techo” especial para los judiciales, consiguó evitar la huelga de jueces, prevista para el 5 de agosto. Pero más de 70% de los casi 900 mil empleados estatales federales se mantienen en huelga, incluyendo el 90% de los auditores impositivos. 44 de las 53 universidades federales están en huelga docente, que también abarca a más de 90% de los trabajadores no docentes de esas universidades. En el estado de San Pablo, los profesores municipales acaban de votar su entrada en la huelga; las universidades estaduales, USP, Unesp y Unicamp, han entrado en huelga entre el 6 y el 11 de agosto, votada en asambleas generales. Para el 19 de agosto está prevista una gran marcha de los estatales en Brasilia, que deberá superar a las ya realizadas: 40 mil el 24 de julio y más de 60 mil el 6 de agosto.


Hay que masificar la huelga; hay que unir esta lucha con la de los metalúrgicos paulistas contra los 4.000 despidos anunciados, con la campaña salarial unificada de la CUT, con la lucha de los Sin Tierra por la legalización de las ocupaciones y asentamientos y por la inmediata reforma agraria. Hay que organizar la huelga política de masas contra el gobierno del que fue definido por un cartel exhibido en el Congreso, cuando la votación de la reforma previsional, como el “PT (Partido de los Traidores)”.