La huelga petrolera en Brasil ha entrado en su cuarta semana y se man­tiene firme, a pesar de la violenta ofen­siva que han lanzado contra ella el go­bierno y la burguesía y de que varios corresponsales de diarios argentinos la dan por terminada. Las refinerías si­guen paradas, el nivel de producción es bajísimo (apenas el 20% de lo normal) y se ha cortado el suministro de energía a cientos de empresas.

Durante casi un mes, el gobierno utilizó todos los medios a su alcance para quebrarla: en dos oportunidades la justicia decretó su ilegalidad e impuso una multa millonaria a los sindicatos; la empresa despidió a un centenar de tra­bajadores y no pagó los salarios; el go­bierno decretó la ocupación militar de cuatro refinerías; el sindicato petrolero de Macaé denunció que la Petrobras “usó la fuerza” para ocupar dos plata­formas en la Bacía de Campos, el mayor complejo de producción petrolera de Brasil. Cardoso recurrió incluso a la importación de combustibles y aún de técnicos e ingenieros argentinos para mantener en operaciones las refinerías (Ambito Financiero, 29/5). La campaña de “terrorismo democrático” lanzada por la burguesía contra los trabajadores —a los que acusa de “subversivos” y “golpistas” por negarse a acatar las órdenes de los jueces —es sencillamente descomunal: los “demócratas” simple­mente pasan por alto que la única sub­versiva es la propia justicia, que desco­noció el acuerdo salarial que el gremio firmó a fines del año pasado con Itamar Franco. Sin embargo, cada uno de estos ataques gubernamentales “radicalizó la huelga” (Folha de Sao Paulo, 26/5).

PT

Desde el comienzo de la huelga, el PT evitó ponerse del lado de los huelguistas y Lula declaró su disposición a actuar como “mediador”. Averaldo Menezes de Almeida, presidente del sindicato petrolero de la Bajada Santista, no erró el viscachazo cuando denunció que “la cú­pula del PT está llevando al partido a quedar encima del muro” (Folha de Sao Paulo, 23/5). Los parlamentarios del PT formaron, junto con los diputados oficialistas, una comisión que tenía por objeto “acercar a las partes”.

Cuando la justicial laboral (TST) de­claró la ilegalidad de la huelga petrole­ra, la dirección del PT se negó a enfren­tar al tribunal… con la excusa de que se trataría de una institución de la de­mocracia”. El TST, sin embargo, nada tiene que ver con la democracia sino que es una institución heredada de la dicta­dura militar, cuyo único objeto es impe­dir el derecho de huelga. El senador Eduardo Suplicy planteó abiertamente que “sólo un acuerdo político con el TST podría superar la impasse (de la huelga)” (Folha de Sao Paulo, 23/5) y, el propio Lula declaró que “las expectati­vas están ahora en el TST”…

Conforme la huelga se fue profundi­zando, la aparente “neutralidad” de la dirección del PT fue revelándose como una oposición. En un reportaje publicado en Página! 12 (28/5), Marco Aurelio García, de la ejecutiva del PT, criticó abiertamente a los huelguistas: argumentos: “Creo que los petrole­ros cometieron un error mezclan­do la reivindicación económica con su oposición, justa por demás, a la quiebra del monopolio i petróleo”, para terminar diciendo que “las huelgas de los servicios son cada vez más impopulares”. El propio Lula atacó a los huelguistas: “al comando de la huelga le faltó habilidad” (Folha de Sao Paulo, 23/5)

Al igual que García, Lula, Jair Menguelli (ex presidente de la CUT y actual diputado por el PT) y Vicentinho, actual presidente de la CUT, reclamaron una ley de huelga que establezca “reglas más claras que no perjudiquen a la población” (O Estado de Sao Paulo 28/ 5), o lo que es lo mismo, que declare la obligación de mantener la prestación de determinados servicios que el Estado considere “esenciales”.

La política de la CUT estuvo dictada por la misma orientación. Por eso la mantuvo aislada, no movilizó al conjunto del movimiento obrero para ganar una huelga en la cual no sólo está en juego la suerte de los petroleros. Esto porque la derrota de la huelga petrolera es, tam­bién, un requisito para que la burguesía y el gobierno vayan a fondo en la liquida­ción en masa de las conquistas obreras: la destrucción del sistema previsional esta­tal, la “flexibilización” aún mayor de las condiciones de trabajo y la miseria salarial. El punto culminante de esta política de la CUT fue su cerrada negati­va a convocar la huelga general de apoyo y solidaridad que le redamaban los sindicatos petroleros. Por el contrario, José Zunga, presidente de la CUT de Brasilia, justificó un levantamiento de la huelga diciendo que “tenemos que pensar que la vuelta al trabajo de los petroleros (sin obtener ninguna de sus reivindica­ciones) no es una derrota”.