La organización Human Rights Watch (HRW) en su Informe 2006 dice: “En los últimos cinco años, el gobierno autorizó la tortura y otras técnicas de interrogación abusivas, 'desapareció' a docenas de presuntos terroristas en cárceles secretas, alteró el derecho nacional para permitir la detención indefinida sin cargos de personas sospechosas de vínculos con el terrorismo, y confinó a cientos en la Bahía de Guantánamo sin cargos, a la vez que les niega información sobre la causa de su detención y oportunidad de responder. La administración ha buscado exceptuar sus actos de revisión judicial”. Jonathan Hafetz, de la Universidad de Nueva York, dice que “la política de detenciones del gobierno de Bush logró revertir en cinco años todo el andamiaje legal construido en 200 años de democracia. La cuestión no es sólo cerrar Guantánamo, todo el derecho se ha pervertido”.

 

¿Dónde estaban el Congreso y la Justicia? Colaborando. A fines del 2005, el Congreso aprobó una ley que prohíbe el uso de “tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Bush presentó un proyecto para exceptuar a la CIA de ese límite. Si bien el Congreso rechazó la propuesta, redujo las torturas “perseguibles penalmente según la ley de Crímenes de Guerra, creando un umbral más alto para considerar que se inflige grave dolor o sufrimiento físico o mental” (HRW).

 

Tampoco la Corte objetó la ley que prohíbe a cualquier “combatiente enemigo” cuestionar judicialmente su detención y el trato recibido, aun después de su liberación.

 

En junio de 2006, la Corte eliminó las Comisiones Militares creadas para juzgar a “extranjeros terroristas”. En septiembre, en respuesta, el Congreso amplió la jurisdicción de la Comisiones autorizándolas a juzgar incluso a ex residentes estadounidenses acusados de “combatiente enemigo ilegal”, una definición tan ambigua que “potencialmente vuelve a cualquier civil un combatiente” (HRW). También hizo retroactivas esas disposiciones a cualquier persona “bajo custodia de los EE.UU.” en cualquier país. Esta legislación permite que los acusados apelen la condena ante tribunales civiles pero mantiene como válidas las declaraciones obtenidas mediante “tratos crueles, inhumanos o degradantes” si el juez las cree “confiables” (sic).

 

Si la Corte no declara inconstitucional esta ley, serán desestimados más de 200 casos de hábeas corpus pendientes a favor de detenidos en Guantánamo, de Ali al—Marri (ver aparte) y de detenidos en Afganistán.