30/09/2020

Chile, a semanas del plebiscito y del aniversario de la rebelión

Empujado por los alarmantes índices de desocupación que azotan a Chile, el gobierno ha lanzado un plan de promoción de empleo. Según el propio Sebastián Piñera, el plan apunta a generar un millón de nuevos puestos de trabajo, sobre la base de subsidiar el 50% o el 60% de los salarios de los nuevos empleados que tomen las patronales. Sin embargo, las limitaciones del plan son evidentes. Por un lado, porque una parte importante de los despidos que se han producido en los últimos meses son consecuencia de la quiebra de numerosas empresas. Esas empresas, naturalmente, serán incapaces de contratar nuevos trabajadores, por más subsidios que se les garantice. Por otro lado, porque los despidos que han sido ejecutados por patronales que hasta el momento han logrado sobrevivir a la crisis en curso, muy difícilmente procedan a contratar nueva mano de obra. Es que esas patronales, que se han valido de la pandemia para ejecutar millones de despidos sin antes abrir sus libros de contabilidad y rendir cuentas del verdadero estado de sus finanzas, pretenderán alcanzar los índices de actividad y productividad previos a la pandemia con planteles de trabajadores reducidos. Es decir, agudizando la tasa de explotación de los trabajadores en actividad.

Esta falsa “promoción del empleo” que impulsa el gobierno es la respuesta a otra variante de emergencia sugerida por la oposición. Nos referimos a la iniciativa que pretende dar curso a un nuevo retiro del 10% de los fondos de la AFP por parte de los trabajadores. Pero un nuevo retiro de fondos sería, al igual que el primer retiro, pan para hoy y hambre para mañana. No solo por lo efímero del propio aporte, sino porque significa que las y los trabajadores vuelvan a echar mano en sus propios aportes jubilatorios, mientras el Estado continúa subsidiando a la clase capitalista. Aunque por el momento el gobierno, que es un lobista de las AFP, ha rechazado la iniciativa, es claro que las alternativas de ‘salida’ que el oficialismo y la oposición proponen ante la gigantesca crisis social que atraviesa nuestro país representan un fiasco. Pues una crisis de semejante envergadura requiere medidas de fondo, como establecer un seguro al parado, equivalente a los 500 mil pesos, y proceder al reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados sin reducción de salarios, para de esa manera poder garantizar el pleno empleo. A su vez, se plantea avanzar en la estatización sin indemnización de las AFP y que los fondos previsionales pasen a estar administrados por  representantes electos de trabajadores y jubilados. Eso, sin embargo, plantearía un choque de fondo con las patronales, que ni el gobierno ni la oposición tienen la voluntad de protagonizar.

En el mismo momento en que el gobierno impulsa el “plan de empleo”, se habilita el desconfinamiento del 100% de la población de la región metropolitana, sin que ello vaya acompañado de un riguroso plan de protocolos de seguridad e higiene en cada lugar de trabajo. La lucha por la imposición de esos protocolos, que encontraran la resistencia de las patronales y del gobierno, será un aspecto central en la próxima etapa para preservar la salud de la clase trabajadora. El desconfinamiento, sin embargo, se lleva a cabo sin que se levante el toque de queda con lo cual queda en evidencia su finalidad represiva, aunque se hayan esgrimido razones sanitarias para establecerlo.

Maniobras contrarrevolucionarias

En este cuadro de agudización de la crisis social, un editorial dominical del El Mercurio festejó la apertura de la totalidad de las bocas del Metro por primera vez desde el 18 de octubre pasado. La burguesía ha visto en este hecho un símbolo de recomposición de la autoridad del Estado, un  principio de retorno “al orden” contra “la anarquía” que desató la rebelión popular. Por eso lo festeja. Sin embargo, el establishment también intuye que en el plebiscito del 25 de octubre triunfará holgadamente el “Apruebo”, y por eso ha reforzado su campaña para defender y reivindicar el carácter amañado del proceso constituyente, tal cual quedó establecido en el “Acuerdo por la Paz social y la Nueva Constitución”, que el oficialismo y la oposición firmaron el 15 de noviembre pasado.

De conjunto, la clase capitalista se encuentra depositando fuertes expectativas en que el proceso electoral de 2021 sea un factor decisivo para poner fin, de una buena vez por todas, al proceso abierto por la rebelión popular. Por eso los partidos del sistema han largado tempranamente el debate electoral y se discute tanto en la oposición como en la coalición oficial distintas variantes de internas. En esa ruta se anotó, antes que nadie, el partido que se ubica en la extrema izquierda del arco político del régimen: el Partido Comunista. Este se apoya en la alta intención de votos que Daniel Jadue recoge en las encuestas para reivindicar su pasada participación en la Nueva Mayoría, con el objetivo de reproducir la experiencia,  pero en esta oportunidad bajo su propio liderazgo. Con independencia de la zozobra que la candidatura de Jadue ha despertado en la reacción política, lo que importa es caracterizar la orientación que el PC levanta. Este, que se ha valido de su rol dirigente en la CUT para impedir por todos los medios la intervención activa de la clase obrera en la crisis chilena, pretende dar forma a un gran frente de colaboración de clases, que ponga a la clase trabajadora como furgón de cola de la burguesía. En su documento pre-congresal, el PC ha lanzado su cruzada contra el “neoliberalismo” bajo la bandera de la defensa de la “democracia”, es decir, bajo la bandera de la defensa del Estado capitalista. Su alineamiento con los gobiernos de Alberto Fernández de Argentina y López Obrador de México, con quienes integra el Grupo Puebla, revelan una orientación nacionalista, aunque timorata, ya que el primero se encuentra negociando con el FMI y el segundo pactando con Trump.

De todas formas, al PC no le será fácil concretar el engendro soñado. La centroizquierda “neoliberal” quiere conocer hasta dónde llega el “principismo” del PC, y lo llama a fijar posición ante las denuncias levantadas en la ONU contra el régimen venezolano, por la violación de los derechos humanos. Esto ha dado lugar a declaraciones contrapuestas entre la diputada estrella del PC, Camila Vallejo, y el aparato partidario. Por otro parte, el Frente Amplio, que a diferencia del PC sí firmó el contrarrevolucionario “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, corrió por izquierda al PC denunciándolo de querer realizar alianzas con los partidos de la centroizquierda “neoliberal” y rechazando participar de una interna de toda la oposición.

Preparar el 18 y el 25 de octubre 

En este cuadro se aproxima el aniversario del estallido de la rebelión popular y tiene lugar el inicio formal de la campaña hacia el plebiscito del 25 de octubre. A todas luces, la situación desesperante que se encuentra atravesando la clase trabajadora y los sectores populares de nuestro país no está en la agenda de los partidos del régimen, inmersos en las maniobras para canalizar el descontento popular por la vía institucional. Pero la crisis por la que atraviesa Chile está muy lejos de circunscribirse a una “crisis de representación”, que se pueda resolver por los canales tradicionales del régimen. La crisis chilena es la crisis de todo un régimen social, que tiene como telón de fondo a la mayor crisis capitalista de la historia. La única respuesta positiva para las masas solo podrá emerger de las propias masas, que a través de una acción histórica independiente logren poner fin al gobierno de Piñera y todos sus secuaces, y convocar a una asamblea constituyente verdaderamente libre y soberana, para abrir paso a una transformación social de fondo.

En lo inmediato, lo que urge es retomar las calles por nuestras reivindicaciones inmediatas: por la prohibición de despidos y suspensiones; el reparto de las horas de trabajo; el seguro al parado; por salarios y jubilaciones mínimas de 800 mil pesos; etc. Es necesario impulsar en cada gremio y lugar de trabajo asambleas, acciones de lucha y pronunciamientos por un congreso general de trabajadores. Es necesario preparar una gigantesca demostración de fuerzas para el próximo 18 de octubre, que muestre la vitalidad de la rebelión popular y pavimente el tramo final de la campaña por la victoria del “apruebo” el 25 de octubre.

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