La tragedia producida por el sismo que devastó Chile se transformó rápidamente en crisis política, en un principio de colapso del Estado, y puso en evidencia un pacto entre “progresistas” y pinochetistas para militarizar el país frente al descontento popular.

En Concepción, la segunda ciudad del país, a 519 kilómetros al sur de Santiago, “la población, desesperada por la falta de agua, comida y productos básicos, asaltó supermercados y farmacias” (La Nación, 1º/3). Con menos intensidad, situaciones similares se generaban en Coronel, Constitución, Talca, Curicó, Linares e incluso en la capital del país, “mientras las fuerzas del orden reducían a la población a punta de golpes y gases lacrimógenos” (ídem). Sin embargo, la represión policial no fue suficiente y el gobierno declaró el toque de queda y sacó al ejército a la calle. Ahora, por disposición directa del gobierno, los militares tienen orden de “tirar a matar” a quien no responda a la primera voz de detención.

“…Una enorme responsabilidad recae sobre los militares que, en virtud de la declaración del estado de catástrofe, tienen bajo su dependencia inmediata las regiones de Maule y Bío Bío. Por su intermedio, la presidenta de la República puede (…) restringir las libertades de locomoción y reunión, incluido el toque de queda” (El Mercurio, 1º/3). Así, por primera vez desde la salida de la dictadura de Pinochet, la porción del país afectada por el sismo ha quedado bajo administración militar y con métodos y atribuciones parecidos a los de entonces.

Todo falla, salvo la represión

En Concepción, el primer camión con alimentos llegó casi 15 horas después de producido el temblor, cuando según los especialistas debió haber estado ahí en no más de cinco. Por otra parte, la ayuda se interrumpió y la gente quedó sin alimentos y hasta sin agua, de modo que los asaltos populares a supermercados se transformaron en un acto elemental de subsistencia.

Habían transcurrido doce horas desde el sismo y aún no llegaban las brigadas de rescate, mientras centenares de personas yacían bajo los escombros. “¿Qué están esperando, van a licitar las tareas de rescate? ¡A ver si se mueven, mierda, que hay cien personas ahí abajo!”, decía uno de los tantos mensajes emitidos por Twitter (La Nación, 28/2).

“El sistema oficial de comunicaciones, informaciones, trasmisión de instrucciones, envío de socorros y equipos especializados es insólitamente deficiente” (El Mercurio, ídem).

Además, el desastre puso en evidencia el negociado monstruoso que, con la complicidad de los mecanismos estatales, se ha cometido con la construcción de edificios y de carreteras. Las empresas constructoras no cumplieron con las normas antisísmicas y otras en vigencia, lo cual habría sido imposible si las autoridades hubiesen cumplido su tarea de fiscalización.

La “unidad nacional”

La isla de Robinson Crusoe, en el archipiélago Juan Fernández, en el Pacífico, fue arrasada por un tsunami que la Armada dijo, horas antes, que no se produciría, lo cual generó otra crisis entre esa fuerza y la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi). La Armada informó de un aumento de 18 centímetros en la marea, pero horas después la isla sufrió el embate de una ola de 15 metros de altura que dejó ocho muertos, catorce desaparecidos y tres kilómetros de fango hacia el interior desde la costa.

Simplemente, “el sistema de alerta temprana no funcionó, y (…) los publicitados ejercicios realizados en años recientes para preparar a la población contra esas eventualidades no surtieron efecto…” Esto es: todo fue una enorme estafa.

La militarización y el toque de queda, algo no visto en Chile desde los tiempos de Pinochet, fue respaldada decididamente por el presidente electo, el derechista Sebastián Piñera, quien sostuvo que la prioridad consiste en “restablecer el orden”.

En ese punto, la Concertación y la derecha han encontrado, por fin, a diez días del traspaso gubernamental, su gobierno de “unidad nacional”.

• Fuera el ejército de las calles, fuera el toque de queda.

• Incautación de los grandes supermercados y almacenes para garantizar el alimento a la población trabajadora.

• Comités populares para asegurar la distribución de víveres y medicamentos.

• Incautación de toda vivienda desocupada para albergar a quienes quedaron sin techo.

• Plan de reconstrucción bajo control de los organismos del pueblo trabajador.