Como todo el mundo previó, la política del gobierno de Sebastián Piñera llevó al colapso al sistema sanitario chileno. La situación se torna dramática.

El viernes 29 Chile tuvo un pico de fallecidos y de nuevos infectados de coronavirus en 24 horas. Acumula 86.000 contagiados y ya supera, en términos absolutos, la cantidad de contagios registrados en China. La situación es aún peor si se contempla la cantidad de infectados por habitantes, índice que ubica al país trasandino entre los diez países más golpeados por la propagación del virus.

En estos días, el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington proyectó que Chile acumulará, para principios de agosto, 12.000 víctimas fatales por Covid-19 (La Tercera 26/5). Esta nueva proyección es una variación notable respecto de su proyección previa, publicada a principios de mayo, donde estimaba menos de 700 muertes por coronavirus para principios de agosto. Ahora, el IHME prevé que Chile será el país latinoamericano con más víctimas fatales por Covid-19 cada 100.000 habitantes, superando incluso a Brasil.

A esta altura, la situación se ha tornado especialmente grave en la Región Metropolitana, dado que uno de cada diez pacientes necesitados de ventiladores mecánicos se encuentra fuera de las camas de cuidados intensivos (UCI) por falta de disponibilidad (El Mercurio 28/5). Esta situación es la que ha llevado a que se realicen más de cien traslados desde Santiago a distintas regiones del país, con el objetivo de habilitar camas UCI para los nuevos infectados en situación crítica. Asimismo, la falta de camas comunes para poder aislar a los infectados con Covid-19 que no se encuentran en estado de gravedad pero que no pueden realizar el aislamiento correspondiente en sus propias viviendas, ha puesto en evidencia el flagelo del déficit habitacional y los niveles de hacinamiento que padecen las familias trabajadoras chilenas.

Es claro que Chile ingresa a esta situación como resultado de la política de Piñera y todo su gobierno, que rechazaron implementar la cuarentena en aras de “proteger la economía” capitalista, y solo la decretaron luego de que el virus se propagara profusamente. Pero también es claro que el coronavirus encuentra al sistema sanitario público chileno golpeado por décadas de vaciamiento, que el gobierno no ha tratado de revertir ni siquiera ante la emergencia pandémica. La falta de instrumentos e insumos en los hospitales ha llevado a que en los últimos 40 días se quintupliquen la cantidad de trabajadores de la salud contagiados.  

La otra pandemia

El progreso de la catástrofe sanitaria se entrecruza con la otra pandemia, la de la crisis capitalista y sus consecuencias sociales. La desocupación en el Gran Santiago alcanzó el 15,6% de la población económicamente activa, y se proyecta que llegue al 20% en junio. La ministra de Trabajo, María José Zaldívar, señaló que los índices de desempleo que se harán públicos este viernes “serán muy duros” y que en todo Chile la cifra de desocupados llegará al millón. Se trata de los índices de desempleo más altos de los últimos 30 años. Naturalmente, de la mano del crecimiento de la desocupación ha crecido la carestía y la hambruna, que están motivando importantes movilizaciones y jornadas de protestas de parte de los pobladores y trabajadores.

En este escenario, las medidas de contención social impulsadas por el gobierno y el parlamento han sido completamente irrisorias. El Ingreso Familiar de Emergencia representa un subsidio que apenas cubre el 20% del costo de la canasta básica; y el ingreso mínimo garantizado, que recibirán cerca de 700.000 trabajadores, es apenas un subsidio para llevar los salarios mínimos al 75% de la canasta básica. El escamoteo del gobierno a la hora de dar respuesta a las necesidades más apremiantes de los trabajadores chilenos contrasta con su voluntad de avanzar en un rescate a Latam, la principal empresa aérea de América Latina. Latam acaba de despedir a casi 2.000 trabajadores en el subcontinente, de los cuales 290 son de Chile.

Estrategias en danza

Consciente de la profunda crisis que atraviesa el país, y más aun de la que le depara, Piñera ha lanzado una campaña para poner en pie un nuevo “acuerdo nacional”. El trasfondo de la iniciativa apunta a que los partidos del régimen cierren filas contra un potencial nuevo alzamiento generalizado de las masas. Sucede que todas las contradicciones sociales que dieron lugar a la rebelión popular iniciada en octubre de 2019 no se han resuelto y, por el contrario, se han agudizado sensiblemente. La oposición ya ha dado señales de que se allanaría a esta nueva convocatoria, ratificando la orientación plasmada en el “acuerdo por la paz social y la nueva constitución” de noviembre del año pasado. El PC, que ha pretendido colocarse distante de la iniciativa de Piñera, se ha limitado a un cretinismo parlamentario y ha colocado a la CUT en una completa parálisis.  

En oposición a toda esta orientación, se impone la necesidad de organizar la lucha por las reivindicaciones más inmediatas del pueblo chileno: en defensa de la salud, de los puestos de trabajo y por el seguro al parado. El crecimiento exponencial del desempleo plantea la necesidad de avanzar en la organización independiente de los trabajadores desocupados, recogiendo la experiencia y enseñanzas que arroja el movimiento piquetero argentino. La pelea por estas reivindicaciones será un motor fundamental para lograr echar a Piñera y dar lugar a una Asamblea Constituyente libre y soberana.