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Ver las llamas cuando salían del cuarto piso de la torre 5, en la cárcel de San Miguel, sabiendo que allí estaban encerradas muchas personas quemándose, generó una sensación de impotencia y desesperación para los familiares de los reos que observaban desde los alrededores. Después vino rabia al percatarse de las condiciones miserables y de barbarie humana a que son sometidos.

Allí perecieron 81 personas encerradas y atrapadas por las llamas, y varios heridos graves de los que se teme por su vida. Aunque fue producto de una violenta riña entre los internos, la realidad es que el incendio sacó nuevamente a la luz pública que el hacinamiento, la represión de los “pacos” (gendarmería), las malas condiciones de vida y las violentas peleas que se producen al interior de las cárceles para los reos es el pan de todos los días. Es importante destacar, también, que todas las cárceles del país están con una sobrepoblación que sobrepasa a casi el doble de su capacidad.

El incendio de la cárcel de San Miguel y la serie de factores que incidieron para que llegase a producir una tragedia que deja como saldo una enorme cantidad de muertos y heridos, nos debe llevar a meditar que este verdadero desastre carcelario es consecuencia de la profunda crisis en que está sumido el sistema capitalista a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.

La crisis capitalista genera altos niveles de delincuencia, prostitución y consumo de alcohol y drogas en los barrios obreros, son indicadores que están directamente relacionados con la alta cesantía y pobreza en que viven los trabajadores por el cierre generalizado de empresas, la precarización de los sueldos y la falta de oportunidad laboral que afecta principalmente a la juventud, y ésta es la razón por la cual opta por criminalizarse para vivir. De allí, entonces, que la mayoría de la población penal en todo el país se compone de juventud.

El otro aspecto es que al momento de producirse el incendio, en la cárcel sólo se encontraba un personal de cinco gendarmes para la vigilancia de una población de 1.900 internos, y con un alto grado de violencia entre ellos. Esto demuestra la falta de recursos del personal de vigilancia de las cárceles. Recordemos que, el año pasado, Gendarmería realizó huelgas y movilizaciones por mejoras salariales y denunciaron, también, la precariedad de las condiciones en que laboraban en las cárceles. Refiriéndose a este tema, un oficial de Gendarmería declaró por la televisión que la falta de recursos para el sector penitenciario es un problema de Estado. ¿Cómo, entonces, el Estado trata de solucionar el problema penitenciario?

Suicidios en cárceles concesionadas

Fue en el período del socialista Lagos que se inicia el Programa de Cárceles Concesionadas. Actualmente, existen seis cárceles concesionadas en el país, que alojan cerca de 10.000 internos. La Comisión Defensora Ciudadana, entregó un informe que compara el nuevo sistema carcelario con el antiguo y destaca al nuevo sistema concesionado en mayor tecnología, confortabilidad y segregación como un gran avance penitenciario. El negociado de este nuevo sistema es que su mantención es de muy alto costo para el Estado y beneficioso económicamente para los concesionarios.

Sin embargo, los datos recopilados de reclusos que se suicidan en las cárceles concesionadas son terroríficos. Aquí son albergados sólo el 20,6% de la población encarcelada, pero concentran el 53,3% de los suicidios. A diferencia de las cárceles tradicionales, el 1,75 por cada 10.000 se suicida. La cifra en las cárceles concesionadas es de 8 por cada 10.000, es decir que presentan una tendencia de quitarse la vida más de cuatro veces superior a las tradicionales. La pregunta es: ¿qué lleva a los reclusos de estas “nuevas” cárceles a no superar la desesperanza y que lleva a los detenidos a quitarse la vida?

La respuesta la podemos encontrar en la política del “nuevo sistema penitenciario”. La mayor parte de los esfuerzos que han realizado los gobiernos concertacionistas se ha centrado en la búsqueda de un sistema penitenciario que logre del modo más eficiente la “redención” del delincuente.

Los primeros sistemas, con fuerte inspiración religiosa y muy reaccionarios asociaban el delito con la noción del pecado y, por supuesto, ponían el acento en la reflexión que condujera a los detenidos de mayor conflictividad al arrepentimiento. Para esto, aplicar el aislamiento físico y espiritual es la condición indispensable para su “redención”, además de la implantación de la “ley del silencio” que prohíbe al recluso no sólo hablar sino también escuchar a otros seres humanos.

Hemos escuchado denuncias que a los comuneros mapuches detenidos se les aplicaron métodos de tortura similares a los detenidos en Guantánamo: sometidos a aislamiento, oscuridad absoluta, vendados durante días, etc. Todas estas torturas, aplicadas con el objetivo de “redimir” a los condenados, provoca graves daños a la salud mental.

La diferencia que existe entre las cárceles tradicionales y las concesionadas es que las primeras se adscribieron a los llamados “sistemas progresivos”, que pretenden la reinserción social del delincuente a través de trabajo, educación y la concesión gradual de espacios de libertad con permisos de salida. Eso es un proyecto, pero la realidad es que los mismos gendarmes denuncian que existe una gran falencia en las actividades de rehabilitación, la mayoría de estos talleres permanecen vacíos y de esto han transcurridos años que no se solucionan los problemas. Estos “sistemas progresivos” no pueden llevarse adelante por la crisis que vive el sistema capitalista. No hay dinero para financiar estos proyectos penitenciarios y dejan en total abandono a los presos y sin recursos a los gendarmes. Con el incendio de la cárcel de San Miguel toma más fuerza la idea reaccionaria de la “redención” de los presos en más “cárceles concesionadas”.