El “acuartelamiento” del Ejército chileno —dispuesto por su comandante Pinochet el pasado 28 de mayo—, ha culminado con un compromiso que satisface las principales exigencias del Alto Mando pinochetista. Militares y funcionarios del gobierno democristiano-socialista acordaron estudiar “la ampliación de la ley de amnistía vigente para los delitos cometidos entre 1974 y 1978” (El Mercurio, 4/6). Al mismo tiempo, el gobierno “dejará pendientes las solicitudes de indulto a los autores del atentado a Pinochet en 1986 y se postergará para 1994 la reforma a la ley orgánica de las FF.AA. que le permitirá al presidente de la república la remoción de oficiales” (Clarín, 4/6). Aunque el gobierno no confirmó el alcance de estos compromisos, el presidente de la Cámara de Diputados, Veira Gallo, se pronunció por una “amnistía restringida” para que los actuales “900 procesos por violaciones a los derechos humanos se reduzcan a 20” (El Mercurio,5/6).

El cuartelazo y el “pacto” posterior han preparado el terreno de un conjunto de indultos recíprocos, donde la libertad de los presos políticos de la dictadura quedará condicionada a un amplio blanqueo de los crímenes y negociados del pinochetismo. Una vez asegurado este rumbo, el geronte Pinochet producirá su previsible pase a retiro. Un paso que, por otra parte, ya plantean los principales voceros de los explotadores.  Para “El Mercurio”, que “el ex-presidente (sea) el actual Comandante en Jefe (…) es un factor que complica las relaciones (cívico-militares)”. Se prepara entonces el retiro de Pinochet como moneda de cambio de una “ley de punto final” trasandina.

Pero a pesar de los “esfuerzos” del gobierno “centroizquierdista”, la crisis militar no se ha cerrado y, en cierto modo, recién ha comenzado. Hay en Chile una pugna sorda por la sucesión del Alto  Mando militar. Un vocero conspicuo del pinchetismo, el senador designado Sinclair, atribuyó la aparición de las pruebas sobre el negociado que involucra a un hijo de Pinochet (y que terminaron desencadenando el “cuartelazo”) a “que el Ejército había sido infiltrado” (La Tercera, 2/6). Esto es, que la “movida de piso” a la clique pinochetista provenía de las propias filas del Ejército. El gobierno de Aylwin pretende acaparar para sí el manejo del presupuesto militar del Estado, para lo que cuenta con el apoyo del imperialismo (el “demócrata” Aylwin acaba de cerrar un acuerdo con el restauracionista Yeltsin, para rearmar a Chile con pertrechos rusos… y apoyo financiero imperialista). Pero para ello, precisa desplazar a los elementos más recalcitrantes del pinochetismo y conformar una cúpula militar adicta. Las investigaciones sobre los negociados pinochetistas han “salpicado”, también, a sectores de la gran burguesía vinculados a las exportaciones de armas. La disputa por el rumbo del ejército traduce, en definitiva, una lucha más general entre los explotadores trasandinos, en medio de un empantanamiento económico creciente (un sector de la gran burguesía está reclamando abiertamente una devaluación). Asistimos a la prematura descomposición de la “última institucionalización” latinoamericana.