La catástrofe de los conscriptos chilenos muertos en una tormenta de nieve en los Andes apunta a convertirse en una crisis política con la denuncia, formulada por algunos de los sobrevivientes, de que los altos mandos del Ejército les exigieron que no hablen de la tragedia.

Los conscriptos murieron como consecuencia de que el alto mando los envió a la alta montaña, sin ropa adecuada, desoyendo los alertas meteorológicos. Mientras tanto, los oficiales quedaban a cubierto en un refugio. Así murieron 45 jóvenes menores de 20 años.

Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes salieron a denunciar al generalato. “¿Por qué nuestros hijos?”, se preguntaba la vocera de los familiares (Clarín, 23/5). “¿Dónde están los hijos de la clase acomodada de Chile? ¿Por qué todos los muertos representan a los más pobres?” Los pibes que aceptaron hablar no quisieron dar su nombre por temor a las represalias.

La orden de silencio apunta a encubrir las responsabilidades políticas del alto mando.

El comandante en jefe del Ejército, el socialista Ricardo Lagos, no abrió la boca para defender la libertad de los jóvenes soldados para acusar a los responsables de la masacre.