La burocracia china acaba de darle status constitucional a su política de restauración capitalista al aprobar una enmienda constitucional que define a China como “una economía socialista de mercado”  en reemplazo de la vieja fórmula de “una economía planificada basada en la propiedad pública socialista” (International Herald Tribune, 30/3).

La reforma fue votada por la Legislatura, es decir sin la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La enmienda consagra la política de penetración imperialista en la República Popular, que ha alcanzado un nivel realmente espectacular. Hoy en China, la producción capitalista en las “zonas especiales” costeras supera en producción a la de las empresas estatizadas. La penetración de capitales externos y la explotación de una mano de obra extremadamente barata y “disciplinada”, han permitido a China protagonizar un crecimiento del 10% anual… mientras el mundo está sumergido en la recesión. Sin embargo, la reforma evita postular el derecho de propiedad, virtualmente reconocido en la práctica, para seguir dejando en manos de la burocracia el control del proceso económico y político.

La legislatura china tampoco votó ninguna modificación constitucional al régimen político policial existente. Al contrario, el último congreso del PC chino, celebrado el año pasado, llamó a “reforzar la vigilancia” especialmente en las fábricas, minas, empresas, escuelas y universidades.

La reforma constitucional, sin embargo, no puede zanjar la agudización de las contradicciones económicas y sociales que son la directa consecuencia de la política restauracionista, entre las cuales una masa de 100 millones de campesinos que deambulan sin trabajo por los campos no es ciertamente la menor. Tampoco lo es la acelerada obsolencia de las empresas estatizadas en relación a los competidores capitalistas. El conjunto de las contradicciones de toda índole que provoca la política restauracionista, “cocinadas” en la olla a presión de una dictadura totalitaria, terminará por derrumbar al “milagro” chino.