En Colombia se asiste a uno de los rasgos típicos de una situación revolucionaria: la acelerada descomposición del régimen político oficial.

En el plano económico, la situación es sencillamente de catástrofe. Colombia atraviesa la peor recesión de su historia, con desempleo récord del 20%. La fuga de capitales ha devaluado el peso hasta su nivel más bajo y la Bolsa de Bogotá ha batido todos los récords bajistas. Pero lo que marca “una sorprendente medida de la rapidez de la actual descomposición de Colombia” es la caída de la cotización de sus bonos de deuda externa, que “se negocian a niveles similares a los de los más riesgosos mercados emergentes” (Financial Times, 12/5). El gobierno de Pastrana pretende salir de esta crisis mediante un programa fondomonetarista de impuestazos, reforma jubilatoria y recorte de gastos públicos; en otras palabras, se encamina a desatar una rebelión popular en las grandes ciudades.

En el plano político, la debilidad del gobierno es aterradora. A pesar del apoyo de los grandes capitalistas, Pastrana fracasó en su intento de que el Congreso aprobara la convocatoria a un referéndum para disolver el parlamento y convocar a una Asamblea Constituyente. La crisis, que llevó a la renuncia del ministro del Interior (la tercera en apenas una semana), aún no se ha cerrado. Pastrana pretende ahora imponer el referéndum mediante una “iniciativa popular”. El choque entre Pastrana y el Congreso ha sido calificado por la prensa colombiana como “la amenaza más seria contra un gobierno en la reciente historia de Colombia” (Gazeta Mercantil, 15/5).

En el plano estatal, el Estado colombiano no domina su territorio. No sólo porque ha entregado una ” zona desmilitarizada” a las Farc en el sur del país y otra al ELN en el norte. Otra parte importante de su territorio está en manos de los paramilitares, que escapan al control del gobierno pero que están asistidos por las Fuerzas Armadas. El Ejército critica las “negociaciones de paz” de Pastrana con la guerrilla: hace poco menos de un año, el ministro de Defensa (un militar), 17 generales y 200 coroneles pasaron a retiro en señal de protesta por estas negociaciones.

Donde la descomposición del régimen político se pone en evidencia de una manera más aguda es en los territorios dominados por las Farc. Inicialmente, el gobierno y la guerrilla habían acordado que las autoridades civiles de la “zona desmilitarizada” (alcaldes, jueces, etc.) seguirían en sus puestos, aun cuando su autoridad fuera meramente formal. En aquel momento señalamos (Prensa Obrera, 8/7/99) que este “compromiso con la continuidad de la formalidad jurídica del Estado (…) responde a la orientación (de las Farc) de no quebrar en forma revolucionaria el orden actual sino de modificarlo a partir de sus propias bases (…) Detrás (de este compromiso) está, claro, la propiedad privada, la deuda externa, el respeto de los compromisos internacionales y, en general, la preservación de un régimen estatal”.

Pero en poco menos de un año, las Farc han debido anunciar que pondrán en pie su propio sistema judicial, un “impuesto revolucionario” y hasta una especie de aduana interna. La razón es que el poder del Estado se ha desvanecido, obligando a las Farc, hasta cierto punto contra su propia voluntad, a llenar ese vacío.

Esta acelerada descomposición llevó a Pastrana a plantear las “negociaciones de paz” con la guerrilla, en particular frente al temor de que la rebelión campesina se extendiera a los jóvenes de las barriadas miserables de las grandes ciudades. Las mismas razones llevaron a Clinton a apoyar esta iniciativa. Pero, precisamente esta descomposición es el principal obstáculo al avance de las negociaciones: a diferencia de las Farc o del ELN, el gobierno de Pastrana no puede asegurar que cumplirá sus compromisos. Esto no sólo se refiere a los paramilitares, entrelazados con los militares, los narcotraficantes y los grandes terratenientes. Se refiere al propio Ejército y también al Congreso, que ha pasado abiertamente a la oposición.

En este cuadro, el llamado “plan Colombia” –la operación ‘antidroga’ financiada por los norteamericanos que el gobierno se apresta a lanzar en las zonas dominadas por las Farc– es un intento desesperado del imperialismo. Pero el “plan Colombia” puede terminar siendo la chispa que incendie a Colombia.

Ocurre que los yanquis pretenden fumigar masivamente los campos dedicados al cultivo de coca, lo que provocará el desplazamiento de decenas de miles de campesinos. “Si Pastrana no tiene un plan muy concreto para resolver la situación de los campesinos afectados, será un desastre”, advierte Francisco Santos, director de El Tiempo, “(porque) un par de centenares de miles de campesinos se volcará a las Farc” (The New York Review, 27/4). Por cierto, Pastrana carece de los recursos para resolver la situación de los campesinos desplazados: la suma necesaria para la reconversión de las tierras dedicadas al cultivo de coca es sencillamente fenomenal, con el agravante de que no hay mercados para colocar los productos que reemplazarían a la coca. En Bolvia, la erradicación de las plantaciones de coca provocó una muy rápida y profunda pauperización de los campesinos.

Lo mismo teme la Iglesia: “(con) la fumigación de los cultivos, vamos a tener una enorme masa de desplazados dispuesta a defender lo que le pertenece y propensa a inclinarse a la guerrilla”. El obispo de Caguán, en la zona dominada por las Farc, advierte: “Si los Estados Unidos dan curso al ‘plan Colombia’ y Pastrana accede a fumigar las plantaciones de coca, tememos que esto sea otra revolución cubana…” (La Nación, 17/5).

En este cuadro de derrumbe, la disposición negociadora de las Farc y el ELN no podrá sostener al gobierno de Pastrana por mucho tiempo.