Internacionales
23/10/2008|1060
Colombia: Sublevación campesina, por tierra y libertad
Represión del ejército y los paramilitares: tres muertos y 80 heridos
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En Colombia, “el conflicto indígena ha estallado y nadie sabe cómo detenerlo” (El País, 18/10).
Miles de campesinos se han levantado y cortan rutas en 15 departamentos, mientras obreros rurales, cortadores de caña, están en huelga en el suroeste del país en solidaridad con los pueblos indígenas sublevados.
En el resguardo La María, a menos de 100 kilómetros de Cali, unos 7 mil campesinos se han atrincherado y exigen el cumplimiento de antiguos compromisos de devolución de tierras y el cese de los continuos crímenes contra sus dirigentes. La mayoría de los alzados pertenecen a la nación nasa.
La represión ha provocado hasta ahora tres muertos, entre ellos un bebé, y unos 80 heridos, ocho de ellos con munición de guerra. Según denuncian los campesinos, los que disparan con postas de plomo son paramilitares de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un ejército privado armado y financiado por el narcotráfico. Los paramilitares actúan protegidos por el ejército.
La protesta tiene por origen otra masacre cometida hace 18 años, cuando en Nilo fueron asesinados decenas de nasa y hubo despojos de tierras indias. A modo de compensación, el Estado se comprometió a entregarles 16 mil hectáreas y, luego, otras 8 mil. “Podemos demostrar que el 95 por ciento de los acuerdos firmados no se han cumplido”, declaró Luis Elvis Andrade, consejero mayor de la autoridad indígena nacional (ídem). En 2001, otra masacre paramilitar desalojó de sus tierras a campesinos de esa etnia, y la promesa de reubicarlos tampoco se ha cumplido.
Además, en lo que va del año fueron asesinados 22 dirigentes campesinos y la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) denunció que en los últimos seis años se produjeron 1.253 asesinatos y hubo 53.885 desplazados. Es el periodo de aplicación de la llamada “política de seguridad democrática” del gobierno de Alvaro Uribe.
Al mismo tiempo, la ONIC “recordó que Uribe se abstuvo de firmar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” (Argenpress, 16/10).
Entretanto, prosigue su desarrollo el escándalo por la aparición de once cadáveres de indigentes, asesinados por el ejército entre enero y agosto de este año y presentados luego como si se hubiera tratado de guerrilleros de las FARC. Por ese caso, “la Unidad de Derechos Humanos de la fiscalía colombiana tiene abiertas 750 investigaciones…, en las que ya han sido acusados 180 militares, entre ellos seis coroneles” (Crítica, 18/10).
A todo esto, después de denunciar que el ejército, unidades especiales de la policía y paramilitares “disparan de manera indiscriminada y hay sobrevuelos de helicópteros” en la zona del levantamiento campesino, el dirigente indígena Geliciano Valencia declaró: “Solicitamos a la comunidad nacional e internacional que nos apoye, porque aunque nos sigan atacando… seguiremos resistiendo, nos levantaremos con más fuerza” (Argenpress, 16/10).