Constituyente “a la Maduro”


La única línea política que ha seguido el gobierno chavista de Nicolás Maduro desde que perdiera las elecciones a la Asamblea Nacional ha sido postergar en forma sucesiva el calendario electoral y la realización del referendo revocatorio reclamado por la oposición de la Mesa de Unidad Demorática (MUD). Esto lo convirtió en un gobierno de facto. En los hechos ignora las votaciones del Parlamento; el intento de convertirlo en un adorno presupuestario fue frenado por la fiscal general Luisa Ortega, una chavista hecha y derecha, una decisión que luego ratificó el Consejo de Seguridad Nacional. De este modo, un régimen político que se jactó durante una década por el recurso permanente a los procesos electorales y de su condición plebiscitaria, se pasó al campo contrario de la abstinencia.


 


En este contexto, la decisión de convocar a una Asamblea Constituyente sui generis es otro intento de esquivar las elecciones que ya debieron tener lugar para alcaldes y para gobernadores. Al mismo tiempo, aunque parece un intento de salir del inmovilismo, está reñida con la realidad. Se trata de una Constituyente que se conformaría en un 50 por ciento por representantes de las Misiones y los consejos comunales, de un lado, y por el cuerpo electoral del otro. Los opositores a esta convocatoria, que abarcan numerosos contingentes chavistas, objetan su legitimidad constitucional por otra razón añadida: que requiere, como paso previo, la realización de un referendo convocante. La convocatoria a una Constituyente por parte del presidente de la República es una contradicción insanable, sería una suerte de organismo estatizado  que no pierde ese carácter porque haya conseguido el aval del Poder Electoral, que no es más que una sucursal del Ejecutivo. La fiscal general chavista ha vuelto a ocupar el lugar de opositora a este engendro. Se trata también de una apuesta peligrosa porque, dado el alcance enorme de la desintegración social, se podría convertir, ella misma, en un contrapoder al gobierno.


 


La derecha venezolana e internacional no perdió el tiempo en impugnar la pseudo-Constituyente de Maduro como un organismo “soviético”, porque reserva la mitad del poder constituyente a las llamadas “organizaciones de bases”. La burrada de esta caracterización no tiene paralelo: los soviets surgieron  en 1917  de una revolución, y establecieron enseguida su control sobre las fuerzas armadas. Las misiones y las comunas de una decisión estatal, e incluso como brazo del aparato militar. Los soviets fueron poderes políticos independientes -contrapoder revolucionario-, las criaturas del chavismo no son independientes ni tienen un carácter político. Las misiones fueron desarrolladas por Hugo Chávez como entidades para estatales, para la realización de planes de salud, vivienda, educación, en sustitución de los organismos públicos existentes, lo cual dio lugar al deterioro de éstos y a la corrupción de las primeras en beneficio de sus ‘administradores’. El chavismo ‘puenteó’ al viejo aparato del Estado -ni siquiera intentó su transformación revolucionaria. Con las “comunas” ocurrió lo mismo, pues hicieron su aparición como agentes del aparato estatal nacional contra las gobernaciones e intendencias ganadas por la oposición. Confundir los soviets con una Constituyente estatizada es grotesco.


 


En noviembre de 1917,  el gobierno soviético de Lenin y Trotsky disolvió una Constituyente convocada con anterioridad a la toma del poder por parte de los soviets -o sea antes de la victoria de la Revolución-, debido a la negativa de la Constituyente a reconocer el nuevo poder revolucionario. Constituyó el desenlace de un conflicto entre una revolución largamente desarrollada por los obreros y los campesinos, y una contrarrevolución que ya había intentado levantar cabeza varias veces con anterioridad. El chavismo comparte la caracterización de la oposición, porque cree que enaltece su maniobra, pero simplemente acompaña una farsa.


 


La derecha y el bloque que ha formado con los emigrantes del chavismo (incluida, especialmente, Marea Socialista), opone al engendro constituyente de Maduro el respeto a la Constitución bolivariana vigente, inspirada por Hugo Chávez -es decir un retorno al “status quo” anterior. Es la posición que apoya la OEA y la ‘comunidad internacional’ -incluido Mister Trump. Esto significa ofrecer la salida del ajuste a la inmensa crisis social que sacude al país.


 


Representa, antes que nada, el reconocimiento de las obligaciones contraídas por el gobierno chavista en materia de deuda externa y las asociaciones con el capital extranjero, así como todo el ordenamiento jurídico que encadena a la economía petrolera de Venezuela con las corporaciones extranjeras y la burguesía nacional. Sería el contexto político para reemplazar al chavismo por el macrismo, asociado al chavismo ‘aggiornado’, como ocurre en la Argentina entre el gobierno de Macri, la mayoría del Congreso y la burocracia sindical. La tendencia general de la crisis tendrá una repercusión fundamental en Cuba, pues acelerará las definiciones acerca de un paso más acelerado hacia la privatización de la economía. El esfuerzo del gobierno castrista para mantener el “status quo” en Venezuela está condenado al fracaso.


 


Sin embargo, tampoco la Constituyente trucha de Maduro constituye una ruptura con los contratos existentes; es, al revés, una forma bastarda de continuismo. Lo muestra el hambreamiento al que está sometiendo al pueblo para cumplir con los acreedores y capitalistas internacionales. Quienes ven en la Constituyente trucha una forma de ‘resistencia’ a la ‘restauración conservadora’, simplemente ignoran que se trata de un atajo quedantista que no lleva a ningún lado y una aceleración del derrumbe. La acción de los llamados “colectivos” contra las manifestaciones de la oposición tampoco representa una resistencia, en este caso armada, contra la contrarrevolución, porque esos “colectivos” simplemente operan a la sombra de los militares, como una fuerza paraestatal -una señal inconfundible del agotamiento del régimen chavista-, mientras las fuerzas armadas se preservan como gran árbitro en vistas a encauzar una transición que se revela inexorable.


 


Las sucesivas deserciones del chavismo están configurando un bloque político con la oposición que pretende operar o funcionar como Junta Consultiva de un gobierno de transición cívico-militar. Es la base de un golpe, en oposición a los sucesivos ‘autogolpes’ del madurismo. Se discierne, en las últimas semanas, una tendencia, en el oficialismo, a aislar al tándem más abroquelado, que sería la facción que conduce Diosdado Cabello y, por otro lado, la extensión de las peleas callejeras a nuevos estados -Zulia, Carabobo-, y a sectores más empobrecidos. Incluso se han producido saqueos a comercios amparados por la Guardia Nacional, que tendría la intención de recurrir a la ley Marcial. Esto pondría en el centro de la crisis a las Fuerzas Armadas, algo a lo que se han resistido a hacer, incluso en 2002, cuando por ese motivo repusieron (las unidades de paracaidistas) a Hugo Chávez en el gobierno.


 


En Venezuela es necesario constituir un bloque obrero y de izquierda independiente de los dos bloques capitalistas que dominan el escenario de la crisis. El derrumbe ostensible del gobierno es apenas la primera etapa de una crisis de desarrollo mucho más prolongada, que servirá al pueblo como experiencia política y que producirá el agotamiento político de las fuerzas burguesas y pequeño burguesas en presencia. La base irrevocable de la crisis venezolana es la crisis mundial -no hay más lugar para una Venezuela petrolera. La decadencia mundial obliga a una reestructuración histórica de la sociedad venezolana y de toda América Latina, incompatible con el orden capitalista y con las fuerzas políticas en presencia.