11/04/1995 | 443

Crece la intervención yanqui en el Altiplano

El gobierno boliviano ha comenzado a llevar a cabo un plan de erradicación de las plantaciones de coca. En caso de que los campesinos lo acepten, pagará 2.500 dólares por cada hectárea de sembradíos destruidos; en caso de que no lo acepten, recurrirá a la fuerza.


La premura con que el gobierno de Sánchez de Losada ha encarado la erradicación de la coca se debe a la presión norteamericana, que exige destruir 1.750 hectáreas de plantaciones cocaleras antes del 30 de junio y 5.400 antes de fines de año. En caso de que no se cumplan estos objetivos, EE.UU. “des-certificará” a Bolivia, lo que significa el cierre del acceso boliviano a los créditos de los organismos internacionales —el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Entre los “esfuerzos adicionales” que deberá cumplir Bolivia para recibir la “certificación” norteamericana se encuentra la aprobación de un nuevo tratado de extradición –“que, según el Canciller de la República, intenta sobrepasar el ordenamiento legal vigente al proponer una suerte de secuestro de bolivianos acusados —no sentenciados— de determinados delitos” (Presencia, 31/3)– y aun la anulación del siempre sacrosanto “secreto bancario” en Bolivia.


El imperialismo norteamericano también amenaza con la adopción de medidas militares unilaterales. Sin ser desmentido ni reprobado por ningún miembro del gobierno o del congreso norteamericano, el representante republicano Dan Burton acaba de exigir el bombardeo unilateral con armas químicas de los campos cocaleros de Bolivia, Perú y Colombia … y de los campesinos que viven en ellos. La intervención militar norteamericana, sin embargo, ya existe: aviones de la DEA –la agencia norteamericana encargada de la lucha contra el narcotráfico– “monitorean” los campos bolivianos para detectar los sembradíos de coca y evitar el “re-sembrado” de los cultivos erradicados. “Bolivia –resume Presencia (2/4)– se halla sumida hoy a la presión externa más fuerte que se haya producido en las últimas décadas. Por primera vez, el peligro de un bloqueo económico y –en extremo– de una invasión al país por parte de los Estados Unidos, aparecen en la agenda nacional”.


Las organizaciones de campesinos afectados han rechazado la erradicación y han anunciado la realización de marchas, manifestaciones y cortes de rutas (que ya han comenzado) y la formación de comités de autodefensa para “enfrentar –según declaró un dirigente de la Federación Especial de Campesinos del Trópico (Presencia, 3/4)– cualquier provocación”. A mediados del año pasado, los campesinos cocaleros realizaron una masiva manifestación de protesta hacia La Paz que paralizó, en aquel momento, los planes de erradicación. No es la primera vez que Bolivia emprende, bajo la presión norteamericana, la erradicación de la coca. Bajo el gobierno de Paz Zamora fueron erradicadas 27.000 hectáreas … ¡pero se volvieron a replantar 33.000!


La erradicación fracasó porque, como sostienen dos especialistas, “el problema de los cultivos de coca no tiene que ver en absoluto con represión policial o militar sino con los niveles de pobreza existentes en el país y que obligan a la población a cultivar coca como medio de subsistencia” (Presencia, 2/4). Detrás de las presiones para la erradicación de las plantaciones de coca se busca la militarización de los países latinoamericanos.

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