Es un lugar común que la situación económica cubana sigue siendo muy crítica.

Entre 1989 y 1995, la producción se contrajo en un 30% y las importaciones en un 45%. La legalización del curso del dólar (en 1993), la autorización de los ‘mercados libres’ (donde las cooperativas agrícolas pueden vender libremente su producción), la autorización del ‘cuentapropismo’ y las inversiones externas lograron frenar la caída de la producción y revalorizar el peso frente al dólar. En 1996, la producción creció un 7,8% y el valor del dólar en el‘mercado negro’ cayó de 120 a 25 pesos cubanos.

Pero la libre circulación del dólar provocó un “profundo fenómeno de estratificación” y una “mercantilización a ultranza de las relaciones sociales”. El “nivel de vida de los cubanos ha pasado a depender del tipo de moneda que se tenga en el bolsillo” (Le Monde, 17/1). El economista cubano Julio Carranza afirma que apenas el 20% de la población tiene acceso sistemático al dólar (La Nación, 25/1). Si se considera que, ya en 1995, el volumen de bienes que se comerciaban en la ‘economía dolarizada’ era equivalente al comerciado en pesos (Janette Habel,Problemes de Amerique Latine, abril/junio de 1995), salta a la vista que la aparición del ‘camarada dólar’ ha provocado una brutal diferenciación social y una fenomenal concentración de la riqueza social. Todo esto sin contar, claro, que el Banco Central cubano ha perdido el control de la política monetaria, ya que sólo responde por la mitad del dinero en circulación en la isla.

La recuperación de la producción se ha detenido, en 1997, como consecuencia de la obsolescencia del parque industrial, del agotamiento de las tierras dedicadas a la producción azucarera y de la asfixia financiera por parte del imperialismo yanqui y europeo (deuda externa).

¿Qué ha dejado la política de promoción del turismo? “El objetivo de pasar de 1,2 millón de turistas (en 1997) a 2 millones (en el 2000) enfrenta numerosos problemas: el sector turístico es una colosal bomba de succión de las importaciones (en equipos y agroalimentarios)” (Le Monde, 23/1). Los dólares que entran por un lado se van por el otro, con el agravante de que los beneficios deben ser compartidos con los socios extranjeros. En consecuencia, al Estado cubano “cada dólar de ingreso neto por el turismo le cuesta un 40% más caro que en la industria azucarera” (ídem).

Las empresas estatales están recurriendo a “ajustes ‘capitalistas’” (ídem). El ya citado Julio Carranza plantea la urgencia de “liberar a esas empresas de la fuerza de trabajo excedente”, que estima en un millón de trabajadores (La Nación, 25/1).

“La desigualdad creciente, el desempleo y la pérdida de conquistas” (Janette Habel, op.cit.) plantean un choque con los trabajadores. Esto explica el énfasis del último Congreso del PC sobre la “disciplina laboral” y la virtual militarización de la principal industria cubana. El general Ulises Rosales, el ‘nº 2’ del Ejército, ha sido designado ministro del azúcar con el mandato de cortar los subsidios y cerrar las plantas procesadoras ineficientes, aun cuando éstas “sustentan comunidades rurales enteras” (Financial Times, 5/12).

Un antecedente de la tensión creciente entre los trabajadores y la burocracia estatal es lo ocurrido en los”parlamentos obreros” –asambleas de fábrica o barrio– que el PC realizó en 1994. “Convocados para aprobar la racionalización de personal, la lucha contra el ausentismo, el cierre de las empresas no rentables, la cotización al seguro social y el aumento de los precios, los trabajadores rechazaron estos planteos, fueron muy críticos de la gestión (burocrática) de las empresas del Estado y reclamaron el pago de los salarios, al menos parcialmente, en dólares” (Janette Habel, op.cit.).

La cuestión del régimen político

Pero, mientras desarrolla una política que impulsa una profunda diferenciación social y una no menos profunda concentración de la riqueza social, de la cual ella misma es beneficiaria, la burocracia cubana impide a los trabajadores defenderse de los capitalistas extranjeros, de la dolarización y de los despidos, es decir, mediante sindicatos, partidos, organizaciones independientes.

En lugar de promover la alianza entre los obreros y la pequeña producción, la burocracia del Estado pretende que actúa como árbitro entre el gran capital y los trabajadores. Pero la agudización de la crisis zapa cada vez más esta función.