El último jueves, más de 150.000 personas se movilizaron en Santiago exigiendo una mejora en la educación pública de Chile. La cantidad de manifestantes la convirtió en la mayor de las últimas décadas. El récord de movilización se superó tres veces seguidas en el último mes.

La lucha es contra el modelo educativo privatista implementado bajo la dictadura de Pinochet, el cual fue defendido y profundizado por todos los gobiernos que lo sucedieron. Estudiantes y docentes exigen un mayor aporte estatal a la educación pública, que hoy es del 4% del PBI (la Unesco recomienda 7%), junto a la gratuidad del boleto estudiantil y una mejor infraestructura de los colegios. Los estudiantes universitarios, además, reclaman reformar el sistema de créditos privados para financiar la educación superior, mayormente privada. Desde hace semanas se encuentran tomados más de 200 colegios y una treintena de universidades, lo que llevó al gobierno a adelantar las vacaciones de invierno en los establecimientos ocupados.

El ministro de Educación, Lavín, acusó de “politización” al movimiento estudiantil, esto por la inclusión de otros gremios como el de los trabajadores públicos y de la salud. “Se empezaron a pedir cosas que están fuera de mi ámbito, renacionalización de riquezas básicas, asamblea constituyente, cambios en las regalías (mineras)”. La preocupación del gobierno pone de manifiesto la potencialidad de esta lucha, como lo confirma la decisión del sindicato Codelco de declarar un paro nacional del cobre el próximo 11 de julio, cuando se cumple un aniversario de la nacionalización de la industria por parte de Salvador Allende.

Chile, por otra parte, no es un oasis en la crisis mundial: se encuentra en medio de una crisis financiera que podría rivalizar con la que se desató en Chile en 1982.

La deuda de los hogares chilenos casi se duplicó en la última década por el incremento del uso de tarjetas de crédito -las que ofrecen un amplio sistema de cuotas para la compra de bienes, pero cobran elevados intereses que terminan asfixiando a las familias. El escándalo financiero de la cadena minorista La Polar -que reprogramó las deudas de sus clientes morosos sin consultarles- puso el foco en ese elevado nivel de hipotecamiento de los hogares, que alcanzó los 62.500 millones de dólares en 2009, un 39% del PBI de Chile, casi 4.000 dólares por habitante (Ambito Financiero, 29/6), que afecta a ocho de cada 10 hogares chilenos.

Estimulados por una baja en el precio de los productos importados y la inflación, las cadenas minoristas se lanzaron a una ‘fidelización’ de clientes con base en un endeudamiento de ellas mismas con bancos y financieras (con la garantía de las tarjetas de crédito). El ‘modelo’ se aplica en Perú, Argentina y Colombia, pero florece más que nada en Brasil; o sea que la devaluación del dólar ha precipitado una pirámide financiera que estallará a corto plazo, como ya ocurrió en Estados Unidos y en Europa. Las tarjetas de crédito pasaron de 89.000 en 2001 a más de 20 millones en 2009, unas cuatro tarjetas por hogar. Las tarjetas, que se consiguen sólo presentando la cédula de identidad, se entregan a estudiantes y amas de casa sin necesidad de acreditar ingresos y con los intereses más altos del mercado (50% de interés corriente al año, según Conadecus). Pero los ingresos de las familias apenas aumentan, precisamente porque la crisis mundial fuerza a un ajuste laboral para sobrevivir a la competencia.

El desempleo en Chile fue del 7,2% en el trimestre móvil marzo-mayo. El Ministerio de Planificación reveló que unas 500 mil personas se volvieron pobres tras el terremoto de marzo de 2010. La cifra aumentó de un 15,1 al 19,4%.

Las movilizaciones de masas en Chile son atizadas por la descomposición de un régimen social que agrava a pasos acelerados las condiciones de vida de las masas. La crisis financiera en curso en Chile es apenas la punta de un iceberg.