Crisis política en Chile

La bancarrota de los privatizadores de la educación

Las acusaciones de corrupción al interior de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) del sistema universitario chileno, las que involucran a dos ex rectores y dueños de universidades privadas, no son un hecho aislado. Son la manifestación de la gran crisis de la educación superior en Chile y de los vínculos existentes entre grandes grupos económicos, grupos religiosos y personeros de los gobiernos -tanto de la Concertación como de la derecha. Han encontrado en este "mercado bullente" una forma rápida de llenar sus bolsillos a costa de los salarios de las familias de clase media y de los sectores proletarios, vaciando en pocos años millonarias sumas del Estado. Hoy se presenta una nueva oportunidad para el movimiento estudiantil, donde la demanda de educación pública y gratuita exige -más que nunca- la independencia política frente a las alternativas capitalistas.


Luis Eugenio Díaz: de "militante" a mano derecha de los capitalistas


La bancarrota de la CNA es hoy la máxima expresión de cómo el indiscriminado afán de lucro sobrepasó todos los limites del sistema de educación chileno. Hoy se encuentra en prisión Luis Eugenio Díaz, acusado de los delitos de cohecho y lavado de dinero mientras fue presidente de la CNA entre los años 2010 y 2012. Se lo acusa de haber recibido por lo menos 209 millones de pesos por "asesorías" a varias universidades con sus acreditaciones en trámite. Díaz es un ex -demócrata cristiano, uno de los fundadores de la Izquierda Cristiana (IC), defensor de los derechos humanos, incluso ha sido un torturado político en los años de dictadura militar. Este es el fiel reflejo de la descomposición política de los partidos tradicionales en el país. Junto con él, se encuentran en prisión los ex rectores y dueños de las universidades Del Mar y Pedro de Valdivia.


El reventón de la CNA y el lucro que no para


Desde su creación bajo el gobierno de Bachelet, la CNA sólo ha cumplido un rol en el sistema educativo chileno: garantizar que las nueva universidades privadas creadas en los años '80 y '90 puedan ser rentables, aumentando sus ganancias con los créditos con aval del Estado (los usureros CAE) y otros beneficios estatales. Sólo las universidades acreditadas gozaban de este beneficio. Ello, sumado a las irregularidades en torno a sus altas tasas de interés y cómo, mediante este mecanismo, se bajaron considerablemente los aportes fiscales directos (AFD) a las universidades públicas y se consolidó a grandes grupos económicos -tanto nacionales como extranjeros- en un gran negocio a costa del endeudamiento y las paupérrimas condiciones de vida de los hijos de trabajadoras y trabajadores. Muchos de ellos, estudiando y trabajando, lo hacen con deudas impuestas a más de treinta años. Entre los beneficiados por estos recursos, se encuentran -sólo por nombrar algunos- los grupos económicos yanquis "Apolo" (UNIACC) y "Laurete" (Udla, U. Andrés Bello, U. Viña del Mar), los españoles de grupo SEK (U.SEK), los dueños de Agrosuper (U. de Aconcagua), militantes ligados a la UDI (U. del Desarrollo) e incluso militantes ligados al PC (ARCIS). Todos, desde burgueses a progresistas, han guardado silencio por años frente a estas estafas promovidas por los últimos cinco gobiernos.


La bancarrota de la CNA nos pone un desafío tremendo por delante. Frente a la crisis de la educación y la crisis política que enfrenta el país, es necesario levantar una alternativa que nos encamine hacia la educación pública y gratuita, la cual avance hacia una educación que asegure la generación del conocimiento y la técnica al servicio de la clase trabajadora y el país -y no como mina de oro para la ganancia capitalista.


La educación en Chile "no tiene sentido"


En momentos donde las demandas estudiantiles sólo han recibido represión y más privatización con las nuevas leyes en curso (ver "De la crisis política y el presupuesto 2013 – oct. 2012" en http://tendenciajuventudrevolucionaria.blogspot.com), vemos como el "sentido" de la educación superior en Chile se desmorona. La CNA, encargada de acreditar "la calidad" de las universidades y carreras, sólo demostró estar al servicio de la privatización de la educación y de los intereses capitalistas de la burguesía chilena y extranjera. Todos los proyectos de ley que venían asociados al presupuesto educativo 2013 son un complemento de este sistema de acreditación. Las tibias críticas de los dirigentes de la Confech no han estado a la altura de los hechos -incluso la CNA está compuesta por 15 miembros, donde dos son parte de la Confech, los cuales nadie conoce y aún guardan silencio. La crisis política ha calado tan hondo que incluso el ministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI) afirmó que el sistema de acreditación de la educación superior "colapsó" y que es necesario recuperar la fe pública del mismo (Biobio Chile, 16/12). Se buscará una salida rápida y sin polémica, vía una "ley de superintendencia de educación" -un parche "fiscalizador" a un sistema educativo que necesita una transformación estructural. Se buscará ocultar la vinculación de personas ligadas a los gobiernos, como ya ha sucedido con el ministro de Justicia Teodoro Ribera (RN), otro renunciante, además de la búsqueda de un consenso con la "oposición". En la primera fila de estos acuerdos está el PC, con la perspectiva de sostener los pactos políticos para las elecciones de diputados del año próximo. Camilo Ballesteros (ex Federación de Estudiantes Usach y hoy precandidato a diputado por el PC) no esconde la vinculación de su partido con la Concertación, declarando que los proyectos de su partido "no son proyectos individuales, a nosotros lo que nos interesa es aportar al colectivo de la oposición" (radio ADN, 15/12).


Una nueva oportunidad para el movimiento estudiantil: primer paso, la independencia política


Es en estos momentos, en los que los estudiantes tanto de liceos como de universidades, deben reforzar sus organizaciones y direcciones, reconociendo y denunciando a sus enemigos con una sola posición: la independencia política de los centros de estudiantes, tanto de liceos como de universidades, frente a los rectores y los gobiernos de turno. Solo así podremos defendernos y organizarnos bajo nuestros métodos de acción directa y levantar la lucha por cogobiernos que permitan a los estudiantes tomar parte en las decisiones y organización de sus establecimientos, así como la coordinación nacional de las organizaciones estudiantes, la clase obrera y los trabajadores en lucha por una educación publica y gratuita, donde la educación se desarrolle según los intereses de la clase obrera y los trabajadores. Este es el momento donde la organización política de base de los estudiantes y el papel destacado que deben jugar las dirigencias clasistas tienen que multiplicarse para lograr una organización socialista de la juventud junto a los trabajadores, en la lucha por una sociedad que se reorganice bajo nuevas bases.