A numerosos castristas y chavistas no les gustó nada que las páginas de Prensa Obrera rechazaran el desproporcionado ensañamiento del gobierno de Cuba con los presos políticos de la isla –sean contrarrevolucionarios o no, o sean o no considerados como tales presos políticos por las autoridades. Una cosa es el derecho de defensa de un régimen revolucionario en el marco de una guerra civil (cuando se justifican las medidas excepcionales, aunque tampoco en ese caso el ensañamiento); otra cosa es el respeto por los derechos individuales al que está obligado un régimen establecido. No fuimos los únicos en sostener esta posición en el campo de la izquierda, con independencia que las intenciones de cada uno no fueran las mismas: la mayor parte de las protestas apuntan al objetivo de que Cuba se convierta en una democracia burguesa; el nuestro a que se expulse a la burocracia, a que la propiedad sea realmente social y para que se instale una democracia obrera, una democracia de productores.

Lo que no hemos conseguido quienes reclamamos desde la izquierda, el gobierno de Cuba se lo va a conceder a la Iglesia. Según coincide la prensa mundial –y en forma parcial el diario Gramma– esos presos serían trasladados a cárceles de sus provincias, otros recibirían tratamiento en hospitales y algunos serían liberados. Raúl Castro lo habría negociado con la jerarquía clerical durante una reunión que duró nada menos que cuatro horas. Una interpretación literal sería que el régimen cubano tiene mayor campo de coincidencias con los curas que con la izquierda internacional. Otra explicación, adicional, es que se negoció un toma y  daca: los términos de las concesiones del gobierno son insignificantes, a cambio de lo cual el clero se compromete con la ‘gobernabilidad’ de Cuba en un período aún más difícil que el que sobrevino a la disolución de la URSS. El clero pasa a ser parte de la “transición” o de la llamada “etapa de cambios”. No llega a ser una alianza política, pero es un compromiso.

Los castro-chavistas continentales han quedado desairados. Les ocurre lo que la ya les había pasado a los ‘amigos de la URSS’: sólo ellos, no los funcionarios, creían en la propaganda oficial. La historia se repite en forma aún más bochornosa. No hace falta explicar a la izquierda que un compromiso con la Iglesia es un compromiso con el imperialismo. Si no pregúntenle a la burocracia stalinista de Polonia.

La Iglesia goza en Cuba de derechos o privilegios que no le son reconocidos a ninguna oposición de izquierda; por ejemplo, tiene prensa propia y desarrolla su propaganda desde el púlpito y muchas veces la televisión. El Papa Juan Pablo II pudo arengar ‘urbi et orbi’ en suelo cubano. O sea que la Iglesia no sería contrarrevolucionaria. Existe la pluralidad en lo relativo a lo confesional, pero en política sólo vale el partido único, incluso si la oposición es de izquierda. Privilegiar la interlocución con la Iglesia y negar a la izquierda que disiente con el gobierno a formar su propio partido constituye una medida que prepara políticamente la restauración del capitalismo. Esta restauración se encuentra en marcha, no en la formalidad de los acuerdos de inversiones con capitales extranjeros que, en línea de conveniencia, pudieran servir para desarrollar las estancadas fuerzas productivas de la isla, sino en el aprovechamiento que hace la burocracia de esas relaciones con el capital para asentar su derecho a la propiedad. La corrupción rampante de altísimas autoridades de gobierno tienen todas el sello de la tendencia de la burocracia a convertirse en capitalista. El ex vicepresidente Lage o el ex ministro Roqué son un ejemplo; hace poco se suicidó un acusado de corrupción que estaba vinculado a inversiones extranjeras piloteadas por un ex guerrillero chileno, ampliamente afín al régimen.

Las condenas por tribunales que no son públicas y las penas desorbitadas juegan un rol intimidatorio contra la disidencia popular, para que no se convierta en una alternativa de izquierda, socialista al ostensible impasse del régimen. Al protestar contra la arbitrariedad del Estado estamos defendiendo las posibilidades de organización independiente de los sindicatos y de una oposición socialista e internacionalista. No es una posición que adoptamos hoy; lo hacemos desde 1964, cuando defendimos al poeta Heberto Padilla y publicamos sus poemas contestatarios en el periódico Política Obrera.

En definitiva, ningún acuerdo con el clero contrarrevolucionario. Juicios públicos y por jurados. Libertad de organización política y sindical. Expulsión de la burocracia del poder y de las empresas; control obrero.