Cuando un monarca devaluado de una ex potencia colonial y genocida agravia a un Presidente latinoamericano que cuenta con el apoyo de enormes mayorías, lo primero que hay que preguntarse es cómo se ha llegado a esto. La respuesta es muy sencilla: la Cumbre Iberoamericana es un foro que representa la sujeción de América Latina a los monopolios españoles, que en realidad son los testaferros de los fondos de inversiones de los Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Qué sentido tiene hablar del ideario de Bolívar y aceptar la injerencia política de un Estado que representa los intereses de conjunto del imperialismo mundial? La cumbre reciente, en particular, fue armada entre el gobierno chileno, que es una sucursal de los monopolios de servicios españoles, y la Fundación Carolina, que responde a la patronal hispana y al derechista Aznar. Sin embargo, diez días después del entrevero ningún mandatario ‘nacional y popular’ había levantado la posibilidad de clausurar esta cumbre para siempre. ‘Nuestro’ matrimonio, en Santiago de Chile, ni siquiera recordó que España se puso del lado británico en la guerra de Malvinas. La indignación ante la desfachatez del reyezuelo Borbón no debe servir para ocultar la responsabilidad política, mucho más fundamental, de los jefes políticos nacionalistas. La Cumbre Iberoamericana es una expresión política de la dominación del capital español (en realidad angloyanqui) en América Latina.

Crisis

El desboque del reyezuelo tiene que ver, precisamente, con la crisis que enfrentan los pulpos españoles en América Latina, como manifestación de una crisis de conjunto que tuvo su expresión en bancarrotas financieras y levantamientos populares.

Gerardo Díaz Ferrán, cabeza del grupo Marsans (Aerolíneas) y de la central empresaria española (CEOE) había expresado, al inicio de la cumbre, su “preocupación por la inseguridad jurídica que existe en Venezuela, Bolivia y Ecuador” (El País, 10/11). Un día antes de los incidentes, el mismo diario advertía también la “preocupación” de los empresarios españoles por las “duras críticas” efectuadas por estos países. Desde la nacionalización petrolera en Bolivia a la cuestión de las tarifas e inversiones en Argentina, todo el régimen de penetración del capital español se encuentra en jaque. Repsol ya planteó la decisión de una retirada de América Latina.

El incidente pone en evidencia que existe una crisis con las inversiones españolas en América latina; está en curso una disputa entre las empresas y los gobiernos sobre sus modalidades de operación.

En Argentina, también está en disputa la situación de Aerolíneas, lo cual hizo muy oportuna la observación de Chávez acerca de la responsabilidad de los españoles en el vaciamiento de la venezolana Viasa. El aumento de las retenciones a las exportaciones de petróleo que acaba de aprobar Kirchner tiene en parte la intención de evitar una valorización de Repsol, en momentos en que se está discutiendo la ‘argentinización’ parcial de su capital.

En Bolivia, las disputas con Repsol no están cerradas; tampoco en Ecuador. Repsol fue acusada de utilizar los beneficios obtenidos en América Latina para invertir en Libia. En Nicaragua, el gobierno está en disputa con la eléctrica Unión Fenosa.

La crisis más aguda tiene lugar en la propia Venezuela. La central empresaria española respaldó el golpe de 2002 y se opone a la reforma constitucional que impulsa Chávez con la excusa de que atenta contra la “seguridad jurídica”. El documento presentado por la CEOE en la Cumbre señala que “la propiedad privada es el punto angular del desarrollo económico” (La Nación, 14/11), en un rechazo a la injerencia del Estado.

Los diarios han señalado la existencia de un bloque latinoamericano alineado con España (por ejemplo, Chile, Perú y El Salvador). Pero también parecen delinearse dos bloques entre las empresas españolas; mientras el presidente de Repsol, en una posición más débil, “llamó a la serenidad” y definió el incidente como “un pequeño contratiempo” (La Nación, 14/11); Díaz Ferrán declaró, en cambio, en una clara extorsión, que “al final, las empresas españolas se tienen que ir de Iberoamérica” (ídem).

La disputa traduce una división de la burguesía española: los “populares” de Aznar y Rajoy siguen alineados con los yanquis, en tanto Zapatero representa a los intereses ‘europíestas’.

Los presidentes que calificaron a las empresas españolas como “carroñeras”, “neocolonialistas” y hasta “mafiosas”, deberían sacar las conclusiones correspondientes. Pero después del incidente, Chávez declaró que “no quiere que se afecten las relaciones con España”, y Kirchner recibió a Zapatero en Olivos para discutir de tarifas, Aerolíneas y Repsol. 500 años no es nada.

La Cumbre ha servido para dejar en evidencia la inviabilidad de la presencia del capital español en América Latina, cuyos términos son incompatibles con las condiciones creadas por la crisis ‘neoliberal’ de los últimos años, y los levantamientos populares que le siguieron.