Evo Morales sufrió una seria derrota política en las elecciones celebradas en Bolivia el último fin de semana. Con el 53% de los votos para la Constituyente (el mismo porcentaje que en la presidencial de diciembre) el MAS no obtuvo los dos tercios necesarios (170 constituyentes) para imponer reformas constitucionales sin recurrir a acuerdos con la derecha. O sea que ésta consiguió el derecho al veto. La exigencia de una mayoría calificada para reformar la Constitución fue el resultado de un acuerdo de Evo Morales con la derecha. Evo Morales ha perdido de este modo la capacidad para usar la Constituyente como una herramienta para contener las presiones de las masas populares.

 

En el referéndum autonómico, el golpe contra el gobierno fue aun mayor, porque el “sí” a las autonomías, impulsado por la derecha y las oligarquías regionales, se impuso en los departamentos que la reclamaron, del oriente y el sur (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), en el marco también de un acuerdo previo con Evo Morales. En estas condiciones, el voto mayoritario contra las autonomías en el conjunto del país ha abierto una crisis política cuando la Constituyente aún no ha tenido tiempo de reunirse. Si ésta desconociera la voluntad de los departamentos favorables al “sí”, toda la crisis boliviana volvería al punto de partida previo a la llegada de Morales a la presidencia. Lo que deja más claramente en evidencia esta crisis, es la espectacular voltereta de Evo Morales, que defendió el “sí” a las autonomías durante dos meses, luego de haberla pactado con la oligarquía oriental, para pasar en forma brusca a reclamar el rechazo a las autonomías sólo dos semanas antes de los comicios.

 

Anomalías

 

La Constituyente boliviana nace surcada por violentas anomalías. Convocada para “refundar Bolivia” fue concretada por medio un acuerdo con la derecha, que representa al imperialismo, tanto en lo relativo a su representatividad (mayoría de dos tercios), como a una definición de las autonomías con antelación a la Constituyente.

 

“El pacto que alumbra la convocatoria de la Constituyente, entre el gobierno y el MAS, de un lado, y la oligarquía cruceña y el derechista Podemos, del otro (…) —decía una artículo de Altamira en El Obrero Internacional (marzo del 2006)—, da lugar a (…) aun Constituyente condicionada (…) el sistema electoral aprobado en el pacto, que desecha el distrito nacional único y establece un sistema mixto que divide a la elección de la representación popular en 70 distritos y nueve departamentos; en los distritos se eligen tres representantes, dos por la mayoría y uno por la minoría —lo cual elimina la representación proporcional y por lo tanto la representación de una gran parte de la ciudadanía y de numerosas tendencias políticas; en los departamentos, a la mayoría se le asignan dos bancas de cinco y una a las tres minorías siguientes. Este ‘sistema’ asegura a la derecha una representación mínima del 30%, o sea que le otorga una sobre-representación, que la deja a sólo tres puntos del número de votos necesario (un tercio) para bloquear las reformas que no le convengan”.

 

Una anomalía todavía mayor presenta el referéndum autonómico. La autonomía es un reclamo de la oligarquía, para ejercer una soberanía propia sobre los recursos petroleros de la región y para enfrentar la movilización de los trabajadores sin tierra contra los grandes latifundios y contra la expulsión de los campesinos de sus tierras. El pacto convocó a los referendos autonómicos con carácter vinculante, es decir, que es de cumplimiento obligatorio por la Constituyente. Sin embargo, el rechazo a las autonomías en la mayoría de los departamentos crea una situación constitucional incoherente —donde una parte del Estado tiene un carácter centralista y el otro un carácter federal o parcialmente federal.

 

De nuevo, hace tres meses, Altamira anticipaba en El Obrero Internacional, que “El pacto le retira a la Constituyente y al conjunto de la nación boliviana la atribución de decidir sobre las autonomías departamentales, que serán resueltas por un referendo independiente de cada departamento, con carácter de vinculante para los constituyentes en su conjunto. Se da así la contradicción, que los pactistas encuentran totalmente tolerable, de que la Asamblea Constitucional se convoque en el marco de la Constitución política vigente del Estado, que tiene un carácter unitario, mientras el referendo tiene lugar violentando esa constitución política, pues otorga una soberanía constitucional a los departamentos, que le retira a la ciudadanía tomada en su conjunto”. Evo Morales creyó que superaba esta contradicción con el llamado a apoyar las autonomías en todo el país. Sin embargo, sobre el filo de las elecciones le quedó en claro que había otorgado a la oligarquía una concesión que serruchaba seriamente su capacidad autónoma de gobierno y por lo tanto su capacidad para operar frente a la presión popular. Con el llamado a votar por el “no”, a último momento, dejó abiertas todas las contradicciones, que ahora deberán reconciliarse en el marco de una Constituyente donde la derecha y lo autonomistas tienen un poder de veto.

 

La posibilidad de que se le otorgue la autonomía a los departamentos que votaron por el “sí”, con independencia de lo decidido por los departamentos que optaron por el “no”, lo ha planteado abiertamente el jefe departamental de Santa Cruz de la Sierra. Pero esto es algo que va en completa contradicción con la existencia de una constitución nacional (que debe asegurar la coherencia institucional entre los diferentes departamentos del país). La Constituyente deberá reglamentar la autonomía, incluso para los que votaron en contra de ella, o deberá mantener el carácter unitario del Estado, lo que supone un choque frontal con la oligarquía y los agentes del capital financiero.

 

Contradicciones

 

Los resultados le otorgaron a la derecha el poder de veto que ya estaba previsto, insistimos, en el acuerdo de Morales con la oligarquía, que viabilizó la convocatoria de la Constituyente, por parte del Congreso boliviano. Pero la capitulación ante la derecha priva a Evo Morales de la autonomía política necesaria para contener las presiones de las masas que lo llevaron al gobierno.

 

Los comentaristas coinciden en que, de acuerdo a estos resultados, el MAS deberá llegar a acuerdos con la derecha en la Constituyente. Pero al pactar con la derecha y la oligarquía —es decir, al verse obligado a retroceder, incluso parcialmente, de su propio programa limitado a nacionalizaciones capitalistas y a la distribución de las tierras fiscales sin afectar el latifundio. Morales pierde una autonomía política absolutamente necesaria para cualquier régimen que quiera gobernar a Bolivia en las condiciones actuales. Desde mucho antes de su llegada al poder, el control del movimiento de las masas fue la principal preocupación de Evo Morales. Pero lo que le permitía jugar ese papel de control político —vital para la burguesía, por ejemplo, en las jornadas que provocaron la caída de Mesa y el desvío electoral— era su diferenciación política con los “neoliberales”. La necesidad de pactar con ellos en la Constituyente va a diluir esa diferenciación, objetivamente, en términos de poder, no solamente a los ojos de los propios explotados.

 

El reconocimiento, por parte del mismo Evo Morales y del MAS, de la importancia de conservar una autonomía política real, frente a la oligarquía, de un lado, y las masas, del otro, salta a la vista en el giro que dio sobre la cuestión autonómica, cuando a último momento trató de dar marcha atrás, parcialmente, en su pacto constitucional con la oligarquía, llamando a votar por el “no” a las autonomías, dos semanas antes de las elecciones. Inicialmente, Evo no sólo concertó con la derecha y la oligarquía la convocatoria de los referéndums; además llamó a votar por “sí” a la autonomía. Lo hizo ante el crecimiento del voto popular por el “no” en las bases sociales del MAS. Pero las contradicciones políticas son tan patentes que el vice-presidente de Morales se declaró “neutral”.

 

Para viabilizar un pacto con la derecha en la Constituyente son necesarias, sin embargo, determinadas condiciones políticas. La primera, un acuerdo internacional que unifique a los gobiernos latinoamericanos en el apoyo a este pacto y, en estas condiciones, a Evo Morales, que sigue siendo insustituible para el conjunto de la clase dominante y para su Estado. Esto significa el apoyo de los Repsol y los Petrobras al conjunto del actual proceso político. La segunda condición es que Evo Morales consiga imponer un reflujo a las masas, para lo cual usará y abusará del argumento de que la ‘gobernabilidad’ depende de los acuerdos con la oposición, llevándolos a aceptar pasivamente las limitaciones que la derecha en la Constituyente pondrá a cada una de sus reivindicaciones.

 

La Constituyente está surcada de contradicciones. ¿Qué va a hacer con la autonomía? ¿Dársela a los departamentos que la rechazan o negársela a los que la reclaman? ¿Dársela a unos y no a otros? “El presidente se adelantó en garantizar el respeto a la decisión de los cuatro departamentos que ingresarán en los regímenes autonómicos que definirá la Constituyente” (La Razón, 3/7). En la cuestión de las autonomías, la crisis es completa.

 

Así, la Constituyente, un instrumento, por definición, de la unidad nacional, ha potenciado todas las contradicciones históricas de Bolivia.

 

Programa

 

El conjunto de estas contradicciones plantea, como otra alternativa, la posibilidad de la disolución de la Constituyente, por una acción de gobierno o por una movilización popular. En lugar de cumplir el objetivo con el que fue convocada —cerrar el proceso político abierto con la insurrección que llevó a la caída de Sánchez de Lozada— la Constituyente acabaría como víctima de una crisis revolucionaria.

 

El conjunto de la crisis plantea, no ignorar una Constituyente que fue electa por una participación sin precedentes, sino orientar de un modo revolucionario las presiones populares hacia la Constituyente. Sobre la base de las reivindicaciones por la nacionalización sin pago y bajo control obrero de todos los recursos, incluido El Mutún, la expropiación de los latifundios y la solución de los problemas inmediatos del trabajo y el salario, habrá que aprovechar la impasse del proceso constitucional para formar asambleas populares, comités agrarios, comités fabriles, capaces de convocar con sus propios métodos a una Constituyente que refunde revolucionariamente a Bolivia y sirva al conjunto de la revolución latinoamericana.