La huelga de hambre que llevan desde hace más de 77 días los 35 comuneros mapuches detenidos en varias cárceles chilenas se ha puesto en el centro de la escena política.

Los representantes de los huelguistas mantuvieron una reunión con funcionarios del gobierno con la mediación de la Iglesia, en el marco de un ascenso del conflicto, en el que familiares de los detenidos ocuparon la sede la OIT y de la Cepal (esta última permanece ocupada). Hasta ese momento, Piñera se había negado a recibirlos y subordinaba la negociación a una abstracta “mesa de diálogo por la reconciliación de los pueblos”.

En el encuentro, el gobierno propuso recalificar las querellas contra los huelguistas que se tramitan bajo la ley antiterrorista para someterlas a la ley común, o sea, procesarlos como si fueran delincuentes comunes, algo que fue rechazado por los comuneros.

Luego del fracaso de la reunión, se realizó una masiva manifestación de más de 3.000 personas en apoyo a los comuneros indígenas. Además, se multiplican los “ayunos solidarios” por parte de activistas, personalidades y políticos en apoyo a los comuneros. También hubo manifestaciones de solidaridad en varios países, entre ellos el nuestro, particularmente en las provincias de Neuquén y Río Negro.

Negociación a contrarreloj

La situación de los huelguistas es apremiante. Tras más de dos meses y medio de huelga de hambre, la vida de muchos de ellos comienza a correr peligro.

Varios de los huelguistas fueron absueltos por la justicia en estos días, pero mantienen la medida en solidaridad con sus compañeros.

Los fallos respectivos pintan de cuerpo entero la situación judicial a la que son sometidos los activistas mapuches. El tribunal liberó de cargo a dos hermanos en un juicio que duró solamente tres días, en el que se consideró que no había pruebas suficientes en contra de ellos. De no haber mediado la presión de la huelga de hambre, podrían haber permanecido detenidos en una causa armada que no tenía el más mínimo sustento.

En este marco, la actitud de Piñera, quien calificó el rechazo a la propuesta gubernamental de procesarlos como delincuentes comunes como una posición “intransigente”, es una verdadera provocación.

La única “propuesta” válida que debe y puede realizar el gobierno chileno es la libertad de todos los presos políticos, la derogación de la ley antiterrorista y la desmilitarización de todas las zonas donde se encuentran las comunidades mapuches.