Ecuador: La victoria de Rafael Correa

El referendo constitucional ecuatoriano le ha dado al presidente Rafael Correa una victoria aplastante contra la derecha, aglutinada bajo el comando político de la Iglesia católica. No está claro si el Sí a la nueva Constitución se impuso también en Guayaquil, base de sus opositores.

Al mismo tiempo de su victoria, la pelea de Correa con el pulpo constructor brasileño Odebrecht llegó al punto de ruptura y generó un conflicto con el gobierno de Lula, quien, por supuesto, defiende las estafas cometidas en todas partes por las corporaciones de su país.

La nueva Constitución ecuatoriana no apunta siquiera a promover nacionalizaciones limitadas como en Bolivia o Venezuela. El principal redactor del texto constitucional, Alberto Acosta – hoy distanciado de Correa- , lo dice claramente: “Visto desde lejos, pueden verse similitudes entre Venezuela, Bolivia y Ecuador, pero de cerca no tienen nada que ver” (El País, 29/9).

Sin embargo, curas y “pelucones” (gorilas) saltaron como leche hervida porque sectores clave de la economía – como el petróleo, la minería y las telecomunicaciones, aún sin nacionalizaciones- , quedan sometidos a un mayor control estatal.

La Constitución aprobada el domingo 28 tampoco apunta a solucionar el problema de la propiedad territorial, tarea democrática básica en Ecuador y en toda América Latina. Su artículo 257, al permitir a las comunidades indígenas “conformar circunscripciones territoriales (…) que ejerzan las competencias de un gobierno territorial autónomo”, repite los límites de la Constitución boliviana, que reduce el indigenismo a una formalidad jurídica, pero no toca los latifundios.

Paralelamente, el choque de Correa con Odebrecht adquirió una nueva magnitud, puesto que el gobierno ecuatoriano “ha enviado tropas a tomar las instalaciones del gigante brasileño de la construcción (…) y les ordenó que impidan a sus principales ejecutivos salir del país” (Financial Times, 24/9).

El Presidente ecuatoriano tomó esas medidas “al descubrir fallos estructurales en la central de San Francisco, construida por la empresa brasileña (…) la segunda hidroeléctrica ecuatoriana dejó de funcionar un año después de haber sido entregada, por unos problemas en sus turbinas” (El País, 24/9).

Correa “también dispuso el embargo de todos los bienes, muebles e inmuebles de la constructora (…) y la suspensión de los derechos constitucionales de funcionarios de la compañía” (ídem).

De inmediato, el gobierno de Lula manifestó su respaldo al pulpo que construyó esa porquería en San Francisco: “Estamos dando toda la protección adecuada a una empresa brasileña de gran renombre y con grandes realizaciones en todos los países”, declaró el canciller Celso Amorim (El Cronista Comercial, 25/9).

Correa, por su parte, amenazó con no pagar un préstamo de 200 millones de dólares otorgado por el estatal Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes). Ese crédito está vinculado con las operaciones ecuatorianas de Odebrecht y, según denunció Correa, “tiene grandes irregularidades, es un dinero que se le da a la empresa pero aparece como un préstamo de Brasil a Ecuador” (Ambito Financiero, 25/9).

Entiéndase bien: un banco estatal brasileño le presta dinero a un pulpo empresarial de su país, y el encargado de devolverlo es el Estado ecuatoriano.

Correa reivindica que la nueva Constitución ponga al Banco Central bajo la jurisdicción presidencial, en el entendimiento de que lo sustrae a los grandes intereses financieros. Pero como la moneda ecuatoriana es el dólar, el manejo monetario continúa en manos de la Reserva Federal de los Estados Unidos.